Los trabajadores de la residencia de mayores de Benidorm claman por mejoras salariales: "En el covid héroes, en la vida pobres"

"Sin licitación, mayores olvidados, trabajadores mal pagados". Este es el lema con el que los trabajadores de la Residencia de Mayores y Centro de Día de Benidorm se han concentrado a las puertas del centro este jueves para protestar por su situación laboral y otra pedir a la conselleria de Servicios Sociales, que dirige Susana Camarero, que licite la nueva contrata, caducada desde agosto de 2023.

Con pitos y pancartas han mostrado su descontento con el actual Consell. En los mensajes se podía leer "en el covid héroes, en la vida pobres" o "residencias públicas, no más negocio con nuestros mayores". El contrato de gestión de este centro asistencial caducó en agosto de 2023 y los trabajadores ya avisaron de la situación. Desde entonces han colgado pancartas también en las vallas del centro y han organizado esta protesta que también se ha repetido en otras residencias como la de Elda. 

Los empleados piden la licitación del nuevo servicio ya que, cuando eso llegue, también lo harán las mejoras salariales que llevan pendientes desde hace años. "Con 1.000 euros no se puede vivir", indicaba una trabajadora en la protesta. 

Como explicaron desde el comité de empresa, "nos sentimos abandonados, olvidados por parte de los sindicatos, patronal y conselleria". El contrato actual de gestión de este centro está caducado desde el 1 de septiembre de 2023, por lo que se encuentran en situación de "continuidad de servicio". La empresa que tiene la concesión hasta que haya una nueva licitación, como si se tratara de una prórroga ya que, según explicaron "el último pliego no contemplaba posibilidad de prórroga" pero se trata de un servicio esencial.

La gestión se realiza por medio de licitaciones que publica la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que dirige Susana Camarero. Con el anterior Consell, la conselleria, sindicatos y patronal aprobaron y firmaron "un acuerdo de equiparación con tablas salariales de la Sanidad pública. Algo que tendría que haberse aplicado de manera progresiva en los años 2023, 2024 y 2025, llegando al 100 % en el 2025". Para aplicar estos salarios, "tendrían que haber iniciado un nuevo contrato a través del procedimiento de licitación, pero la conselleria no ha sacado a licitación los nuevos pliegos que estamos esperando todos los centros de la Comunidad Valenciana".

Esta situación "la llevamos arrastrando desde la pasada legislatura, ya que tuvimos bloqueado y denunciado el convenio colectivo durante 8 años (desde el 2015 hasta el 2023), con una subida de un 2 % entre los años 2018 y 2019 solo. Cuando se desbloqueó el convenio en el año 2023 se contempló una subida de salario de un 1 % en el año 2022, otro en el 2023, otro en el 2024 y otro en el 2025, y se contemplan también trienios a partir del 2026. Nada más", explican los trabajadores.

Por todo ello, "los salarios son precarios, bajísimos, nunca hemos tenido plus de antigüedad, las noches se pagan a 9 euros/noche, los domingos no computan como festivos. A día de hoy la media de salario neto es de 1000 euros. Algunos salarios están por debajo del SMI". Una situación que estaría teniendo como consecuencia la "falta de personal para venir a trabajar, para sustituciones, y la fuga (excedencias, renuncias) de profesionales que algunos llevan hasta 20 años trabajando en el centro".

Con todo, las mismas fuentes indican que las "necesidades de los usuarios han cambiado en estos últimos años, el usuario es más dependiente física y cognitivamente y la cantidad de personal que hay es del último pliego de hace 8 o 10 años, pero con este perfil de usuario es necesario ampliar la plantilla y que lo que tendrían que especificar en la nueva licitación también".

La conselleria afirma que es una "situación heredada"

La vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, se ha referido a la situación de las residencias y ha afeado la situación en la que el Botànic dejó las mismas tras ocho años de gobierno: Es de "muy poco sentido común" y de "muy poca coherencia" por parte de la izquierda acudir a Les Corts a criticar la gestión del actual Consell en esta materia.

"Un déficit de 24.000 plazas, una reducción de las plazas públicas y una deuda de 100 millones de euros. Eso sí que ponía en peligro a los trabajadores", ha reprochado Camarero a las diputadas socialistas Sílvia Gómez y Laura Soler, durante el pleno de Les Corts, al tiempo que ha censurado que PSPV y Compromís "dejaron sin pagar 100 millones de euros de enriquecimiento injusto" en las residencias, lo que provocó que "muchas entidades y centros tuvieran grandes dificultades para pagar a sus trabajadores".

Así ha añadido que "eso es lo que les preocupaba, el salario de los trabajadores cuando estuvieron gobernando, porque cuando gobiernan dicen una cosa y cuando están en la oposición se preocupan de los vulnerables, entonces se acuerdan de ellos y vienen aquí a reprochar cosas que fueron incapaces de hacer durante ocho años".

Frente a esta situación, ha defendido que su departamento ha abonado 157 millones de euros para que "ningún salario de ningún profesional pueda estar en riesgo" y ha emplazado a los socialistas a decirles a los profesionales y los sindicatos que se concentran este jueves que lleguen "a un acuerdo" para un convenio colectivo único que permita "garantizar el salario digno que merecen" y que desde el Botànic "durante ocho años no fueron capaces de garantizar".

Además, la consellera de Servicios Sociales ha reivindicado que la Generalitat ha incrementado la acción concertada un 8,8 % "y el contrato programa también" tanto en los presupuestos de 2024 como en los del próximo 2025, ha avanzado. Por ello, ha pedido a los partidos de izquierda que no le dén "lecciones de cuidar a los profesionales y vulnerables". "No se les cuida sin pagar", ha zanjado.

Camarero ha indicado que su departamento trabaja en el nuevo contrato programa que, entre otras cuestiones, garantiza "la estabilidad del empleo a los más de 4.000 profesionales que actualmente configuran las plantillas". En este punto, ha preguntado a PSPV y Compromís "dónde está el riesgo" y les ha emplazado a "trabajar un poco" y a "pedir los datos".

"Los ayuntamientos están recibiendo y van a seguir recibiendo toda la información necesaria", ha prometido la vicepresidenta, que ha reivindicado que ahora las entidades locales sí tienen un gobierno que "se preocupa por los servicios sociales y por los más vulnerables". "Su preocupación es nuestra preocupación", ha recalcado.

Por su parte, la directora general de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico, Elena Albalat, ha afirmado sobre las residencias es que es una situación que a su departamento le "preocupa" y que "ocupa" pero es algo "heredado del anterior gobierno del Botànic" y son "contratos caducados desde 2018". "Hace muchos años que muchas residencias de gestión integral tienen los contratos caducados y que tampoco se ha hecho nada desde 2018 hasta 2023", añade.

Es "una situación muy complicada" como consecuencia de una "gestión nefasta" del anterior Consell, ya que al llegar a la Generalitat asegura que se encontraron con 54 residencias "que ya tenían esos contratos caducados". Esas licitaciones "ya se hubieran podido sacar y no fue así", indica.

Nuevo decreto

La conselleria de Servicios Sociales ha publicado ya esta semana la consulta pública del decreto de tipologías, un decreto que "en vez de estar hecho y consensuado con el sector estaba hecho para el propio Botànic" y han recibido "más de 1.700 alegaciones" porque "no cumplía con las necesidades del sector" y no se había dialogado con los sindicatos, entidades ni empresas. Ahora, ha destacado el diálogo con todas las partes "para que realmente cumpla las necesidades en cuanto a espacios y en cuanto a personal".

Sobre dicho decreto, "estamos trabajando en él desde hace mucho tiempo y escuchando a las direcciones generales que forman parte de la conselleria, porque tampoco se les había escuchado, y de manera paralela, también estamos trabajando ya en los nuevos pliegos". Albalat apuntó que "no estamos de brazos cruzados, somos conscientes de la situación complicada que tienen muchos trabajadores que forman parte de esas residencias, que cada día van a su trabajo y que tienen salarios por esos contratos desde hace mucho tiempo, pero nosotros, en ningún momento, hemos dejado de trabajar por ponernos al día de esta situación".

La directora general ha recalcado que están "trabajando y dialogando desde el primer momento" y esa es la "respuesta" que dan a los centros. Además ha instado a los sindicatos "a que se pongan de acuerdo, porque esto forma parte de su labor, para tener un convenio único que facilitaría ese convenio único para todos los sectores".

Albalat ha indicado que el acuerdo del Botànic se firmó en 2022, se publicó en marzo de 2023, y "tuvieron la posibilidad de hacerlo realidad y no lo hicieron, y de hacer las licitaciones y tampoco lo hicieron". Ahora, lo estudiarán pero "la situación económica en la que nos han dejado, que todavía estamos pagando facturas desde 2018, hace muy difícil que se pueda cumplir ese acuerdo".

Con todo añadió que "hemos sido nosotros los que en 2024 hemos subido un 8,8 %, que eso ha supuesto 64 millones que al final están invertidos en ese personal que trabaja en la Acción Concertada". Albalat apunta que "nos hemos puesto a trabajar y hemos trabajado para ponernos al día tanto en el pago de facturas y de esa deuda como también para mejorar la situación en la que se encontraba este sector".