Benidorm quiere desbloquear el desarrollo de una parte del suelo de Serra Gelada y Sierra Cortina
El pleno aprueba destinar 19 de los 40 millones del remanente de Tesorería de 2024 para amortizar deuda y otros 10 millones para proyectos

Una de las votaciones del pleno de mayo del Ayuntamiento de Benidorm. / INFORMACIÓN
En el Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm (PGOU) de 1990 se incluyó suspender la vigencia del mismo en las áreas de Serra Gelada, Sierra Cortina y l'Illa. Ahora, 35 años después, el Ayuntamiento de Benidorm quiere desbloquear una parte del suelo de las dos primeras zonas para que se desarrolle en el futuro, aunque no será pronto. Primero hay que realizar todos los trámites necesarios para que pueda acometerse. Para empezar, el pleno ha dado luz verde a uno de ellos: someter a información pública la versión inicial del Plan y Estudio Ambiental y Territorial Estratégico del expediente de Evaluación Ambiental para poder levantar dicha suspensión.
La propuesta fue aprobada por mayoría con los votos favorables de PP y PSOE y la abstención de Vox. El tema, uno de los más farragosos que se han debatido en la sesión de mayo, fue explicado por la concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles: "Aquel Plan General dejó en suspensión esas tres áreas por su valor paisajístico hasta su evaluación ambiental, que es la fase que se inicia ahora", 35 años después.
Entre las tres áreas hay diferencias. Según la versión inicial, l’Illa "ha quedado fuera de cualquier ordenación". La razón no es otra que es una zona que está protegida por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Serra Gelada (PORN) y, por tanto, no hay nada más que decir sobre este asunto. En el caso del suelo que se quiere desbloquear en Serra Gelada, "es una pequeña bolsa de suelo en el PAU 2", situada entre un conocido parque acuático situado en el Rincón de Loix y la Ciudad Patricia. La edil insistió en que es muy poco espacio a desarrollar y que no tiene nada que ver con la zona de los terrenos del APR-7 Serra Gelada afectada por la sentencia que condenó al Ayuntamiento a pagar 330 millones de euros a los propietarios de unas parcelas.
En el caso de Sierra Cortina, "no llega ni a la tercera parte de lo que era el Pan Parcial, solo la parte sur que linda con el sector Médico Residencial". Es decir, la parte que queda también fuera de protección en esta parte del municipio.
"En el caso del suelo que se quiere desbloquear en Serra Gelada, es una pequeña bolsa de suelo en el PAU 2"
Tras la aprobación inicial, que llegará tras la exposición pública de 45 días, el expediente se trasladará a la Conselleria para su aprobación definitiva. A partir de ese momento, los propietarios que quieran desarrollar el suelo tendrán que presentar un Programa de Actuación Integrada para cada sector y "así comenzará la fase urbanística, que todavía no se inicia". Caselles añadió que "se trata de áreas suspendidas en 1990 y ahora se da el paso a que puedan tener una ordenación".

L'Illa de Benidorm queda fuera de lo incluido en el PGOU de Benidorm. / David Revenga
El portavoz adjunto del PSOE, Sergi Castillo, indicó que "se trata de un documento técnico muy denso y práctico" que ha tenido "enormes dificultades y un retraso en la tramitación de 35 años". Así recalcó que "afecta a tres zonas sensibles. Una es Serra Gelada donde se firmaron convenios urbanísticos en 2003 para proteger lo que iba a ser un parque natural". Y fue quien preguntó a la edil si tenía relación con la sentencia antes mencionada.
19 millones del remanente destinado a deuda
Entre otros asuntos, el pleno también aprobó destinar buena parte del remanente de tesorería del ejercicio de 2024 a financiar proyectos que están en ejecución, así como a amortizar deuda. En dos modificaciones presupuestarias se han incluido 10.209.978,83 euros de dicho remanente a proyectos con financiación afectada y otros 19.479.916,45 euros a amortizar parte de la deuda municipal.
"Al volver a estar vigentes las reglas fiscales, es de obligado cumplimiento destinar el ahorro a amortizar deuda, como señala la ley"
Así lo explicó la concejala de Hacienda, Aida García Mayor, quien explicó que "al volver a estar vigentes las reglas fiscales, es de obligado cumplimiento destinar el ahorro a amortizar deuda, como señala la ley". Como consecuencia de esta amortización anticipada, también cambiará la amortización ordinaria de los préstamos en 2025. García Mayor indicó en que "con esta operación amortizamos parte de la deuda del Ayuntamiento, lo que nos deja con muy buenos números en este aspecto".
El concejal del PSOE, Antonio Charco, intervino para afear al gobierno local que crea que un "remanente de Tesorería de 40,8 millones es un buen trabajo de ejecución presupuestaria" y le indicó a García Mayor si "¿está orgullosa? A mi juicio es una mala ejecución presupuestaria porque no se hizo un presupuesto ajustado a la realidad de Benidorm". Además aprovechó para reclamar al gobierno del PP el presupuesto de 2025, aún no aprobado ni con un borrador sobre la mesa. Por su parte, el portavoz de Vox, Miguel San Martín, apuntó en este asunto que "vuelven a estar en vigor las reglas fiscales y es obligado destinar una parte del remanente a deuda, por lo que se ajusta a la normativa".
"¿Está orgullosa? A mi juicio es una mala ejecución presupuestaria porque no se hizo un presupuesto ajustado a la realidad de Benidorm"
En cuanto a la segunda modificación, por valor de 10,2 millones, se ha aprobado por unanimidad "para dotar de consignación presupuestaria mediante crédito extraordinario a proyectos con financiación afectada que no se incluyeron en la modificación votada con anterioridad". La concejala de Hacienda citó entre esos proyectos las obras de acceso al polígono industrial PP 3/1, el proyecto de realidad aumentada de Patrimonio Histórico, la expropiación de terrenos en la calle Italia, la financiación de gastos de la EDAR y el Plan de Movilidad de transporte público.
Mociones del PSOE que acaba votando en contra
El PSOE de Benidorm presentaba al pleno de mayo dos mociones para intentar que el gobierno del PP se posicionara sobre dos temas: el apoyo o no a la Academia Valenciana de la Llengua y en defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+. Todo después del pacto de los populares con Vox en la Generalitat para aprobar los presupuestos. Sin embargo, todo se ha dado la vuelta.
El gobierno del PP ha enmendado ambas mociones. Al salir adelante esas enmiendas han cambiado por completo el texto que presentaba el PSOE lo que ha hecho que los socialistas acabaran votando en contra de sus propuestas modificadas al igual que ha hecho Vox con la primera; solo el gobierno local popular ha votado finalmente a favor.
Los populares han explicado que "rechazan cualquier ataque a la institución" de la lengua valenciana y, en el caso de los derechos del colectivo LGTBI+, Ángela Zaragozí, concejala de Igualdad, expresó su apoyo a la "Ley Trans".
Pero el PSOE considera que el alcalde Toni Pérez "se ha quitado la careta y ha asumido el ideario ultra" de Vox: "El alcalde tenía la oportunidad de pronunciarse sobre la dirección que ha tomado el gobierno de la Generalitat con las políticas hacia el colectivo LGTBI+ y la Academia Valenciana de la Lengua, y se ha posicionado del lado de Mazón secundando los postulados más ultras que le han servido a su jefe para salvar su situación personal por la gestión de la dana".
La portavoz socialista Cristina Escoda explicó que el PP ha enmendado la totalidad de las mociones presentadas por el PSOE "borrando" de las mismas las menciones a rechazar la modificación de la Ley ‘Trans’ valenciana aprobada en 2017 y el recorte de presupuesto a la Academia Valenciana de la Lengua: "Las han desvirtuado totalmente y hemos votado en contra como no podía ser de otra manera".
Otros asuntos de pleno
Como ya publicó este diario, en el pleno se ha dado cuenta de la interposición por parte del Ayuntamiento de un incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia del TSJCV de Serra Gelada.
En materia económica se aprobó, con la mayoría de los votos del equipo de gobierno, facturas por servicios prestados, "informadas por los técnicos competentes y correspondientes a servicios básicos que, a pesar de que están licitándose algunos pliegos de condiciones, han de seguir prestándose", según ha indicado la concejala de Hacienda Aida García. Es el caso de los contratos de parques y jardines o limpieza viaria y recogida de basura. Los técnicos también han determinado que "se corresponden con lo trabajado y los precios son ajustados". El total de estas facturas asciende a 965.361,57 euros.
De igual forma, por mayoría ha quedado aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 701.685,50 euros para el pago de facturas del servicio de limpieza de edificios municipales.
El pleno dio luz verde al convenio de cesión de forma transitoria del ecoparque de la ciudad al Consorcio del Plan Zonal de Residuos 6, Área de Gestión A1 que regula las condiciones de transmisión de competencias entre ambas administraciones. Una propuesta que ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos.
También la aceptación por parte del Ayuntamiento de la cesión de uso de forma gratuita de los locales que eran sede de los antiguos juzgados de la avenida Beniardá, propiedad de la Generalitat, para la prestación de servicios públicos. El concejal de Patrimonio, Jaime Jesús Pérez, ha señalado que se trata de "la culminación de un expediente por el que se disponía la desafectación de los inmuebles".
Por unanimidad también se aprobó la propuesta de aprobación del Estudio de Detalle para la ordenación volumétrica del edificio de uso dotacional para aparcamiento de vehículos en la calle Mercado 16 que se elevará en dos plantas más. Para ello era precisa una valoración económica que sustituyera el local comercial que sería cedido al Ayuntamiento. Dicha valoración se ha cifrado "en algo más de 200.000 euros y tendrá como destino el Patrimonio Municipal de Suelo".
Otras mociones del PP
En la sesión se ha aprobado una moción del PP para instar al Gobierno a mantener la financiación íntegra y estable del 100% del Plan Corresponsables “sin recortes ni demoras” para garantizar la continuidad de los programas iniciados desde 2021. La concejal de Bienestar Social, Ángela Zaragozí, ha afirmado que este plan “representa un recurso esencial para garantizar el derecho al cuidado como un derecho universal y no es un simple programa de ayudas, sino una herramienta clave para transformar el modelo de cuidados de nuestro país” y ha lamentado el pretendido recorte de un 25% al presupuesto de este plan con respecto a años anteriores. “Es una situación inadmisible” ha dicho la edil, que ha calificado de “irresponsable e injustificable” efectuar un recorte “sin precedentes” y que este llegue a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos “con el ejercicio presupuestario ejecutado en casi un 50%”.
También con los votos de PP y Vox se aprobaba otra moción del grupo popular para exigir al Gobierno de España el mantenimiento de las actuales reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura mientras desarrolla un Plan Hidrológico Nacional “que dé respuesta definitiva a la problemática actual, que permita un equilibrio entre las necesidades ambientales del Tajo y la supervivencia de la agricultura de las regiones beneficiarias del trasvase” ha precisado la portavoz del gobierno, Lourdes Caselles.
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