Benidorm inspeccionará y sancionará directamente a las viviendas turísticas ilegales con Policía Local e inspectores

Benidorm es el primer municipio de la provincia de Alicante y el segundo de la Comunidad Valenciana que se ha adherido al convenio marco de la Generalitat Valenciana para asumir la gestión de competencias para inspeccionar y sancionar las viviendas de uso turístico ubicadas en la ciudad. Es decir, a partir de ahora, el Ayuntamiento será el encargado de todo el proceso administrativo, desde que se denuncie o detecte una irregularidad hasta ingresar las sanciones por la misma. Estas tareas se harán con agentes de la Policía Local además de los inspectores municipales con los que cuenta el consistorio, unos medios que la oposición considera insuficientes para el volumen de trabajo que va a generar este procedimiento.

Esa adhesión, que por ahora solo ha llevado a cabo València, ha sido aprobada en el pleno de este lunes con los votos a favor del gobierno del PP y el de Vox, y con la abstención del PSOE. Y llega tras la firma del convenio con la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) el pasado 13 de diciembre. La aprobación culmina el proceso iniciado en septiembre del pasado año y que ahora se empezará a materializar.

La concejala de Urbanismo y portavoz del gobierno del PP, Lourdes Caselles, explicó que la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad aprobada por el gobierno autonómico de PSOE y Compromís en 2018 ya introdujo la posibilidad de que los ayuntamientos ejerciesen estas inspecciones, "con la diferencia de que antes se encomendaba a los ayuntamientos todo el trabajo menos la recaudación, que ingresaba la propia Generalitat, mientras que ahora, con la última modificación de la misma mediante el Decreto Ley 9/2024, de 2 de agosto, se va a permitir que sean los ayuntamientos quienes recauden el importe de las sanciones incoadas" a las viviendas turísticas sin regular.

Aunque ya aparecía en esa ley, hasta ahora el Ayuntamiento de Benidorm no había pedido las competencias, algo que ahora sí ha hecho. ¿Por qué? Precisamente porque se podrán ingresar en las arcas municipales la recaudación de esas sanciones a las viviendas turísticas que no cumplan la normativa. Con todo, fuentes municipales indicaron a este diario que aún no hay un cálculo de cuánto dinero podrá reportar el consistorio benidormense esta cuestión y que se tiene aún que estudiar.

A cambio, el Ayuntamiento también tiene deberes. Como explicó la edil del área, una vez asumidas las competencias, el Ayuntamiento tendrá que realizar "una memoria trimestral de las denuncias que se presenten, de los procedimientos que se incoen, de la resolución de los mismos y si es o no sancionadora, y de las sanciones interpuestas que se ingresen en las arcas municipales". Pero hay otro punto. ¿Con qué efectivos cuenta el Ayuntamiento para realizar todas estas labores de inspección o sanción? La concejala afirmó que la Policía Local será la encargada de realizar esta labor y, también, los inspectores municipales: "Nosotros tenemos un cuerpo de inspectores y esos también pueden proceder a hacer esas tareas".

Efectivos para asumir las competencias

En concreto se trata de aquellos que están adscritos a la Concejalía de Comercio y se encargan ya de inspeccionar los locales comerciales o de hotelería, entre otras tareas. En total en plantilla existen seis de estos trabajadores, a los que se sumarían los agentes de la Policía Local en activo que en Benidorm rondarían los 250 efectivos. Todos ellos tendrán que sumar a sus tareas habituales las de inspeccionar las viviendas de uso turístico. A ello se añade además el trabajo burocrático que asumirán los propios funcionarios en distintos departamentos como el de Urbanismo.

Y en este punto precisamente es donde el PSOE ha hecho más hincapié en el pleno. El portavoz adjunto, Sergi Castillo, recalcó que el convenio firmado "es un convenio sin recursos, no aporta nada" al Ayuntamiento en cuanto a medios para ponerlo en práctica. Así recalcó que "en el texto sorprende las veces que se habla de la Policía Loca, por lo que está clara su importancia" en este sentido. Por lo que ha planteado si de verdad el Ayuntamiento cuenta con esos medios suficientes para asumir las competencias.

El socialista pidió dejar el punto sobre la mesa precisamente por esta cuestión y porque "supondrá mucha tarea administrativa para los funcionarios municipales. Ya el Síndic ha dicho en más de una ocasión que no se resuelven los expedientes y que hay hasta un año de espera". Además de "todo el trabajo que ya hay, el departamento de Urbanismo no tiene capacidad para resolver la situación y ahora, además, tendrá que hacer una memoria al Consell cada tres meses por parte de los trabajadores que ya no dan abasto".

Con todo, nada más aprobarse en el pleno esta medida, el sindicato mayoritario en el Ayuntamiento de Benidorm, el SPPLB, indicó que "nos congratulamos de la adscripción al convenio ya que asumir las competencias en materia de inspección y sanción, nos va a permitir que las actuaciones tanto de la Policía Local como del servicio de inspección van a ser más efectivas y eficientes ya que será el Ayuntamiento el que inicia el expediente y lo termina". Pero también hablaron de los efectivos disponibles: "Solicitamos que para llevar a buen término necesitamos que de forma inmediata se refuerce número de efectivos de la Policía Local como de inspección municipal. En este sentido, Caselles explicó en el pleno que el consistorio va a reforzar la plantilla de la Policía Local, con la convocatoria de 20 plazas, de modo que "habrá más medios materiales y personales".

Castillo preguntó al gobierno del PP que "qué necesidad hay de este convenio. Nos han de delegar competencias desde la Generalitat y es ella la que tiene recursos para perseguir estas viviendas ilegales de forma eficiente. La mayoría de viviendas se ofertan en plataformas y es ahí donde se ha de actuar. Lo lógico es que se haga desde la Generalitat no desde los municipios". Y hubo crítica política: "Es una dejadez por parte del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. ¿Qué habría pasado si lo hubiera hecho el gobierno de Ximo Puig?. No quiero ni pensar las críticas que se habrían hecho desde el Ayuntamiento de Benidorm. Ahora dan la orden y Benidorm es la primera en acatarla". Y añadió que "solo València y Benidorm están acatando las órdenes del partido. No saben lo que dice el convenio. No aporta un céntimo para recursos. Deberían pensar más en los intereses de Benidorm que no los de Mazón".

Por su parte, el concejal de Vox, Miguel San Martín, indicó que su partido "tenemos una postura clara y creemos que es imprescindible ordenar desde el punto de vista legal y laboral las viviendas de uso turístico y ver cuántas operan en la economía sumergida". Para ello, "debe haber un registro público y que las entidades locales tengan acceso al mismo. Hay que reformar las inspecciones para combatir las ilegales, pero no demonizar al sector y poner multa por cualquier cosa.

Con todo, la concejala de Urbanismo avanzó que "para poder llevar a cabo en mejores condiciones esta función, el departamento de Arquitectura está trabajando en una ordenanza para regular las viviendas turísticas y para dar seguridad y afianzar este tipo de alojamiento turístico siempre que se cumpla la normativa". Precisamente el concejal del PSOE planteó en el pleno que sería "muy conveniente que se elaborara una ordenanza municipal que regule las viviendas de uso turístico".

Facturas de servicios sin contrato

Otro de los puntos que ha enfrentado el gobierno del PP y el PSOE en el pleno ha sido la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito para el abono de facturas por valor de 393.122,08 euros y la aprobación de otras facturas por importe de 687.404,63 euros para abonar los servicios prestados por distintas concesionarias públicas en estos primeros meses de 2025 y cuyos contratos están pendientes de licitar. Unas facturas que precisamente sin fiscalizar por parte de Intervención por no tener un contrato vigente al estar caducado y no haber posibilidad de prórroga.

La edil de Hacienda, Aida García Mayor, ha destacado que en ambos casos se trata de procedimientos de pago "completamente legales y están informados y muy depurados tanto por los distintos departamentos como por la Intervención municipal", a la vez que ha señalado que "si no se abonasen las mismas estaríamos provocando un perjuicio a muchos proveedores municipales o dejando de recibir servicios básicos". El primero de estos asuntos ha salido adelante con el voto a favor del PP y la abstención de PSOE y Vox; mientras que el segundo lo ha hecho también con los votos favorables del grupo popular, el voto en contra de los socialistas y la abstención de Vox.

En el segundo punto, el de las facturas de las concesionarias por servicios prestados, la portavoz del PSOE, Cristina Escoda, indicó que "se está hablando de contratos caducados y que no se han aprobado el servicio de continuidad y viene con una fiscalización distinta" que hace que se haya aprobado de dicha manera. Así le pidió a la concejala del área que "ojalá sea verdad y lo que ha anunciado no se aún deseo sino una realidad", en relación a que los tres contratos de parques y jardines, mantenimiento del alumbrado público y de instalaciones municipales están en camino.

Con todo le reprochó al gobierno del PP que "son incapaces de aprobar unos presupuestos. No disponemos ni un borrador para conocer sus intenciones de qué hacer con el dinero de los ciudadanos. Volvemos a pedir el borrador y que lo traigan en el siguiente pleno porque será señal que las cuentas le salen". Además le indicó que "no pueden demorarse más la aprobación de pliegos caducados ya en el tiempo. Ya han pasado los plazos de prórrogas y nos colocan en una situación límite que perjudicaría a las arcas municipales o la imagen del municipio".

Por su parte, el edil de Vox añadió que "Lo que informa Intervención es lo que venimos reclamando pleno tras pleno este grupo político". Y añadió que "este departamento avisa que los gastos que aprueban mes a mes no han sido objeto de contratación. Son más de 600.000 euros. Hemos remitido este expediente a nuestro departamento jurídico".

Otros asuntos de pleno

El pleno de la Corporación también ha sacado adelante, en este caso por unanimidad de todos los grupos, la aprobación del texto definitivo del Acuerdo de Cooperación para la Financiación de Mejoras y Reposición de las Instalaciones de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales del Municipio de Benidorm, un acuerdo que reportará a las mismas una inversión de 14.520.000 euros y permitirá resolver las deficiencias en materia de instalaciones eléctricas y estructurales de las estaciones de bombeo de aguas residuales (EBARs) y solucionar las necesidades de reforma que presenta la actual EDAR de Benidorm, en particular su línea antigua (Línea B) y la línea de fangos.

El concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha señalado que, gracias a este acuerdo, de esa inversión total "solo un 10 % le corresponderá pagarlo a la ciudad de Benidorm, mientras que el resto lo financiará la EPSAR". De este modo, la entidad autonómica asumirá 13.068.000 euros y 1.452.000 restantes serán sufragados por el Consistorio. El edil ha recordado que, a diferencia de muchas otras plantas de depuración, la EDAR es una infraestructura de titularidad municipal y que la ciudad lleva “muchos años esperando estas obras y reivindicando su ejecución”, pero ha lamentado que la anterior Administración autonómica, formada por PSOE y Compromís, “no quiso invertir ni un euro” en esta depuradora.

Con respecto a las obras que se van a ejecutar como fruto de este convenio, González de Zárate ha enumerado la reforma en las instalaciones eléctricas de las estaciones de bombero de aguas residuales (EBAR) de Benidorm; la reforma y reparación de la EBAR de Parque de Elche; la mejora de la línea de tratamiento de agua antigua (Planta n.º 2) de la EDAR; la mejora de la línea de tratamiento de fangos en la EDAR; así como la adecuación de edificio de personal, control y taller de esta depuradora.

Por último, el pleno también ha debatido una moción presentada por el concejal de Vox, José Miguel San Martín, para la unificación estética de escaparates y cartelería en los comercios de nueva apertura de la ciudad. La propuesta únicamente ha obtenido el voto favorable de Vox mientras que el resto de la corporación (el gobierno del PP y PSOE) ha votado en contra. 

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