La Audiencia Provincial cita a 32 testigos por el caso de los enchufes del PSOE en el Ayuntamiento de Benidorm

Más de 12 años han transcurrido desde que el SPPLB pusiera la denuncia ante la Fiscalía por el denominado caso de los “enchufes” en la época que el PSOE gobernaba en Benidorm. El Ministerio Fiscal abrió acusación contra ocho concejales y técnicos de la época por prevaricación, malversación y tráfico de influencias y tendrán que declarar este jueves en la citada sede judicial. Entre los días 9 y 16 de diciembre comparecerán 32 testigos, en cuatro sesiones, tanto de la acusación como de la defensa para aclarar un litigio que se produjo a partir de 2009.

Según el señalamiento al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, la Audiencia Provincial de Alicante, ha citado el 9 de diciembre como testigos de la acusación particular, que ejerce el Sindicato Profesional de Policía Locales y Bomberos (SPPLB), a 12 personas relacionadas con los hechos.

Dieciocho testigos

En primer lugar declararán los cuatro policías adscritos a la mencionada central sindical a los que se suman Mariola Fluviá Peiró, exconcejala de Playas; Juan Fuertes Apastegui, exjefe de la Policía Local; Gema Amor Pérez, entonces edil del CDL y concejala del Gobierno local tras pactar con el PSOE; Francisca Carpio Crespo, extrabajadora social; Antonio Francisco Cruañes y Alfonso Alonso Serrano, ambos trabajadores en el área de Deportes; Moisés Pellicer Carrasco, técnico de Medio Ambiente y Playas; y Francisca Marín Navarro, que entonces ejerció funciones de secretaria del Ayuntamiento.

La mayoría de ellos obtuvo un puesto de trabajo o una elevación a superior categoría por estar relacionados con la militancia en el PSOE, según denuncia del SPPLB, en una acusación que se centra en contratos y pluses.

Sesión del 10 de diciembre

A este grupo hay que unir el que cita el fiscal para el 10 de diciembre y que forman Lorenzo Medina Juan, exjefe de Recursos Humanos; José Ignacio Oiza, entonces interventor; Francisco José García Martínez, que ejercía funciones de Secretario; Dolores Lillo, coordinadora de Servicios Sociales; Rafael Vicente Queralt, Síndico Mayor de Cuentas; y la técnica María Isabel Pérez Aparicio.

El día 11 se abre el turno para los funcionarios de la Brigada de Blanqueo de Capitales y los testigos de la acusación particular, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Cristina Escoda Santamaría, en aquel momento era edil en el grupo gobernante; y Encarna Llinares Cuesta, entonces subdelegada del Gobierno en Alicante.

Esa misma jornada prestarán declaración los testigos de la defensa de la concejala de Hacienda, Natalia Guijarro, que son Roque Pérez Agulló y Antonio Couto de Granja, en ese momento director de la Biblioteca Municipal.

Ya el día 16 serán los testigos de la defensa de Daniel Caneiro, coordinador de Recursos Humanos, con Jose Juan Server Gallego.

Testigos de la defensa

En la defensa del exconcejal de Personal Juan Ramón Martínez, testificarán el trabajador de instalaciones deportivas Juan Caro Fernández; Justo López Díaz, nombrado criminólogo; Bernabé Sánchez Tena, coordinador de centros sociales; y Jaime Pérez Marcet, director adjunto del Palau d´Esports L´Illa. Todos ellos fueron ascendidos de categoría, según la denuncia del sindicato.

Otros testigos citados esa jornada son Laureano Pérez Santamaría, que presta sus servicios en Personal y que acude como defensa de los acusados Julio Fernández Lleras, que fue Jefe de Negociado de Nóminas, y de José Asensio, entonces Jefe de Negociado de Contratación y Seguridad Social.

Los testigos de la defensa de la Jefa de Recursos Humanos Carmen Navarro, son Fernando Mahiques, actual director de la Biblioteca Municipal y Jerónimo Miralles Pascual.

Concejales y técnicos acusados

Antes, este jueves 6 de noviembre, están citados como acusados los exconcejales Juan Ramón Martínez y Natalia Guijarro y los técnicos José Asensio Calamero, Daniel Caneiro Espino, María Dolores Cantó Cerdá, Julio Fernández Lleras, María Matilde Martínez Pérez y Carmen Navarro Orts.

Como ya publicó este diario, los dos exediles, ya fuera de la política, y seis técnicos municipales están imputados por supuestos delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias. Para ellos, el fiscal pide penas de ocho años y seis meses de inhabilitación para cargo público en el caso del delito continuado de prevaricación administrativa y de cuatro años y seis meses de prisión por malversación.

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