El Club Náutico de Campomanes de Altea, en peligro por la oposición del concesionario a incluirlo en la prórroga del contrato

El Club Náutico de Campomanes ha alertado sobre el riesgo que sufre de desaparición al no incluirle Greenwich S.A., concesionaria del puerto deportivo, en la prórroga del contrato. El club se ha dirigido a la Conselleria de Medio Ambiente para que resuelva su continuidad a la vista de lo que considera una “interpretación” de la concesionaria para apropiarse de un edificio cuyo derecho de uso adquirió el Club Náutico hace 50 años.

Corría 1983 cuando el Club Náutico adquirió el suelo, para la construcción de su sede y el restaurante en el puerto de Campomanes de Altea, al primer concesionario que regentaba el centro portuario. Catorce años más tarde fue la mercantil Greenwich S.A la que obtuvo la licencia. Ambos se regían por las cláusulas de la concesión administrativa de 1976, que vencen en 2026, y que Medio Ambiente ha prorrogado por otros diez años.

Solo para Greenwich

Sin embargo, la empresa ha comunicado al Club Náutico que debe abandonar la gestión, arrogándose todos los servicios e instalaciones del puerto, decisión que el secretario del mismo Gonzalo Pons-Trénor no ve admisible.

“La conselleria ha dado diez años de prórroga al puerto y lo que dice Greenwich es que ‘esto es para mí’, también los amarres, es decir que pretende que la continuidad le afecte sólo a él, y a nosotros nos pide que nos vayamos”, sostiene Pons-Trénor.

Abuso de derecho

A la vista de estas circunstancias el Club Náutico de Campomanes ha emitido un comunicado en el que denuncia un abuso de derecho y un riesgo real de que el Club Náutico desaparezca “después de 40 años de historia dedicados a la formación en vela, regatas y la promoción de valores medioambientales”.

La entidad considera que Medio Ambiente debe aclarar los términos de la concesión para saber si la mercantil puede terminar con el Club Náutico. Además, denuncian que Marina Greenwich está intentando hacer caja con la nueva concesión.

La sociedad optó a la nueva contratación al comprometerse a invertir 1,4 millones de euros para arreglar el dique del puerto; a cambio, la conselleria “abre la puerta a que la empresa obtenga un beneficio exclusivo en perjuicio de los más de 400 titulares privados de amarres y locales”.

Se da el caso de que los desperfectos del dique se produjeron por las obras de ampliación que inició la empresa en 2004 y que finalmente no fueron autorizadas. A tenor de ello se presentaron como perjudicados y solicitaron una indemnización de 93 millones de euros por lucro cesante. Después de varios recursos judiciales, el Tribunal Supremo obligó al pago de 1,8 millones, pero sólo por la paralización, descartando el multimillonario abono que pretendía la mercantil.

Beneficio desmesurado

Para el Club Náutico queda claro que la empresa está intentando vender la prórroga de la concesión por un valor estimado de entre 30 y 40 millones de euros, “lo que supondría un beneficio absolutamente desmesurado de hasta un 2.500 % respecto al coste de las obras comprometidas”.

El secretario del Club Náutico incide en que se sienten “totalmente desprotegidos” ante estas circunstancias y hace un llamamiento a la conselleria y a las instituciones públicas “para que actúen con transparencia e imparcialidad, garantizando que la prórroga beneficie también a los titulares de derechos, y no únicamente a la concesionaria”.

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