Ocho policías locales de La Vila declaran el próximo 2 de diciembre por no detener a un presunto maltratador

Otra vez la Policía Local de La Vila Joiosa vuelve a ser objeto de acusaciones en los juzgados. En esta ocasión son siete agentes del cuerpo policial más un inspector los que están citados el próximo 2 de diciembre para declarar como investigados en el Juzgado de Instrucción Número 2 por omisión del deber de perseguir delitos. El octavo funcionario investigado es el inspector J.J.L.D. al mando de la operación y que anteriormente fue nombrado interino por el alcalde Marcos Zaragoza después de haber suspendido el examen con un 1,4 de puntuación.

Los hechos que se investigan judicialmente se inician por un suceso que implicó a una ciudadana de origen eslavo implicada en un suceso de malos tratos. Los policías locales acudieron al lugar que indicó el denunciante al mando de un inspector que fue nombrado interino por el alcalde del PP Marcos Zaragoza después de haber obtenido solo un 1,4 en las oposiciones de acceso.

El caso ocurre en abril de 2024 cuando una llamada a la Policía Local sobre un presunto maltrato en el interior de un coche hace que los agentes detengan el vehículo que conduce un hombre portando a su pareja y a su hija de tres años en la parte de atrás. La víctima aduce que tiene grabadas en su móvil las amenazas de muerte mientras que él alude a que tiene en su domicilio un arma de aire comprimido que quiere entregar.

Se da la circunstancia que el presunto agresor ya tenía varios antecedentes por amenazas y malos tratos, una condición que obviaron los agentes según consta en la información de la Guardia Civil, a pesar de que existe un informe de seguimiento de la víctima del año 2018. Los ocho agentes no detuvieron al agresor aunque protegieron y acompañaron a la víctima y recogieron el arma de aire comprimido que el hombre entregó a la policía.

Por todas estas irregularidades la policía judicial se ha presentado como acusación particular en el sustento de que puede haber un “responsabilidad penal” por dejación de funciones “manifiesta y total” de los agentes y el inspector.

Y viene dado el argumento porque “no detienen al victimario por un presunto delito de violencia de género (...)y amenazas de muerte. La situación aún adquiere más gravedad por el hecho de que la policía no instruye diligencias de la intervención sino que “se limita a redactar un informe y lo entrega al turno entrante”.

Esta actuación es la que ha llevado al Juzgado a abrir diligencias previas después de que la víctima se haya presentado como acusación particular y la Guardia Civil denunciara el caso. Por lo que los agentes podrían haber incurrido en una omisión del funcionario del deber de perseguir delitos. Después de estos hechos, la denunciante fue dada de alta en el sistema VIOGEN como riesgo alto por violencia doméstica.

Los agentes suspendidos con 4'4 y 1'4 son cesados como inspectores 11 días después de caducar su asignación temporal

El nudo de acontecimientos vividos en la Policía Local de La Vila también implica el caso de los “enchufes” por el que dos oficiales les fueron asignadas funciones de inspectores a pesar de haber suspendido las oposiciones. Uno es el inspector al mando de los siete agentes en la intervención irregular en la que no se detuvo al presunto maltratador; el segundo inspector es el nombrado por el alcalde con asignación temporal como inspector y cuyo nombramiento caducó el pasado 14 de noviembre.

El concejal de Personal, Paco Pérez Buigues, ha firmado este martes las resoluciones de cese de sus funciones temporales de los inspectores con 11 días de retraso, ya que el nombramiento se produjo el 14 de noviembre de 2024 por el plazo de un año, aunque se especifica que el cese es con efecto retroactivo de esa fecha.

Este segundo policía fue el que provocó la renuncia del Jefe de Protección Civil de La Vila, Pedro Márquez, que le acusó de abuso de poder, de “déspota” y de someter a los voluntarios a realizar funciones que no les correspondían. Desde entonces el grupo no ha recuperado su número y está funcionando bajo mínimos.

El caso de los “enchufes” está también siendo investigado por el Juzgado Número 2 tras la denuncia de Fiscalía a instancias del presidente de Grupo Vecinal Villajoyosa (GVV), Agustín López Mayor, por un presunto delito de prevaricación relacionado con nombramiento.

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