La sentencia millonaria de Serra Gelada abre una guerra política entre PP y PSOE en Benidorm

La confirmación por parte del Tribunal Supremo (TS) de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que condenaba a pagar a la administración local 330 millones de euros a los propietarios de unas parcelas en el APR-7 de Serra Gelada de Benidorm no solo es una cuestión judicial que podría suponer un varapalo económico. El último pronunciamiento del alto tribunal ha abierto una auténtica guerra política entre el PP en el gobierno local ahora y el PSOE en la oposición. Los reproches y quién tiene o no la culpa sobre la situación actual han sido constantes desde que se conoció la inadmisión del recurso del Ayuntamiento por parte del Supremo debido a que ambos partidos mandaban en el Ayuntamiento en algunos de los pasos dados con los convenios urbanísticos.

El pasado viernes el alcalde Toni Pérez comparecía para explicar la situación actual y que los servicios jurídicos municipales van a explorar todas las vías posibles para evitar afrontar la responsabilidad patrimonial de 283 millones más IVA que impone la sentencia al consistorio. Ya hubo intercambio de reproches ese día entre ambos partidos sobre cómo y cuándo se aprobaron o renovaron los convenios urbanísticos en los que la familia Puchades basa su reclamación. Este lunes, el PSOE ha vuelto a sacar la artillería contra el alcalde al que considera el máximo responsable de la situación actual. El gobierno del PP, por su parte, ha decidido no pronunciarse contra los ataques del partido de la oposición, aunque Pérez ya lo hizo hace tres días.

Precisamente, casi todo lo dicho por el primer edil ha sido calificado por los socialistas como un "cúmulo de falsedades y mentiras contrastables" que el PSOE de Benidorm ha rebatido alegando que "este proceso judicial ha terminado, tal y como figura en la providencia del Tribunal Supremo. No estamos ante una fase del mismo, que dependa de otras, como insinuó el alcalde". Pérez aseguró que el Ayuntamiento aún tiene pendiente en los tribunales cinco causas abiertas, en las que dos ya se le ha dado la razón, sobre si los convenios firmados son nulos, lo que podría afectar a la situación actual, según el primer edil. Para el PSOE la sentencia no tiene que esperar a nada más y es "el resultado es de una extraordinaria gravedad, y marca un antes y un después en las arcas públicas".

Pero, ¿de dónde surgen y cómo se renuevan los convenios del APR-7 de Serra Gelada con los propietarios? La historia se remonta a 2003 cuando se firma el primer convenio con Vicente Pérez Devesa (PP) como alcalde de Benidorm; el actual primer edil ya pertenecía a ese gobierno popular y el PSOE de entonces votó en contra. La corporación se comprometió a compensar a los propietarios del suelo de Serra Gelada con aprovechamientos urbanísticos en los cinco principales planes parciales del término municipal. Medio millón de metros cuadrados de suelo que iba a salir de Armanello, la zona de las discotecas, Poniente, el Murtal y la Ciudad Médico Residencial. El convenio firmado, que tenía una vigencia de cinco años, permitía a los propietarios solicitar la indemnización económica del valor real de aprovechamiento urbanístico no compensado.  

Benidorm prometió suelo en los principales planes parciales de la ciudad a cambio de Serra Gelada

Dos años más tarde, en 2005, la Conselleria de Medio Ambiente aprobó el PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales) de Serra Gelada. El suelo del APR-7 quedó protegido. Ese primer convenio caducó en 2008 sin que nada se hiciera y en 2009 los propietarios pidieron renovarlo. Fue en 2010, cuando ya gobernaba el socialista Agustín Navarro tras la moción de censura de septiembre de 2009 cuando se decidió esa renovación y en 2010 se aprobó por tres años. Según las fuentes consultadas, por el pleno pasó un borrador del convenio que fue aprobado por los partidos políticos, incluido el PP, pero no se llegó a ratificar.

En ese apoyo de los populares en ese momento es en el que se basa ahora el PSOE para decir que el PP primero lo apoyó y luego cambió de opinión cuando se volvieron a renovar en 2013: "Toni Pérez afirmó ante la prensa que el convenio se renovó en solitario por los socialistas. En contra de lo afirmado por el alcalde, aquella renovación tuvo el voto favorable del PP", aunque fue en la aprobación del borrador. Y añaden que las declaraciones del concejal del PP José Ramón González de Zárate (PP) en el pleno de 26 de abril de 2010 lo confirma, ya que dijo que "con los votos favorables de ambos grupos es positivo para este parque natural de Sierra Helada". El PSOE incluso ha aportado el audio de ese día.

Pero la guerra entre ambos partidos sigue por lo hecho en 2013. El PSOE vuelve a alegar que Pérez cambió de postura y, con él, todo su partido, al no apoyar la renovación de 2013. Lo cierto es que en aquel momento este trámite administrativo se aprobó con mayoría simple, es decir, con el voto de calidad del alcalde, el socialista Agustín Navarro, y que contó con el visto bueno del secretario municipal, según recuerdan los socialistas. Liberales y el PSOE apoyaron esta propuesta y PP y el entonces concejal no adscrito Juan Ángel Ferrer votaron en contra, lo que lo dejó en empate. Cabe recordar que Ferrer perdió la cartera de Urbanismo y dejó el partido socialista precisamente por este asunto, como así se recoge en el pleno de aquel momento.

Pero para el PSOE que ahora está en la oposición el alcalde cambió "su postura mantenida con firmeza durante más de una década y rechazó su propio convenio". Y fueron a más: "Debe explicar los oscuros intereses que le llevaron el 2013 a cambiar la que él denominó 'hoja de ruta' sobre los terrenos de Serra Gelada". Porque eso es lo que consideran que hizo en 2016 cuando el PP dejó expirar estos convenios. A partir de ahí, los propietarios del suelo comenzaron su batalla judicial que ahora ha terminado en este punto con la sentencia millonaria. Pero a la vez, el Ayuntamiento inició y culminó también el proceso para declarar los convenios nulos de pleno derecho. Una posición que fue refrendada por el Consell Jurídic Consultiu en un dictamen vinculante, que consideraba que efectivamente estos convenios eran nulos por diversos motivos. Esto es lo que ahora también se dirime en los tribunales en esas cinco causas abiertas.

Con todo, el "ante la gravedad de los hechos, sus consecuencias, y las mentiras con las que el alcalde intenta eludir su responsabilidad, exigimos su dimisión", ha concluido el PSOE. Por su parte, el gobierno del PP no ha querido pronunciarse por el momento más sobre este asunto. Pérez ya indicó el viernes que el gobierno local "siempre ha mantenido la misma postura en relación a la nulidad de dichos convenios, independientemente de quienes fueran los recurrentes", a diferencia de la actitud adoptada por el grupo socialista que "con las mismas propuestas, los mismos informes y el mismo texto, ha votado una cosa u otra en el pleno en función de quién fuera el recurrente".

Ejecución de sentencia

Tras la providencia del Supremo que inadmitió el recurso del Ayuntamiento confirmando la sentencia de TSJ de la Comunidad Valenciana, los propietarios de los terrenos de Serra Gelada podrían solicitar una ejecución de sentencia en los próximos días, según confirmaron fuentes jurídicas a este diario. Este trámite debe hacerse en el tribunal de primera instancia que conoció el caso por primera vez. En el caso de Serra Gelada sería el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante.

Precisamente el PSOE ha puesto sobre la mesa este paso que se puede dar: "La parte ganadora puede solicitar en unos días la ejecución de la sentencia. Toni Pérez oculta esta situación y las gravísimas consecuencias que se derivarán, dando apariencia de una falsa normalidad". Con todo, aún no se está en este punto.