Los propietarios de los terrenos de Serra Gelada en Benidorm: "Si nos llaman, estamos dispuestos a sentarnos"
El abogado de la familia Puchades destaca que están "muy tranquilos" con la sentencia que recoge lo que se incluyó en los convenios urbanísticos firmados

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"Estábamos bastante seguros". Con estas palabras describe José Domingo Monforte, el abogado de los propietarios de las parcelas de Serra Gelada de Benidorm, la confianza que tenía la familia Puchades de que el Tribunal Supremo (TS) confirmara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que establecía que el Ayuntamiento de Benidorm debía pagar 330 millones por dichos terrenos basándose en unos convenios urbanísticos que arrancaron en 2003. Con un fallo que ya es firme, aseguran que "si nos llaman, estamos dispuestos a sentarnos" para hablar con el consistorio y negociar sobre este asunto.
Sin embargo, Domingo Monforte deja clara una cosa: "Es una sentencia que se tiene que cumplir. Ahora estamos en un tiempo nuevo y en otro momento. Ahora vamos a esperar y a seguir trabajando", explicó a este diario. Es decir, que esperaran los tiempos necesarios y marcados para que el proceso siga su curso.
Y, ¿qué ha supuesto que el Supremo no haya admitido el recurso del Ayuntamiento para los demandantes? De las palabras del abogado se desprende que no les ha sorprendido: "Estamos muy tranquilos, hemos confiado siempre en la justicia. La sentencia del TSJ era de una excelente factura y se defendía por si sola; era justa". Así que el paso dado por el Supremo, a su parecer, no podía ser otro que el de inadminitir el recurso del consistorio.
El letrado de la familia Puchades explicó que dicho fallo solo recoge lo dicho en los convenios que firma una administración con unos propietarios y que "están para cumplirse". En el caso de las parcelas propiedad de las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL a las que se refiere la sentencia, dichos convenios recogían su compensación con aprovechamientos urbanísticos. Así, el tribunal es quien fijó la indemnización de 283 millones más intereses, lo que lo elevaría hasta los 330 millones, precisamente por no cumplir con lo firmado.
Sentarse con el Ayuntamiento
En cuanto a si negociarían con el Ayuntamiento o no, Domingo Monforte añade que "siempre hemos tenido una actitud positiva y la mejor disposición". Y recordó que "siempre estuvimos dispuestos a sentarnos a hablar, pero no nos llamaron", en referencia al Ayuntamiento. ¿Si lo hicieran ahora? "Si nos llaman como no vamos a ir a sentarnos", alegó, y "a escuchar".
Pero parece que por ahora no está en los planes del consistorio ni del gobierno del PP dar este paso. O al menos así se deduce de las palabras que solo unas horas antes había dicho el alcalde Toni Pérez sobre esta cuestión: "El consistorio está muy capacitado para negociar siempre que lo permita la ley y siempre que no sea en un momento procedimental en que se pueda afectar el interés general". Y lo afirmó así porque ahora mismo el Ayuntamiento defiende que, a pesar de la providencia del Supremo, existen cinco procedimientos abiertos en primera instancia sobre la nulidad de convenios; en dos de ellos se le ha dado la razón al consistorio sobre declararlos nulos y están apelados por los propietarios.
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