El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de Benidorm para evitar pagar 350 millones de euros por el suelo en Serra Gelada

Benidorm ha perdido la que posiblemente sea su última bala jurídica en el caso de Serra Gelada. El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso de amparo con el que el Ayuntamiento quería evitar el pago de 350 millones de euros a los propietarios del suelo en el APR-7 de Serra Gelada.

Esta decisión, notificada oficialmente este martes al Ayuntamiento, pone contra las cuerdas las arcas municipales, al suponer una compensación económica que duplica el presupuesto municipal.

En una providencia con fecha de 8 de enero de 2026, a la que ha tenido acceso EFE y ha confirmado este medio, la Sección Cuarta de la Sala Segunda del TC rechaza admitir a trámite el recurso por "no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional" que la ley fija como condición para su admisión.

Condena histórica en Benidorm

El mismo tribunal notifica que se archivará las actuaciones "sin más trámite" en caso de que el Ministerio Fiscal no haya interpuesto recurso de súplica, para lo cual tiene un plazo legal de tres días, sin que haya trascendido si ha habido recurso.

Así, el Consistorio vuelve al punto de partida y se enfrenta a una sentencia firme que le obliga a pagar una indemnización de más de 350 millones de euros a las empresas Murcia Puchades Expansión, SL y Urbana Villajoyosa 2000, SL, por unos terrenos situados en el Parque Natural de Serra Gelada, cuya edificabilidad fue anulada tras la declaración de protección ambiental.

La resolución judicial compromete gravemente la estabilidad financiera del municipio, y abre ahora un escenario en el que el Ayuntamiento podría tratar de buscar un acuerdo con los dueños de los terrenos, para fraccionar este dinero en un tiempo o recibir algún otro tipo de compensación, aunque no ha trascendido nada al respecto.

El Ayuntamiento estudia la providencia

Desde el ejecutivo municipal del PP se han limitado a explicar que ha sido este martes cuando se ha recibido la notificación oficial del TC, y que "por ahora lo único es que se están esperando directrices de los servicios jurídicos que están estudiando los pasos a dar y cómo actuar".

Así, esta decisión judicial ha sido comunicada al PSOE y Vox en la Junta de Portavoces. Y se trata de una providencia que se une al fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, que se notificó el lunes, y que daba la razón a los propietarios en otro litigio paralelo pero directamente relacionado.

El TSJ anula el acuerdo del pleno de Benidorm por el que se anulaban los convenios urbanísticos que han dado pie a esta millonaria indemnización. Y lo hace porque ya hay una sentencia en firme, avalada por el Supremo que es a su vez la que Benidorm había recurrido ante el Tribunal Constitucional. El Ayuntamiento explicó el lunes que estaban estudiando si se recurre esta decisión del TSJ, que no es firme.

Origen del conflicto

La familia Puchades era la propietaria de unas parcelas en Serra Gelada que eran urbanizables y se vieron afectadas por la protección de este enclave natural. Entre la administración local y los dueños se firmó un convenio en 2003 por el que se establecían medidas de compensación a cambio de la protección del entorno.

Así, el Ayuntamiento se comprometía a darles compensaciones urbanísticas en otros grandes parciales del municipio, entre los que se encontraba el de Armanello.

Sin embargo, estas compensaciones no se llegaron a materializar, y en 2015, ante el incumplimiento del convenio, los propietarios valoraron los terrenos en 283 millones de euros y solicitaron su compensación en metálico o en especie.

En 2018 interpusieron una reclamación judicial. En primera instancia, el Ayuntamiento obtuvo un fallo favorable, pero los propietarios recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia, que les dio la razón.

El TSJ consideró que el Consistorio había adquirido compromisos válidos, que no se habían cumplido, y fijó la compensación en 283 millones de euros, más intereses. El Tribunal Supremo inadmitió el recurso del Ayuntamiento en abril de 2025, confirmando la sentencia y dejando la indemnización como firme.

El siguiente paso de la corporación local fue recurrir al TC, interponiendo un recurso de amparo, y solicitar la suspensión de la ejecución de sentencia en lo que se resolvía el recurso que, finalmente ha sido inadmitido.

La postura del Ayuntamiento de Benidorm

El ayuntamiento benidormense, presidido actualmente por el popular Toni Pérez, sostiene que los convenios son nulos de pleno derecho, al considerar que no se llegó a efectuar la cesión de terrenos ni se cumplieron los requisitos urbanísticos previos.

Ha abierto varias causas judiciales paralelas para impugnar la validez de los acuerdos firmados y anular la responsabilidad patrimonial, una vía que todavía no se ha agotado, ya que cabe recurso a la sentencia del TSJ comunicada el lunes, para la que se dispone de 30 días de plazo, aunque se antoja que las posibilidades de fructificar son muy remotas.

El fallo del TSJ alega a jurisprudencia del propio Supremo para no poder alterar algo que ya se ha recogido en una sentencia firma, y que es la indemnización de 783 millones. El Ayuntamiento también ha pedido al TSJ la suspensión de la ejecución de la sentencia de los 283 millones más intereses, estando a la espera de respuesta.

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