Intervención avisa del "quebranto" que ocasionará al Ayuntamiento de Benidorm la sentencia de Serra Gelada
El informe de liquidación del presupuesto de 2024 recoge esta cuestión que alude al fallo que condena a pagar 330 millones a los propietarios de varias parcelas

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Aún no se ni cómo ni cuándo tendrá el Ayuntamiento de Benidorm que hacer frente a la sentencia que condena a pagar al consistorio 330 millones a los propietarios de varias parcelas en el APR-7 de Serra Gelada, pero el departamento de Intervención ya ha puesto sobre el papel que este fallo "puede originar un grave trastorno y quebranto a la Hacienda pública municipal". Así se recoge en el informe que esta área ha elaborado referente a la liquidación del Presupuesto General en el ejercicio 2024 y donde en uno de los apartados se habla de la posible consecuencia que podría suponer en el futuro.
El documento, al que ha tenido acceso este diario y también ha desvelado el PSOE de Benidorm, es el que se remite al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de él se dará cuenta en el pleno del próximo lunes.
Intervención destaca en el informe que "aunque no afecta a la liquidación del ejercicio 2024, es necesario mencionar" la Sentencia núm. 343 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo contencioso-administrativo, Sección Primera, de fecha 23 de mayo de 2024 en la que se condena al Ayuntamiento al pago de la cantidad de 283.055.750,12 euros, más sus intereses legales. Así, dicha sentencia ha sido declarada firme por medio de Decreto de 11 de abril de 2025 por este Tribunal tras inadmitirse el recurso que presentó el Ayuntamiento al Tribunal Supremo. La ejecución de dicha Sentencia "puede originar un grave trastorno y quebranto en la Hacienda pública municipal".
Tras conocer este informe, el concejal socialista, Antonio Charco, mostró su preocupación por una sentencia que "comprometería el importe total de dos presupuestos y medio del Ayuntamiento", lo que supondría a todas luces la "quiebra técnica": "El futuro económico del Ayuntamiento pinta muy mal y, lamentablemente, los más perjudicados van a ser los vecinos y vecinas de Benidorm que podrán ver una merma importante de los servicios públicos. Y todo por las decisiones de un alcalde que no supo medir las consecuencias de sus actos y que ha llevado a la ciudad al precipicio".
Por su parte, la concejala de Hacienda, Aida García, criticó que el grupo socialista "se empeñe en traer una y otra vez a la palestra el tema de la Serra Gelada, porque siguen instalados en que cuanto peor le vaya a Benidorm, mejor le irá a los actuales concejales del PSOE de Benidorm". Así recordó que "estamos ante un asunto que tiene todavía por delante mucho recorrido judicial y a la espera de que los técnicos de las áreas jurídicas y económicas nos indiquen cuáles son los siguientes pasos que, como Ayuntamiento, debemos dar, aspectos de los que la oposición está absoluta y permanentemente informada".
Con todo, el Ayuntamiento aún no ha revelado ese siguiente paso que se va a dar sobre este asunto. El alcalde Toni Pérez explicó tras conocerse la decisión del Supremo que los técnicos jurídicos y económicos iban a estudiar todas las vías posibles para evitar hacer frente a esta responsabilidad patrimonial. Además recalcó que el consistorio tiene aún cinco procedimientos abiertos en primera instancia que podrían modificar la situación actual y que en dos ya se le ha dado la razón al Ayuntamiento.
Pero Pérez solo detalló que el camino concreto "no tiene por qué ser por elevación" a otro tribunal y que ahora serán los técnicos los se pronuncien tras estudiar el "abanico de acciones" que se han abierto y quienes "orientarán el camino a seguir" a partir de ahora. Así recalcó que es "pronto para decidir ahora una estrategia jurídica o económica, pero no será distinta a la emprendida hasta ahora basándose en los informes técnicos" en los que el gobierno del PP ha basado todas sus decisiones desde que decidió dejar expirar los convenios en 2016 y declararlos posteriormente nulos.
El alcalde repitió en varias ocasiones: el Ayuntamiento aún tiene cinco procesos abiertos en juzgados de primera instancia sobre esa declaración de nulidad de los convenios urbanísticos de 2003, 2010 y 2013; en dos de ellos, los juzgados han fallado a favor del Ayuntamiento y están en fase de apelación en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana por parte de los propietarios. En los otros tres aún no hay pronunciamiento.
La historia de los terrenos de Serra Gelada
La sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar 283 más intereses, que pueden subir la cuantía a 330 millones, llegó tras el recurso presentado por ambas empresas contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante de 24 de febrero de 2022, que falló a favor del Ayuntamiento al declarar nulos los convenios urbanísticos firmados en los años 2003, 2010 y 2013. A pesar de rechazar los 283 millones de euros que reclamaban las empresas recurrentes basándose en esos convenios, la misma sentencia sostenía en aquel momento que estas empresas tenían derecho a percibir poco más de 636.116,27 euros por los 121.992,50 metros cuadrados que efectivamente cedieron en 2004 al pueblo de Benidorm.
El Ayuntamiento inició entonces el procedimiento para declarar la nulidad de esos convenios y poner así punto final a este litigio. Una posición que fue refrendada por el Consell Jurídic Consultiu en un dictamen vinculante, que consideraba que efectivamente estos convenios eran nulos por diversos motivos. Hasta ese momento, todos los pronunciamientos judiciales habían sido favorables al Ayuntamiento de Benidorm, Pero los propietarios acudieron a los tribunales y les dieron la razón.
El primer convenio se firma en 2003 con el Vicente Pérez Devesa como alcalde de Benidorm. En 2010 y 2013, gobernando el socialista Agustín Navarro, esos convenios se modificaron para ampliar el plazo para satisfacer las compensaciones en tres años cada vez. El último expiró en mayo de 2016, ya con el PP en la Alcaldía con Toni Pérez a la cabeza. A partir de ahí, los propietarios del suelo comenzaron su batalla judicial.
La liquidación del presupuesto
La concejal de Hacienda lamentó además que "el PSOE de Benidorm no soporta que el Ayuntamiento esté saneado, tal y como se desprende del informe que ha elaborado la interventora municipal sobre la liquidación del presupuesto de 2024". Porque dicho informe "deja claro que la situación económica y financiera de este Ayuntamiento es buena y que cumplimos con la legalidad en todos los aspectos". Concretamente, con las disposiciones previstas en el RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, y en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
"Contrariamente a lo que repiten en público una y otra vez (por el PSOE), este informe forma parte del expediente que tienen a su disposición los dos grupos de la oposición desde la pasada semana, que se ha dictaminado hoy en la comisión informativa de Hacienda y que irá a pleno el próximo lunes, con total transparencia y toda la información", indicó.
Aida García Mayor destacó que, como bien se indica en el informe de Intervención, "el presupuesto de 2024 se ha liquidado con un Remanente de Tesorería Total de 83.233.880 de euros, que representa el excedente de liquidez a corto plazo", de los cuales 40,8 millones son para gastos generales.
"Lamentablemente, el PSOE de Benidorm no soporta que estemos haciendo una buena gestión, dando buenos servicios a nuestros ciudadanos y tengamos un Ayuntamiento saneado, con una gestión absolutamente positiva y afortunadamente para los vecinos de Benidorm totalmente opuesta a la que realizaron ellos mismos cuando gobernaron. Y quizá por eso, desde la impotencia y la culpabilidad, solo buscan la forma de intentar confundir a la ciudadanía y ejercer la política del miedo", concluyó.
Por su parte, el concejal socialista añadió que el informe destaca que el remanente de tesorería para gastos generales se "incrementa de un saldo de 10.122.848,66 euros en 2023 a 40.814.273,10 euros en 2024, que se justifica fundamentalmente por la inejecución del presupuesto de gastos en el capítulo de personal, el de gastos corrientes por bienes, servicios y suministros; y, en mayor medida, el de inversiones".
Asimismo, en la liquidación del presupuesto se subraya que la ejecución de las inversiones "pasó de los 26,5 millones en 2023 a los 15,3 en 2024". En este punto, desde el departamento de fiscalización municipal señalan que "este bajo nivel de ejecución es preocupante dado que el retraso en la ejecución puede poner en peligro la obtención de la financiación prevista mediante transferencias de capital, especialmente las concedidas por la Unión Europea".
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