Estos son los astronómicos intereses que genera cada día el caso Serra Gelada en contra de Benidorm

El fallo por Serra Gelada genera 47.500 euros al día en intereses de demora en contra del Ayuntamiento de Benidorm. Un pago que se elevaría ya a 350 millones de euros por este retraso, y que crecería a razón de 17,3 millones al año, siempre según los datos que ha dado a conocer este miércoles el PSOE de Benidorm. En total, unos 4.500 euros por habitante.

Por ello el PSOE ha vuelto a reclamar la dimisión del alcalde Toni Pérez "por llevar a Benidorm a la quiebra por sus decisiones sobre Serra Gelada". Y pide contactar de inmediato con el Ministerio de Hacienda para abordar un rescate del Consistorio.

El Grupo Municipal Socialista de Benidorm ha exigido así al primer edil que asuma "responsabilidades políticas por la situación de quiebra técnica a la que ha llevado al Ayuntamiento por sus erráticas y caprichosas decisiones", tras el rechazo del Tribunal Constitucional (TC) al recurso de amparo presentado, que se notificó este pasado martes.

El PSOE considera al alcalde el "principal artífice” de este "desastre financiero"

Esta decisión del TC hace que Benidorm esté abocado al pago de 350 millones de euros. Y el PSOE ha señalado al alcalde como el “principal artífice” de este "desastre financiero".

El PSOE afirma que cada día la deuda se hace más grande, unos 47.500 euros en intereses de demora, según las cifras que el PSOE explica han dado los técnicos municipales en las comisiones. Todo por la reclamación de 283 millones de euros de los propietarios de las parcelas afectadas por la protección de Serra Gelada.

A esta cantidad de 283 millones hay que incluirle los intereses legales a contar desde el 11 de diciembre de 2019, fecha de la valoración del suelo fijada en la sentencia, lo que elevaría la cifra en torno a los 350 millones, según el PSOE. Este medio está a la espera de si el Ayuntamiento puede concretar a cuánto ascendería ya la indemnización y cuánto representan los intereses.

Del mismo modo, desde la familia Puchades, propietaria de las parcelas afectadas y ahora acreedora del Ayuntamiento, han declinado por ahora realizar declaraciones sobre la sentencia y los pasos a seguir ahora.

Origen

La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha recordado que el origen de esta crisis se remonta a 2003, cuando el actual alcalde votó a favor de firmar los convenios urbanísticos que originaron unos derechos a los propietarios que “ahora nos toca pagar en forma de sentencia millonaria”.

“Mientras el PSOE se mantuvo en contra de aprobar estos acuerdos por su peligrosidad para el interés general, el señor Pérez fue uno de sus valedores”. Así mismo, Escoda ha criticado la “famosa hoja de ruta" del alcalde y su cambio de postura.

Toni Pérez no calibró las consecuencias de sus acciones, actuó por impulsos, con altivez y prepotencia. Una actitud que al final va a afectar, y mucho, a todos los ciudadanos

Cristina Escoda

— Portavoz del PSOE de Benidorm

“Toni Pérez votó a favor de este convenio en 2003 estando en el gobierno, y volvió a votar a favor de renovar los convenios en 2010 ya con un alcalde socialista en la ciudad, posponiendo así el pago de la compensación a los propietarios de los terrenos. Fue en 2013 cuando el grupo popular y su portavoz Toni Pérez cambiaron de postura rechazando renovar por segunda vez los convenios. Un posicionamiento que reafirmó al llegar a la Alcaldía en 2015, cuando no solo se negó a novar los convenios sino que decidió anularlos”, ha explicado Escoda.

La dirigente socialista ha remarcado que "Toni Pérez fue protagonista cuando se originó el problema en 2003 y ha sido el máximo responsable de la mayor condena a un Ayuntamiento de España". Así, ha añadido que “no calibró las consecuencias de sus acciones, actuó por impulsos, con altivez y prepotencia. Una actitud que al final va a afectar, y mucho, a todos los ciudadanos”, ha indicado.

Desde el grupo socialista han instado al equipo de gobierno del PP a abandonar el discurso de la “serenidad” y reconocer la "extrema gravedad" del escenario actual.

Según los cálculos del PSOE, "la sentencia de Serra Gelada supone una carga de aproximadamente 5.000 euros por cada habitante de Benidorm. A esta cifra se le suma los intereses de demora que suben a un ritmo de 47.500 euros diarios hasta que no se haga efectiva la compensación en su totalidad".

En concreto, serían 4.526 euros por habitante, teniendo en cuenta que el último dato de la población de Benidorm de 2025, según el INE, es de 77.327 habitantes.

Inversiones en peligro e impuestos

“Hablar de prudencia es un insulto a los ciudadanos cuando se ponen en peligro inversiones estratégicas, nos enfrentamos a recortes en servicios y a una posible subida histórica de impuestos para tapar el agujero que han originado por su lamentable gestión”, ha denunciado Escoda.

La portavoz ha insistido en que "ni el alcalde ni su equipo están capacitados para sacar a la ciudad de esta encrucijada", recordando el precedente de 2009 cuando entró a gobernar el PSOE tras la moción de censura: “Nos encontramos un Ayuntamiento con 140 millones de deuda por las políticas de obras faraónicas, sobrecostes y despilfarro del PP. Ahora, han triplicado aquel desastre”.

Diálogo y rescate del Ministerio de Hacienda

Para los socialistas, la solución pasa por un cambio radical en la estrategia política. En primer lugar, han exigido que se reconduzcan las relaciones con la familia Puchades desde el respeto y la negociación técnica, “abandonando la chulería y la prepotencia que han caracterizado al PP en este conflicto y que solo nos han llevado a perder en los tribunales”.

Así mismo, los socialistas han instado al alcalde a iniciar de inmediato contactos con el Ministerio de Hacienda por si tenemos que acudir al Fondo de Ordenación. “Es la única salida viable para evitar la parálisis total de Benidorm. Necesitamos un plan de rescate ante una gestión que nos ha llevado al abismo”, han afirmado.

Falta de transparencia

Por último, el grupo municipal socialista ha solicitado, una vez más, que sean los técnicos municipales quienes expliquen detalladamente la situación y los informes jurídicos a todos los grupos de la corporación en el seno de las comisiones informativas y no solo en Junta de Portavoces.

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