El Consell ofrecerá suelo a los expropiados por la Ley de Costas estatal para compensar la pérdida de sus viviendas
La Generalitat pedirá al Gobierno central las competencias de la gestión del litoral valenciano para poder ordenar esta parte del territorio como ya hacen otras comunidades autónomas
A. Vicente
Casas en primerísima línea de playa que se derriban porque se encuentran dentro del dominio público marítimo-terrestre. Un drama para vecinos como los de la playa de Babilonia de Guardamar cuyas viviendas tienen los días contados. Sin embargo, el Consell acaba de poner sobre la mesa una opción para que, en estos casos extremos en los que ya no hay más opción, puedan contar con una alternativa habitacional. Para ello, la nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana ha incluido una disposición adicional por la que la Generalitat pondrá suelo a disposición de los habitantes a los que se expropien propiedades en primera línea de playa para que puedan tener un lugar donde vivir.
Así lo explicó el director general de Costas de la Generalitat, Marc García, quien ha presentado en La Vila Joiosa la nueva norma valenciana que ya está aprobada en Les Corts y que entrará en vigor el próximo domingo. Lo hizo en un acto a cuya clausura acudió el presidente del Consell, Carlos Mazón; el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano; la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Paqui Bartual; y el alcalde de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, entre otras autoridades.
Y, ¿qué dice esa disposición adicional? García indicó que "cuando se desarrollen planeamientos urbanísticos en los términos municipales del litoral habrá una reserva de suelo, entre el 1 y 5 %, que el promotor cederá a la Generalitat Valenciana para que esta la ponga a disposición de los habitantes que se vean despojados de sus propiedades". El director general explicó a este diario que ese suelo del desarrollo urbanístico puede estar en el mismo municipio o en limítrofes. "Se cederá al Consell para que este lo ponga a disposición de los afectados y estos puedan decidir si lo quieren o no", apuntó.
Así, la intención de la administración autonómica es "no tirar la toalla ni dejar de lado a los ciudadanos de primera línea de playa donde se van a demoler casas; los vamos a defender siempre pero hay tiempos o decisiones judiciales que han llevado a que no quede otra opción que esa recuperación posesoria por parte del ministerio de la playa", como es el caso de los vecinos de Babilonia u otras playas de la Comunidad.
En ellos se ha pensado para esa disposición transitoria, de cara a "prever una solución para, por lo menos, otorgar una alternativa habitacional a aquellos que se les despoje de sus propiedades. Por si no llegamos a tiempo en cualquiera de los procesos anteriores", como la de recurrir las decisiones del Gobierno central en materia de deslindes.
De hecho, según avanzó, la nueva ley valenciana también incluye un nuevo "mandato" para la administración que hasta ahora no existía: "La Generalitat está impugnando todos deslindes y se siguen pidiendo las obras proyectadas y las que no en estas zonas de costa, pero hasta ahora no existe una ley que nos obligue". Algo que cambia con la nueva norma valenciana: "Se ha incluido ese mandato legal en la ley, para que esté quien esté en la Generalitat se haga".
La nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana
El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, explicó que esta ley era "una motivación personal", ya que según relató, "viví de pequeño una situación dramática en mi pueblo (Chilches, provincia de Castellón) cuya imagen se me quedó grabada". No fue otra que ver cómo desaparecían las viviendas que tenía delante de su casa en primera línea. "Desde el primer día le dije al presidente que había que hacer una Ley de Costas", añadió. Y así ha sido.
El conseller en la presentación de la Ley de Costas en La Vila Joiosa. / INFORMACIÓN
"Estoy convencido de que se ha hecho lo mejor que se podía hacer. Habrá que seguir este camino le pese a quien le pese. Si llega el caso, habrá que discutirlo, pero estamos convencidos de que es lo que necesita nuestra costa", agregó. Hay que seguir haciendo "lo que han hecho nuestros antepasados durante siglos, vivir cerca de la mar, ser respetuosos y vivir de lo que nos dan la tierra", sin "prohibiciones ni quitar usos de nuestra mar".
"Desde el primer día le dije al presidente que había que hacer una Ley de Costas"
El director general de Costas, Marc García, fue quien desgranó los puntos más importantes de esta nueva normativa que se aprobó en Las Cortes y que Mazón lamentó que "no haya sido por unanimidad" de todos los grupos políticos. Primero se pusieron sobre la mesa unos datos: la Comunidad Valenciana tiene 500 kilómetros de costa, más de 10 parques naturales, más de 20 zonas dentro de la Red Natura 2000 y un 90 % de las zonas húmedas de la región en la costa.
Además, el 70 % de los valencianos viven en municipios cercar del mar y la actividad que genera es el 15 % del Producto Interior Bruto (PIB). El 70 % del turismo de la Comunidad también visita los primeros kilómetros de territorio costero. La intención es hacer compatible la protección del medio ambiente con ese desarrollo económico de las localidades costeras.
Carlos Mazón puso en valor que la nueva Ley de Costas autonómica "permite desarrollar la planificación litoral desde un enfoque más flexible, claro y seguro jurídicamente, garantizando la protección, mejora y reordenación de la costa, con sentido y equilibrio" porque "se puede cuidar la actividad humana a la vez que el entorno natural".
El 70 % de los valencianos viven en municipios cercar del mar y el 70 % del turismo de la Comunidad también visita los primeros kilómetros de territorio costero
Entre el "proteccionismo absoluto y el desarrollo sin control hay un espectro amplísimo de oportunidades que blindamos con la nueva norma" porque "el espacio en el que se genera el 15 % del PIB de la Comunidad exige una gestión que no caiga en la falsa disyuntiva entre progreso y medioambiente".
Así, la nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana regula los instrumentos de ordenación, generales y específicos y dedica un título en las playas estableciendo un sistema de catalogación de las mismas. Asimismo, supone la armadura para la reformulación del PATIVEL.
Para empezar, García explicó que la nueva ley ha recibido críticas por una "presumible indefinición de dónde se aplica". Indicó que es "más o menos los 500 metros desde las primeras zonas bañadas con el mar" pero que "se concretará en un Plan que hay que realizar". Además se creará una comisión mixta interparlamentaria con una amplia representación de todos los implicados, desde la Conselleria de Turismo o Medio Ambiente a los municipios.
Con todo, la ley "prevé instrumentos para la gestión del litoral que sean uniformes a lo largo de los todos los kilómetros de costa" porque, según García, actualmente "nos encontramos fronteras administrativas que los ciudadanos no acaban de entender. Los criterios que se aplican en costas de Castellón por el ministerio no son los mismos en Valencia o Alicante. Y eso no puede ser". Así alegó que aún es "más sangrante" si se cambia de comunidad autónoma.
Lo que hace la nueva ley valenciana es establecer las bases para "aplicar de forma igual los mismos criterios en toda la Comunidad Valenciana". El responsable autonómico puso un ejemplo: "La Albufera de Valencia y el Prat de Cabanes (Castellón) son zonas costeras, con los mismos valores medioambientales, y otras características iguales. Sin embargo, en un se permite una navegación sostenible y en el otro no. El Pativel establece esas normas a aplicar y dice que en el Prat de Cabanes no se puede y Albufera sí".
Petición de competencias al Gobierno central
Mazón desveló en el acto otra cuestión: "Solicitaremos formalmente al Gobierno de España la transferencia de competencias en la gestión del litoral valenciano bajo el amparo del artículo 49 de nuestro Estatut d’Autonomia, donde se reconoce que es competencia exclusiva de la Administración valenciana la ordenación del territorio, incluida la costa".
Lo hará el pleno del Consell del próximo 17 de junio, debido a que ya se puede solicitar al haber aprobado la nueva Ley de Costas valenciana. Hasta ahora, solo la Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias y Cantabria no tienen transferidas estas competencias.
"No es una ganancia competencial, sino cualitativa de gestión que estamos dispuestos a asumir para poder administrar con responsabilidad y cercanía lo que es nuestro desde el autogobierno", indicó el presidente de la Generalitat. Con esta medida, se reclama la transferencia de bienes y servicios, incluyendo el reparto de competencias; de personal, bienes muebles e inmuebles y recursos económicos.
"Solicitaremos formalmente al Gobierno de España la transferencia de competencias en la gestión del litoral valenciano bajo el amparo del artículo 49 de nuestro Estatut d’Autonomia"
Sobre esto, García explicó que "a día de hoy, la línea del dominio público marítimo-terrestre, es la que gestiona al 100 % el ministerio". A partir de ese punto la gestión es de la Generalitat, pero "tiene que pedir informe al ministerio por ser la zona de servidumbre". Esa primera "línea roja" es la que seguirá fijando el Gobierno central y es la que "todos los ciudadanos sufren". De ahí que se vaya a pedir el traspaso de competencias para gestionarla.
Una vez que se tenga, el "plan de ordenación costera es el siguiente elemento a aprobar y el elemento de desarrollo equivalente al Pativel. Cogerá lo dicho en la ley para aplicarla en el territorio. Ya lo hemos empezado a redactar y estará en un plazo breve de tiempo". Se dividirá la costa en tres tipos de tramos: protección ambiental, mejora ambiental y paisajística y reordenación.
En la primera no se podrán desarrollar actividades que no cumplan con esa protección. Así, en las áreas de reordenación se incluyen las áreas urbanas "donde no tiene sentido no permitir el desarrollo de actividades" como las náuticas. Y puso un ejemplo que se veía de fondo en La Vila: niños haciendo una actividad de remo en el puerto que podrían hacerlo en la playa. "Esas actividades de puesta en valor del turismo, restauración, del puerto... no tiene sentido que se limiten pero necesitan una ordenación, por eso se llama área de reordenación".
El director general añadió que "entre medio de ambas zonas, la de protección ambiental y la de reordenación, queda una gama de grises en las cuales puede haber juego, donde desarrollar actividades pero con protección del medio ambiente: las áreas de mejora ambiental y paisajística".
¿Qué se podrá hacer en las playas y qué no?
Otro paso que recoge la nueva ley es la aprobación de un catálogo de playas donde será "fundamental la voz de los alcaldes". Como en lo anterior, la nueva ley valenciana abre "una escala de grises" más allá de solo playas urbanas o naturales como marca la norma estatal: "Empezamos en las naturales de especial protección e irá bajando según lo urbanizadas que estén. Trabajar con estos aspectos de grises es fundamental". Para ello, hay marcados cinco tipos de playa.
Y puso ejemplos: la playa del Arenal de Xàbia o la de Poniente de Benidorm serían 100 % urbanas. Otro tipo serían las urbanas, pero con valores ambientales a proteger y también están las que tengan zonas naturales con protección de la red natura 2000 o especies endémicas, como la costa en la zona de la Malladeta de La Vila Joiosa.
Existen playas que tienen una trama urbanística consolidada pero "existe un cordón dunar que merece la pena proteger donde hay especies endémicas. En ellas se pueden permitir una serie de actividades. La ley establece qué se puede hacer de carácter natural y qué no, y otras que se podrán hacer con autorización". Con todo, el último escalón son las playas 100 % naturales, como la del Saler, "donde por supuesto se necesita protección ambiental".
Cambio de la ley estatal y los núcleos de valor etnológico
En la presentación de la nueva Ley de Costas valenciana, tanto el conseller como Mazón como el propio García insistieron en la necesidad de cambiar la ley estatal, una petición que se lleva repitiendo desde hace tiempo. De hecho, al estar paralizada desde hace más de un año esa modificación en el Congreso tras ser aprobada en el Senado, ahora se incluirá una iniciativa de varios grupos parlamentarios para esta cuestión que se debate y vota este martes.
No solo se pide eso, sino que el Gobierno central acometa a medio y largo plazo las obras pendientes y actuaciones como "una aportación de sedimentos lo más continuo posible a las playas" para parar la regresión, explicó García. Así, puso el ejemplo de las playas de Dénia: "Los sedimentos vienen del río Ebro, a 300 kilómetros en línea recta. Si llenamos el recorrido de presas, hay una pérdida constante de los sedimentos que van a las playas. La solución no es demoler presas que son fundamentales para la agricultura o la laminación de agua. Pero existen técnicas que permiten que haya trasvase de sedimentos".
Además, criticó que, ante esa regresión de las playas, la única solución que ha puesto el ministerio son los nuevos deslindes, es decir, "mover la línea del dominio público marítimo-terrestre. Así, "hay propietarios en primera línea que ahora se convierten en concesionarios, que pasan a tener una propiedad en el dominio marítimo-terrestre", que, en algunos casos, puede acabar derribándose.
Ante eso, uno de los pilares más importantes que destaca en la nueva ley es la declaración de núcleos de valor etnológico. Y, ¿cuáles serían? Pues aquellas zonas costeras con usos tradicionales y culturales donde hay casas que "en algunos casos con más de 100 años de antigüedad no han hecho daño al medio ambiente, llevan toda la vida en primera línea y en otros deslindes quedaban fuera del dominio público marítimo terrestre". Es el caso de las viviendas de la playa de Babilonia de Guardamar o de Les Deveses en Dénia. Playas que han sufrido la regresión y que ahora están pendientes de ese deslinde y que cambien la propiedad de las casas a concesiones o directamente las derriben por parte del Gobierno central.
Mientras la ley estatal sufre o no una modificación sobre estos deslindes, la nueva ley valenciana intentará proteger determinadas zonas para que no desaparezcan en primera línea. García explicó que "entendemos que la ley autonómica no es la herramienta ideal para la protección, lo ideal es modificar la estatal. Pero es una herramienta que con una norma de rango de ley va a proteger los núcleos de valor etnológico". Se es consciente de que "no será suficiente en algunos casos e irá a los tribunales, pero se va a establecer para estos núcleos en primera línea del litoral". Habrá un decreto del Consell que será el que regule cómo se va a proceder en estos casos.
Protección de la posidonia
El director general recalcó que la nueva ley "en ningún caso es un paso atrás en la defensa del medio ambiente". De hecho es la primera ley de la Comunidad "que da protección a la posidonia, el pulmón verde y riqueza natural que tiene el mar". Hasta ahora, "solo había una protección a nivel reglamentario que no tenía repercusión administrativa con sanciones establecidas. Con esta ley autonómica se establece por primera vez protección con rango legal y régimen sancionador para aquel que la dañe".
La jornada fue inaugurada por el alcalde de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, quien felicitó a los redactores de la normativa y a la Generalitat por ponerla en marcha. "Con esta ley se da respuesta a desafíos tan importantes como la regresión de las playas, la presión urbanística, la falta de accesibilidad o el impacto del cambio climático. Esta ley reconoce algo que, desde los ayuntamientos, llevamos tiempo reclamando: que no se puede gobernar el litoral desde la distancia", agregó el primer edil.
Los expertos de la mesa que se ha celebrado en La Vila Joiosa. / INFORMACIÓN
La jornada arrancó con una mesa redonda donde explicaron los detalles de la legislación el presidente del Foro Municipios de Costa de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Wenceslao Alós; la profesora de Derecho Administrativo y redactora de la ley, Inmaculada Revuelta; el director de la Cátedra interuniversitaria de Economía Azul de la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández, Fernando de Rojas; el abogado Javier Martí; y el representante de la asociación Somos Mediterránea, Manuel López.
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