Altea modifica el PGOU de 1982 para regular las viviendas turísticas

El Ayuntamiento de Altea ha aprobado la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), vigente desde 1982, mediante la incorporación de una nueva ordenanza municipal complementaria que establece "una regulación específica para la implantación de las viviendas de uso turístico en el suelo urbano del municipio, atendiendo al grado de vulnerabilidad social y territorial de cada zona urbana".

Así lo ha explicado el concejal de Urbanismo, José Orozco, durante el pleno que ha celebrado la corporación municipal este miércoles. La modificación del PGOU ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno (Compromís y PSOE). Los grupos municipales del PP y Vox han votado en contra.

José Orozco ha indicado que “la normativa urbanística actual de Altea no contemplaba esta nueva realidad de las viviendas de uso turístico”, y ha manifestado que la modificación del PGOU “permitirá ahora que el municipio cuente con herramientas legales y técnicas para decidir dónde, cómo y cuándo se puede autorizar una vivienda de uso turístico”, pues “no se trata de prohibir, sino de planificar. Se trata de proteger lo que somos, sin renunciar a lo que aportamos”, ha matizado el edil.

Orozco ha señalado que durante 45 días “estará en exposición pública esta nueva ordenanza de regulación de la vivienda turística que marcará donde se podrá, y dónde no, implantar la vivienda turística en el municipio”, y ha defendido que esta modificación “es legal y necesaria, pues el objetivo de esta regulación es preservar la calidad de vida de nuestros vecinos, garantizar el acceso a la vivienda, y ordenar adecuadamente una actividad económica como es el turismo, asegurando la sostenibilidad del modelo urbano de Altea”.

Nueva suspensión de licencias

Asimismo, ha indicado que mientras esté la exposición pública, “se activa de nuevo la suspensión de licencias en los ámbitos del término municipal de Altea, correspondientes a los núcleos de Plà del Castell, avenida la Nucia, Piteres, avenida Rei Jaume I y ensanche, Clot de Mingot, calle La Mar y toda la fachada marítima hasta el puerto, Cap Negret desde el río hasta La Olla, y casco antiguo excepto rehabilitaciones patrimoniales concretas.

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El resto del municipio como Altea la Vella y sus urbanizaciones, Mascarat sur y las Galeras, La Olla y Villa Gadea, la urbanización Montahud, la carretera de la Nucia, Foieta y la zona residencial de Garganes, entre otras, queda habilitada y, por tanto, se pueden pedir nuevos informes de compatibilidad. Además, se establece un límite global del 16 por ciento de vivienda turística respecto al total de viviendas del municipio. Actualmente, estamos al 9,8 %”, ha apostillado al tiempo que ha añadido que “se prohíbe expresamente el uso turístico en zonas no aptas como el suelo industrial, y se prioriza el patrimonio como excepción justificada”.

Revisiones periódicas cada cinco años

José Orozco ha dicho también que la nueva norma “prevé revisiones periódicas cada cinco años y una actualización anual del índice de presión residencial, garantizando así un sistema dinámico, adaptado a la evolución del municipio”. Con esta medida, ha añadido, “Altea se convierte en uno de los primeros municipios en regular las viviendas turísticas desde el planeamiento urbanístico, adelantándose a muchas grandes ciudades que han optado por moratorias de urgencia”.

El concejal ha indicado que la modificación del PGOU y la nueva ordenanza “es fruto del trabajo, del estudio y de haber escuchado a la ciudadanía durante todo el año pasado”. En este sentido ha recordado que en enero de 2024 "había más 2.200 viviendas turísticas en Altea, lo que equivalía al 12 % de todo el parque de vivienda, y necesitábamos parar y pensar ante el incremento exponencial que estábamos teniendo”, razón por la que se paralizó la concesión de licencias “y durante todo el 2024 se hizo un estudio técnico y diagnóstico territorial para identificar el número, dónde, cómo y cuántas viviendas turísticas estaban implantadas en Altea”. Al respecto ha explicado que se desarrolló “un amplio proceso de participación pública muy ambicioso con 7 talleres sectoriales y encuestas donde participaros más de 500 personas entre empresarios del sector, vecinos, representantes de diversas asociaciones y colectivos sociales”.

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José Orozco ha aseverado que “fuimos de los primeros en paralizar la concesión de licencias para viviendas turística. Y aunque al principio se nos criticó mucho, después hicieron lo mismo otros pueblos y ciudades con gobiernos de todos los colores por la presión social que había. Por ejemplo, València y Alicante que están con moratorias vigentes”.

Orozco ha insistido en que “no se trata de prohibir la actividad turística, sino de planificarla de manera justa y sostenible. Se trata de proteger nuestros barrios, evitar procesos de gentrificación y garantizar que Altea continúo siendo un lugar donde vivir, y no solo donde veranear. Este equilibrio entre actividad económica y derecho a la vivienda es imprescindible para una ciudad cohesionada, habitable y sostenible”, ha afirmado.

Los pasos que seguir

¿Y cómo se hará? El concejal ha explicado que se usará “una herramienta técnica y objetiva: el Indicador de Vulnerabilidad Territorial (IVT), es decir, regularemos basándonos en lo que pasa en el territorio”. En este sentido, Orozco ha señalado que el IVT “combina tres factores fundamentales: el índice de presión residencial, que es el porcentaje de las viviendas turísticas respecto al total de viviendas. El porcentaje de viviendas principales (habitadas todo el año), donde vive mayoritariamente la ciudadanía para ponderar el acceso en la vivienda. Y la densidad de viviendas”.

Altea califica las subzonas del suelo urbano en cuatro categorías: Zonas vulnerables, zonas con riesgo alto, zonas con riesgo medio y zonas de baja vulnerabilidad

Con este indicador, Orozco ha manifestado que “hemos clasificado las subzonas del suelo urbano en cuatro categorías: Zonas vulnerables como la calle La Mar, el Eixample de la Avenida Rei Jaume I, o el Clot de Mingot. Zonas con riesgo alto como Plà de Castell o Cap Negret donde solo se permitirán viviendas turísticas si no se supera un 4 por ciento del índice de presión residencial (IPRE). Zonas con riesgo medio con un límite del 8 por ciento de IPRE. Y zonas de baja vulnerabilidad cómo en las urbanizaciones de la Sierra Bèrnia, sin restricciones específicas pero sujetas a seguimiento”.

Justificación de la regulación

El concejal de Urbanismo ha justificado la regulación con la modificación del PGOU en el sentido de que “sabiendo de los beneficios económicos, la situación actual nos obligaba a actuar. El incremento descontrolado de las viviendas turísticas a Altea podría agravar efectos negativos evidentes como la dificultad de acceso a la vivienda habitual, pérdida del tejido vecinal tradicional, problemas de convivencia, o la limitación de la capacidad de carga en entornos naturales, infraestructuras y servicios”.

Y es por ello por lo que esta regulación “no es caprichosa. Se fundamenta en el Estudio de Impacto de las Viviendas Turísticas en Altea, encomendado por este Ayuntamiento, que demuestra con datos una correlación directa entre la gran densidad de viviendas turísticas y el deterioro de la calidad de vida de la población residente”.

Por último, José Orozco ha insistido en que “también se enmarca en la normativa vigente: la Ley 15/2018 de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunidad Valenciana, y el Decreto Ley 9/2024, que reconocen expresamente la necesidad de que los ayuntamientos regulen urbanísticamente esta actividad. La normativa urbanística de Altea es del año 1982 -ha insistido- y no contempla esta realidad. Si no actuamos, se continuarán concediendo compatibilidades urbanísticas automáticas, sin tener en cuenta criterios sociales ni territoriales”.

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