El juicio contra dos exediles del PSOE de Benidorm por supuestas irregularidades al contratar personal ya tiene fecha

El juicio oral para investigar supuestas irregularidades en la política de contratación de personal y la cobertura de distintas plazas por parte del anterior gobierno del PSOE de la ciudad ya tiene fecha. Según un auto de la Audiencia Provincial de Alicante, al que ha tenido acceso este diario, las sesiones se iniciarán el día 6 de noviembre y seguirán en varios días de diciembre, en concreto el 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de ese mes de 2025.

Fue en octubre de 2023 cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm abrió juicio oral contra los exediles socialistas Natalia Guijarro y Juan Ramón Martínez, además de dos representantes de sindicatos y cuatro técnicos municipales. La jueza lo hacía a petición de la Fiscalía y la acusación particular que ejerce el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB). Fue el sindicato el que denunció estos hechos que se remontan a 2010 cuando gobernaba el PSOE en el municipio.

Tras abrir juicio oral, era la Audiencia de Alicante la que tenía que determinar la fecha del juicio después de que los acusados comparecieran en la causa. Varios de los imputados habían presentado recursos para evitar la apertura de juicio oral solicitando que se declarara prescrita la causa, a lo que la Fiscalía Provincial de Alicante se opuso. Ahora ya se sabe la fecha señalada para ello, según ese último auto al que ha tenido acceso este diario.

Como ya publicó este diario, los dos exediles, ya fuera de la política, y seis técnicos municipales están imputados por supuestos delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias. Para ellos, el fiscal pide penas de ocho años y seis meses de inhabilitación para cargo público en el caso del delito continuado de prevaricación administrativa y de cuatro años y seis meses de prisión por malversación.

Los hechos denunciados

Los hechos objeto de investigación fueron denunciados en su día por el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB) y tienen que ver con la firma de hasta 130 contratos temporales en el año 2010, de los que 43 habrían ido a parar supuestamente a personas con vínculos familiares o políticos con el PSOE local, cuando el Gobierno central había prohibido "taxativamente incrementar las plantillas para reducir la inmensa deuda que entonces tenían los ayuntamientos".

También, por la concesión de "pluses, complementos y ascensos a funcionarios supuestamente afines desde finales de 2009 a 2012, entre otros hechos". La suma de todo ello generó un desfase presupuestario cercano a los 4,5 millones en el capítulo de Personal con respecto a lo que preveía el plan de ajuste municipal.

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) fue aprobada en pleno en 2010 pese a un informe contrario del Interventor, que incluía una subida salarial que suponía un incremento de la masa salarial del personal del Ayuntamiento superior a la máxima autorizada para ese año.

En aquella época, Natalia Guijarro ejercía como concejal de Hacienda, mientras que su compañero de grupo, Juan Ramón Martínez, era el responsable de Recursos Humanos. Tras las municipales de 2011, que ganó el PSOE, Guijarro mantuvo las delegaciones del área económica y sumó también las de Personal, departamento que gestionó hasta que los socialistas perdieron las elecciones de 2015.