La Audiencia archiva la causa de los presuntos enchufes de Benidorm para cinco de los ocho acusados

La Audiencia de Alicante ha archivado la causa por los presuntos enchufes en el Ayuntamiento de Benidorm para cinco de los ocho acusados, entre ellos la exconcejal socialista Natalia Guijarro, tras aceptarse parte de las peticiones de nulidad planteadas por las defensas al inicio del juicio. El procedimiento continuará únicamente con tres acusados en el banquillo, entre los que se encuentra el exconcejal socialista Juan Ramón Martínez, así como los responsables del departamento de Recursos Humanos durante los años en los que este ocupó su cargo en el Ayuntamiento. A los ocho acusados se les imputaba el haber formado parte de una trama para contratar a personas afines al partido socialista durante el periodo 2009-2012.

Del mismo modo, la sala también ha acordado la expulsión del procedimiento del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de la Comunidad Valenciana, que ejercía la acusación particular, al entender que no se trata de un perjudicado directo por los delitos enjuiciados. Si quiere continuar en la causa deberá hacerlo como acción popular, lo que le obligaría a presentar una fianza cuya cuantía está aún por determinar.

Según la Fiscalía, durante el gobierno socialista se habrían formalizado alrededor de 130 contratos temporales, de los cuales 43 habrían beneficiado a personas con vínculos familiares o políticos con el equipo de gobierno. El perjuicio económico estimado para las arcas municipales se eleva a unos 4,5 millones de euros, derivados de contrataciones y complementos retributivos irregulares, según los escritos de acusación. Se les acusa de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Tanto Guijarro como Martínez ya no están activos en la vida política.

El principal motivo de nulidad que ha llevado al archivo para estos acusados radica en que su imputación se produjo cuando ya se habían agotado los plazos legales para proseguir con la investigación judicial. Desde 2015, la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija un máximo de dieciocho meses para la investigación de causas declaradas complejas, plazo que es renovable. Aunque esta causa fue declarada compleja en su momento, la Audiencia ha constatado, tras examinar la documentación, que la segunda prórroga se acordó fuera de plazo, de modo que cuando estos investigados fueron citados al juzgado el plazo ya había vencido. Por ello, la sala ha acordado el cierre de la causa para ellos. Las defensas alegaban que la investigación continuó cuando los plazos de instrucción ya se habían cumplido, llegando incluso a imputarse a la exedil Guijarro fuera de plazo y por hechos ocurridos cuando ni siquiera era concejala. Según argumentaron tanto su imputación como la de un técnico se produjo cuando los plazos de la instrucción ya habían acabado.

La Audiencia no ha podido pronunciarse todavía sobre si toda la documentación remitida al juzgado desde el Ayuntamiento de Benidorm con posterioridad a esa fecha debe considerarse nula, ya que esa cuestión deberá analizarse en el momento de redactar la sentencia para determinar qué pruebas son válidas y cuáles no.

Protesta de la Fiscalía y la acusación

Al inicio de la vista, tanto la acusación particular como la Fiscalía defendieron sus posiciones. Ambas reclamaron la necesidad de continuar con la causa con todos los acusados y defendieron la actuación del juzgado. La Fiscalía alegó que ninguno de los acusados había cuestionado los plazos hasta el inicio del juicio, lo que, a su juicio, invalidaría su postura. Sin embargo, la Audiencia entiende que, si se ha producido una vulneración de derechos fundamentales, resulta irrelevante que los acusados lo hubieran alegado antes o no. Tanto la Fiscalía como la acusación que ejerce el sindicato a través del abogado Luis Santamaría han protestado contra la decisión de la sala. El abogado de la acusación también incidía en que la documentación no empezó a llegar al juzgado hasta el momento en que hubo relevo en el Ayuntamiento benidormense. "Hasta entonces eran los acusados quienes controlaban qué documentación se enviaba al juzgado", dijo.

La Sección Segunda también ha señalado que en estos momentos no se puede determinar si en estos momentos los delitos están o no prescritos. Será en el momento de redactar la sentencia y ver los hechos en su totalidad cuando se determinará si hay o no prescripción. El tribunal también ha rechazado la petición de nulidad de las defensas del auto donde se procesó a todos los acusados, al incidir en que dicha resolución fue confirmada por la Audiencia.

Todos los acusados habían pedido declarar en último lugar. El juicio tenía que haber empezado este martes con la declaración de los primeros testigos, pero todas las comparecencias quedaron aplazadas. El tribunal celebró una vista para que las acusaciones respondieran a las peticiones de nulidad. Tras una breve deliberación, la Sección Segunda ha estimado los argumentos de parte de las defensas, entre las que se encontraban los abogados Jorge Martínez Navas, Agustín Rivera, Miguel Sepúlveda, Fernando Candela, Sebastián Crespo Baeza y Judith Torregrosa. La Audiencia deberá poner ahora una nueva fecha tras el recorte de acusados en el banquillo.

Suscríbete para seguir leyendo