Así va a tensionar a Benidorm el pago de 350 millones de euros por Serra Gelada

El camino que se abre ahora para Benidorm es incierto. Y muy gravoso. Son muchas las incógnitas que quedan para ejecutar la sentencia respaldada por el Constitucional por la que el Ayuntamiento tiene que abonar 283 millones más intereses, lo que podría elevar la cifra ya a los 350 millones. Todo por una compensación urbanística a los dueños de terrenos urbanizables de Serra Gelada por la protección de este valioso enclave, que se declaró parque natural en 2005.

Se trata del final a una década de litigios, y un pago que supone más del doble del presupuesto municipal anual, que para 2026 su borrador lo fija en 146,6 millones de euros. Es decir, como si el Ayuntamiento estuviera dos años dedicando en exclusiva todo su dinero a abonar esta deuda, algo que evidentemente no va a pasar. Y para ello los expertos consultados por INFORMACIÓN apuntan distintas medidas, en muchos casos complementarias, para poder sobrellevar este varapalo.

Así, se plantean reducción de inversiones, ajuste de gastos, petición de préstamos, solicitar financiación al Gobierno central o a la Generalitat, vender terrenos, subir impuestos, negociar con los acreedores...

Expertos plantean reducción de inversiones, ajuste de gastos, préstamos, solicitar financiación al Gobierno central o a la Generalitat, vender terrenos, subir impuestos y negociar con los acreedores para afrontar el pago de los 350 millones

La sentencia representa multiplicar la actual deuda del Ayuntamiento, situada en 32,9 millones, por casi 12, acercándose a los 400 millones. Eso sí, el nivel de endeudamiento a fecha 31 de diciembre de 2025 es del 26 %, muy lejos del 75 % a partir del cual son obligatorios mayores controles y autorizaciones para contratar nueva deuda. Y se dispararía con Serra Gelada hasta un 300 %.

Así, constituye un golpe “brutal” en palabras del propio alcalde, el popular Toni Pérez, que por otra parte descarta que el Ayuntamiento vaya a ser intervenido ni vaya a la quiebra ni que vaya a conllevar un aumento de impuestos.

Fortaleza económica

Confía en la fortaleza económica de la capital turística de la Costa Blanca para salir de este millonario desafío. Y desde el Consistorio se han limitado a añadir que se sigue esperando indicación de los técnicos para establecer cuáles son los siguientes pasos que hay que dar.

Toni Pérez fija la postura del Ayuntamiento de Benidorm sobre la sentencia de Serra Gelada

Además, la Corporación todavía está en plazo de recurrir ante el Supremo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en un proceso paralelo sobre la anulación de los convenios urbanísticos que generaron el derecho que ha derivado en esos 283 millones más intereses, aunque parece complicado que pueda prosperar.

Quebranto

Eso sí, desde el departamento municipal de Intervención ya alertaron el pasado año del “quebranto” y “grave trastorno” que supondría este pago de tener que afrontarlo finalmente. Del mismo modo habrá que ver qué pasa con el borrador de las cuentas municipales para 2026, que posiblemente se vayan a ver afectadas y mucho por este golpe.

El PSOE ya ha reclamado pedir el rescate del Ministerio de Hacienda, para poner en marcha un mecanismo por el que el Gobierno central preste dinero a través Fondo de Financiación a Entidades Locales, para lo que se requiere un plan de ajuste y la tutela financiera de Hacienda.

Y expertos consultados por este medio señalan que el camino más lógico sería solicitar la ayuda de la Generalitat o del ministerio, aunque el elevado valor de terrenos urbanos o urbanizables que pudiera el Consistorio vender o incluir en la operación podrían abaratar de forma sensible esa cantidad final, aunque hay discrepancias sobre la idoneidad de esta fórmula. Y Benidorm es una plaza muy golosa en términos urbanísticos.

Serían necesarios un endeudamiento previa autorización del Ministerio de Hacienda y planes de ajuste bajo la tutela de dicho ministerio, por superar el nivel de deuda

Manuel Marco

— Miembro del Colegio de Economistas de Alicante

La siguiente fase que debe afrontar la Corporación es presentar un calendario de pagos, que debe ser aceptado por los acreedores, la familia Puchades, y si no el juez debe intervenir para establecerlo, por lo que ahí el probable que se abra una nueva batalla legal tras poner fin el Tribunal Constitucional al proceso principal con la inadmisión del recurso de amparo.

Planes de ajuste

Sobre cómo poder afrontar el pago de 350 millones, que de cualquier forma no serían en un solo abono, Manuel Marco, del Colegio de Economistas de Alicante, apunta los pasos que tendría que dar una administración local para afrontar una deuda así, sin entrar en el caso particular de Benidorm.

Así, sostiene que de entrada serían necesarios un “endeudamiento previa autorización del Ministerio de Hacienda y planes de ajuste bajo la tutela de dicho ministerio, por superar el nivel de deuda”.

Además, “en el plan de ajuste se tendrá que plantear cómo obtener ingresos extraordinarios, seguramente mediando operaciones urbanísticas”. Eso sí, ha aclarado que “solo entro en cómo pueden pagar, no en el fondo jurídico del asunto, que debe ser muy complejo, naturalmente”.

Gran operación de endeudamiento

Por su parte Julián López Milla, profesor titular de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante (UA), ha explicado que “el ayuntamiento tendrá que asumir una gran operación de endeudamiento, tratando de llegar a un acuerdo con los acreedores. Pero por mucho acuerdo, es ineludible el endeudamiento. Quizás se puedan plantear pedir un rescate a la Generalitat”.

Así, el economista apunta que “desde la perspectiva del Ayuntamiento, lo ideal sería acordar un plan de pagos y evidentemente buscar algún acuerdo que permitiese que la compensación no fuera en dinero”, aunque es de suponer que un hipotético acreedor con una sentencia firme a su favor, siempre querría que el abono se realizara lo antes posible y con las mayores garantías.

El ayuntamiento tendrá que asumir una gran operación de endeudamiento, tratando de llegar a un acuerdo con los acreedores

Julián López Milla

— Profesor titular de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante

“A partir de ahí, el Ayuntamiento, tendría que plantearse cómo pagar y la manera más apropiada de hacerlo. En última instancia, la única solución que veo es un gran préstamo que evidentemente necesitará algún tipo de aval, sea de la Generalitat o de algún organismo público”.

Por su parte Paloma Taltavull, catedrática de Economía Aplicada por la Universidad de Alicante, también hablando de forma genérica, sin entrar en el caso participar de Benidorm, ha explicado que “una multa-compensación de esa envergadura está asociada a la percepción de alguna ilegalidad realizada, por lo que debe generar una reclamación de responsabilidad pública y pecuniaria a quien tomó la decisión de esa forma. No es normal que la cuantía sea tan alta en estos casos. Por tanto, primero, responsabilidad de quien tomó la decisión. La asunción de responsabilidades es una cuestión fundamental”.

En segundo lugar ha apuntado que “no puede ser pagada por los contribuyentes, ya que ha sido un error de la institución. Esto descarta el que se emitan impuestos especiales para cubrir esa cifra”.

Y ha señalado que “el pago debe ser realizado de inmediato, por lo que es necesario establecer medios de pago a muy corto plazo, que luego se financien en un plazo prudencial”.

Fuentes de financiación

Por ello la catedrática explica que “la financiación de la multa podría combinar el uso de recursos liberados del presupuesto con otros medios”. Y enumera las fuentes de financiación: “Contra presupuesto, reduciendo los gastos suntuarios al mínimo para liberar recursos que se usen para pagar la multa; reduciendo servicios no esenciales que liberen recursos para pagar la multa; reduciendo inversiones programadas para el mismo fin; endeudamiento de una parte de la cantidad a devolver en un plazo de, máximo, 10 años; y solicitud de apoyo financiero a la región (Generalitat) si es necesario”.

La financiación de la multa podría combinar el uso de recursos liberados del presupuesto con otros medios

Paloma Taltavull

— Catedrática de Economía Aplicada por la Universidad de Alicante

Eso sí, ha advertido que “indefectiblemente, la reducción del gasto y de servicios afecta a la población y, desgraciadamente, es ella quien directamente recibe el resultado de las malas decisiones y gestiones, lo que es una razón adicional para que no se genere impuesto alguno que les grave, evitando así un doble pago de los contribuyentes”.

Fórmulas desaconsejadas

Del mismo modo enumera también las formas de pago que considera “nunca deberían ser usadas”. Por una parte descarta “Compensaciones de suelo. Se utiliza para el pago el objeto del litigio. No tiene sentido. Si se paga con suelo, se está empobreciendo más al Ayuntamiento que si se establece un sistema de pago en el tiempo”.

También mantiene que no se debería ceder la gestión de algunos servicios públicos: ”Para pagar de esta manera, es necesario valorar con detalle el servicio en cuestión”. Y también rechaza “hipotecarse valores o propiedades del Ayuntamiento para obtener recursos”.

Ejecución de la sentencia

Sobre la ejecución de la sentencia y la aprobación de un calendario de pagos, Santiago González-Varas, catedrático de Derecho Administrativo de la UA, ha explicado que “estas cuestiones se dilucidan ante el órgano jurisdiccional encargado de la ejecución, que suele ser el de instancia. Allí es donde el Ayuntamiento tiene que proponer una serie de planes de pagos y esto se dilucida todo en incidentes de ejecución”, aunque no entra en el caso particular de Benidorm.

A veces los incidentes de ejecución de una sentencia son un proceso nuevo porque en esta jurisdicción es bastante habitual que se entable una batalla larga y duradera

Santiago González-Varas

— Catedrático de Derecho Administrativo de la UA

Así, señala que “si la parte beneficiada por el fallo, es decir la acreedora de esas cantidades, está en desacuerdo, que es bastante común, la técnica es la del incidente de ejecución”. Y es que ha insistido que “es muy habitual en la jurisdicción administrativa el tener que estar dilucidando cómo se ejecutan la sentencias”.

Y ha apuntado que “a veces los incidentes de ejecución son un proceso nuevo porque en esta jurisdicción es bastante habitual que se entable una batalla larga y duradera, dependiendo del caso concreto obviamente. Y ahí se va supervisando por el juez si lo que propone el Ayuntamiento como pago en tales anualidades y en función de este presupuesto, del otro, etc, si es conforme a derecho o no lo es. Y también oyendo a las dos partes, a veces con bastante debate”.

Si el Ayuntamiento acredita que el pago inmediato provocaría un "trastorno grave" para su Hacienda, puede proponer al juez un modo de ejecución menos gravoso, como un pago fraccionado. El tribunal debe valorar esa petición y, si la estima, fija un calendario para garantizar el cobro sin comprometer de forma abrupta la prestación de servicios. Pero siempre la última palabra la tendría el magistrado.

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