El PSOE de Benidorm reclama al gobierno del PP respuestas sobre la sentencia de Serra Gelada

Hace una semana, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, comparecía para hablar sobre la inadmisión por parte del Tribunal Supremo (TS) del recurso de casación presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia por las parcelas de Serra Gelada, lo que confirmaba la condena del TSJ de la Comunidad Valenciana que fijaba una indemnización a los propietarios de 330 millones. Con este tiempo transcurrido, el PSOE ha criticado este viernes que "poco o nada se sabe del siguiente movimiento que va a dar el gobierno del PP" sobre este asunto, por lo que reclama que se informe a la oposición sobre qué vías estudian los técnicos.

La portavoz socialista, Cristina Escoda, señaló que el "silencio y hermetismo se ha apoderado del equipo de gobierno, del PP, que no ha transmitido ningún tipo de información a los grupos de la oposición desde las pasadas juntas de portavoces del 3 y 4 de abril". Como ya publicó este diario, en la primera de estas reuniones se dio traslado de la providencia del Tribunal Supremo; y en la segunda se explicó que el alcalde se había reunido con los técnicos municipales de las áreas jurídica y económica para explorar todas las vías para seguir defendiendo el interés general, es decir, para ver el siguiente paso a dar.

"Desde entonces no sabemos nada más", indicó Escoda quien afeó que "no hayan comunicado, ni tan siquiera, si los técnicos han avanzado ya esas posibles vías para defender el interés general o, por ejemplo, qué fórmulas han planteado para que el Ayuntamiento pueda atender la ejecución de sentencia". Así añadió que "el primer edil llegó a decir que los técnicos habían abierto un abanico de posibilidades, que hay que concretar, para atender esa responsabilidad patrimonial. Unas posibilidades que desconocemos por completo. Por último, Escoda siguió defendiendo su tesis de que Pérez cambió de postura en este asunto, desde que se aprobaron los convenios en 2003 hasta ahora.

La historia de las parcelas de Serra Gelada

Cabe recordar que la historia se remonta a 2003 cuando se firma el primer convenio con Vicente Pérez Devesa (PP) como alcalde de Benidorm; el actual primer edil ya pertenecía a ese gobierno popular y el PSOE de entonces votó en contra. La corporación se comprometió a compensar a los propietarios del suelo de Serra Gelada con aprovechamientos urbanísticos en los cinco principales planes parciales del término municipal. Medio millón de metros cuadrados de suelo que iba a salir de Armanello, la zona de las discotecas, Poniente, el Murtal y la Ciudad Médico Residencial. El convenio firmado, que tenía una vigencia de cinco años, permitía a los propietarios solicitar la indemnización económica del valor real de aprovechamiento urbanístico no compensado.  

Dos años más tarde, en 2005, la Conselleria de Medio Ambiente aprobó el PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales) de Serra Gelada. El suelo del APR-7 quedó protegido. Ese primer convenio caducó en 2008 sin que nada se hiciera y en 2009 los propietarios pidieron renovarlo. Fue en 2010, cuando ya gobernaba el socialista Agustín Navarro tras la moción de censura de septiembre de 2009 cuando se decidió esa renovación y en 2010 se aprobó por tres años. Según las fuentes consultadas, por el pleno pasó un borrador del convenio que fue aprobado por los partidos políticos, incluido el PP, pero no se llegó a ratificar.

La renovación de 2013 se aprobó con mayoría simple, es decir, con el voto de calidad del alcalde, el socialista Agustín Navarro, y que contó con el visto bueno del secretario municipal. Liberales y el PSOE apoyaron esta propuesta y PP y el entonces concejal no adscrito Juan Ángel Ferrer votaron en contra, lo que lo dejó en empate. Cabe recordar que Ferrer perdió la cartera de Urbanismo y dejó el partido socialista precisamente por este asunto, como así se recoge en el pleno de aquel momento.

En 2016 el PP dejó expirar estos convenios. A partir de ahí, los propietarios del suelo comenzaron su batalla judicial que ahora ha terminado en este punto con la sentencia millonaria. Pero a la vez, el Ayuntamiento inició y culminó también el proceso para declarar los convenios nulos de pleno derecho. Una posición que fue refrendada por el Consell Jurídic Consultiu en un dictamen vinculante, que consideraba que efectivamente estos convenios eran nulos por diversos motivos. Esto es lo que ahora también se dirime en los tribunales en esas cinco causas abiertas.