Benidorm aprueba la construcción de un parking subterráneo de 400 plazas

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este lunes por unanimidad el proyecto básico modificado y de ejecución del aparcamiento subterráneo de la avenida Jaime I enmarcado en el Plan Futura 2000, que tendrá 400 plazas.

El proyecto, que fija un plazo de ejecución de las obras de 15 meses, se ha aprobado con la asunción por parte del adjudicatario, Telpark, de la plena responsabilidad que se pudiera derivar de la eventual denegación de la licencia ambiental y asumiendo de forma taxativa la renuncia a cualquier tipo de indemnización por daños y perjuicios por ese motivo, según han informado desde el ejecutivo municipal.

La propuesta aprobada señala que el concesionario deberá contar con las preceptivas autorizaciones y licencias necesarias con carácter previo al inicio de la actividad. El concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, ha recordado que las obras no han podido comenzar antes “porque el PSOE retrasó que el asunto se aprobase en el pleno”.

También ha precisado que los estudios geotécnicos realizados “indicaban que el nivel freático ha subido y ello hace muy complicado ejecutar una tercera planta del aparcamiento”.

Muñoz ha concluido recalcando que el Ayuntamiento “ha visitado todos los comercios, hoteles y edificios que se verán afectados, y todos quieren que se haga la obra de una forma ordenada”. Además, ha detallado que en el proyecto “se han atendido las mejoras de urbanización recomendadas por los técnicos para que todo salga de la mejor manera posible”.

Con motivo de este proyecto, la pasada semana estaba previsto que se iniciaran las tareas de traslado de una treintena de árboles, unas labores que son previas a las obras de construcción.

Saneamiento

Por otra parte el pleno ha acordado asimismo por unanimidad la conformidad del Ayuntamiento con el contenido del acuerdo de cooperación para la financiación y ejecución de infraestructuras y actuaciones en el sistema de saneamiento y depuración de La Vila Joiosa, entre la Generalitat a través de la conselleria, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), los ayuntamientos de La Vila Joiosa, Finestrat, Benidorm y Orxeta por un importe de 18.513.000 euros.

El concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha recordado que son “cerca de 35 millones de euros los que se van a invertir en las tres depuradoras de la comarca, algunas de las cuales están en un estado muy mejorable”.

Este convenio, según ha indicado el edil, “significa que en Benidorm se invertirán 1,8 millones para el colector de Poniente, de modo que se renovará el bombeo para que no haya problemas de que las aguas sucias lleguen a la playa”. Por ello, el concejal ha agradecido a la Conselleria “por hacer posible que el canon de saneamiento no se vaya a otros lugares”.

Educación

En materia educativa se ha aprobado por unanimidad la propuesta de la concejal de Educación de renovación del Consejo Escolar de Benidorm. En dicha propuesta se indica que se mantendrá la estructura de vocalías que hasta ahora ha tenido el Consejo Escolar Municipal de Benidorm, incluyendo un miembro más que representará a los servicios sociales municipales.

Igualmente se ha acordado en la propuesta designar a la edil de Educación, Maite Moreno, como presidenta de la mesa electoral para la elección de representantes de directores de centros públicos y privados. Una mesa que estará compuesta también por una suplente de la presidenta, una secretaria, suplente de secretaria, un representante de los directores de centros públicos, un suplente, un titular de centros privados y un suplente.

La fecha prevista de celebración de las elecciones a representantes de directores de centros públicos y privados será este martes 27 de enero a las 15:30 horas en la sala de Investigadores del Ayuntamiento.

Moreno ha recalcado que el Consejo Escolar “es un órgano de participación, consulta y asesoramiento en el que están representados todos los actores que tienen que ver con el sector educativo y su renovación es un acto de democracia y transparencia”. No obstante, hasta la constitución del nuevo consejo se ha determinado que el antiguo siga realizando sus funciones para evitar un vacío “lo que sigue situando al Ayuntamiento como una administración comprometida con la educación”.

Distinciones

También por unanimidad se ha aprobado un reconocimiento institucional y distinción oficial a los miembros de la Policía Local que participaron voluntariamente en labores de ayuda humanitaria durante el episodio de la dana de Valencia.

Jesús Carrobles, concejal de Seguridad Ciudadana, ha destacado que “en Benidorm sentimos el deber moral e institucional de hacer este reconocimiento. Fue una actuación que honra a nuestra ciudad. Sentimos un enorme reconocimiento y orgullo por unos agentes que estuvieron donde se les necesitaba. Esta propuesta es sincero gesto de gratitud y motivo de orgullo de toda la corporación”.

El pleno también ha aprobado, con los votos favorables del gobierno local, el abono de 498.192,11 euros, correspondientes a las últimas facturas de 2025 pertenecientes a los servicios esenciales como la limpieza de edificios municipales, la recogida de residuos y el mantenimiento de la red semafórica.

La edil de Hacienda, Aida García Mayor, ha explicado que se trata de facturas que cuentan con todos los informes favorables por parte de los técnicos municipales, correspondientes a servicios efectivamente prestados, y que su aprobación es de competencia plenaria por haberse omitido la función interventora al estar los contratos caducados o en proceso de renovación. Los ediles del PSOE han votado en contra de pagar estas facturas y el de Vox se ha abstenido.

Sector pesquero

Igualmente, el pleno ha apoyado una moción presentada por el grupo municipal del Partido Popular para mostrar la solidaridad de Benidorm con el sector pesquero, especialmente con los pescadores de la Marina Baixa y de la provincia de Alicante, así como solicitar al Gobierno de España que, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, “dé respuesta a las peticiones para regular la seguridad a bordo, verdadero problema de los pescadores y el sector”.

El pleno aprueba con los votos de PP y Vox una moción de apoyo al sector pesquero ante las nuevas imposiciones de la UE

La portavoz del PP, Lourdes Caselles, ha afirmado que la obligación de anotar todas las especies capturadas a partir del pasado 10 de enero “supone una nueva carga burocrática” y “obliga al patrón a abandonar el puente para realizar tareas administrativas, con el consiguiente riesgo para la navegación y la tripulación”, y a su vez ha reclamado “resolver los problemas de seguridad marítima”, tal y como reclama el sector. La propuesta ha salido adelante con 17 votos a favor de PP y Vox y la abstención del grupo socialista.

Financiación

Otro de los puntos que ha salido adelante durante esta sesión, con los votos a favor de los concejales populares y el de Vox y el rechazo del PSOE, ha sido la moción presentada por el grupo municipal del Partido Popular para exigir al Gobierno central una financiación justa para la Comunidad Valenciana.

La propuesta, defendida por la portavoz Lourdes Caselles, mantiene que “la Comunitat Valenciana sufre una infrafinanciación estructural desde hace años, como consecuencia del sistema de financiación que aprobaron el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya en el año 2009, que la sitúa sistemáticamente por debajo de la media en recursos por habitante, hecho reconocido por informes oficiales y el propio Ministerio de Hacienda” y que “la reciente propuesta de financiación del Gobierno de Pedro Sánchez no es más que un ‘fake’, otra cortina de humo, encaminada a tratar de contentar a sus socios independentistas de ERC, y tratar sin éxito de generar confrontación entre las comunidades autónomas”.

Entre los acuerdos que se incluyen en la moción están los de “exigir la activación, con carácter inmediato, de un fondo de nivelación transitorio que permita compensar la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana hasta la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica. Reconociendo una excepción específica para la Comunitat Valenciana como consecuencia de la dana”; “promover un cambio del modelo de financiación autonómica, acordado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el conjunto de las comunidades autónomas, que ponga fin a la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, respetando la autonomía fiscal y el autogobierno valenciano”; o “instar al Gobierno de España a abandonar la política de concesiones a partidos separatistas a costa de la igualdad entre todos españoles, utilizando la financiación autonómica como moneda cambio para asegurar su propia continuidad”. “Es de justicia lo que estamos pidiendo”, ha afirmado Caselles.

Réplica del PSOE

En cambio el PSOE ha cargado contra el PP por este rechazo. Su portavoz Cristina Escoda ha afeado al PP su oposición a un nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de España que supondría una inyección económica de 3.669 millones de euros para la Comunidad. Para Escoda, el alcalde Toni Pérez "se ha plegado una vez más a sus jefes" y "prefiere priorizar el rédito político antes que el bienestar de los ciudadanos, actuando como el perro del hortelano que ni come ni deja comer”.

Durante el pleno la dirigente socialista ha calificado de “bochornoso” que "el PP dé la espalda a una propuesta que ellos mismos llevan años reivindicando de forma histórica junto a sindicatos y sociedad civil". “Cuando hay una propuesta sobre la mesa que es beneficiosa para todos, y principalmente para nuestra Comunitat, deciden como siempre dar la espalda porque les ha pillado con el pie cambiado”, ha señalado Escoda.

El PSOE afea al PP que rechace la nueva financiación planteada por el Gobierno central

La portavoz socialista ha hecho especial hincapié en que estos 3.669 millones de euros tendrían un impacto directo y positivo en la vida de los vecinos y vecinas de Benidorm. Según ha explicado, estos fondos permitirían “blindar la sanidad pública” frente a las pretensiones de privatización del PP, reforzando la atención primaria y hospitalaria. Asimismo, ha destacado que esta inversión es clave para ampliar las plantillas educativas, impulsar la vivienda pública y multiplicar los recursos destinados a la atención a la dependencia.

“No nos vale la cantinela de que la sanidad no es sostenible; claro que lo es, siempre que no quieran beneficiar a sus amigos empresarios de lo privado”, ha aseverado Escoda, quien ha insistido en que aceptar este modelo es una cuestión de “coherencia con el consenso social valenciano y el interés general”.

Así, Escoda ha expuesto que con la financiación que rechaza el PP de Feijóo, Pérez Llorca y Toni Pérez se podrían construir 450 colegios, o 300 institutos, o levantar 200 centros de salud, o construir decenas de hospitales completos.

El pleno ha finalizado con cuatro puntos para dar cuenta a la Corporación de distintos asuntos, como las subvenciones no contenidas en el Plan Estratégico de subvenciones (PES), así como las últimas sentencias y autos judiciales que se han dictado en las últimas semanas en relación con el APR7 de Serra Gelada, que obliga al pago de 352 millones al Ayuntamiento.

Pleno vacío de contenido

Por otra parte, desde el PSOE también han criticado duramente la “incapacidad” del equipo de gobierno para traer asuntos de importancia a la sesión plenaria. Escoda ha lamentado que el orden del día apenas contara con ocho puntos, de los cuales dos eran mociones políticas sobre temas en los que el Ayuntamiento no tiene competencias.

“Estamos ante un equipo de Gobierno que ningunea el contenido de los plenos, gobernando a base de decretos y aprobaciones en Junta de Gobierno, mientras la gestión real de los problemas de Benidorm brilla por su ausencia”, ha criticado la edil. En este sentido, ha afeado al alcalde, Toni Pérez, que presuma de “talante” por todo el mundo mientras "en el día a día municipal ignora las necesidades urgentes de la ciudad".

Finalmente, Escoda ha instado al PP local a abandonar el “engaño” y a no desaprovechar esta oportunidad histórica para lograr el equilibrio financiero que la Comunitat Valenciana necesita para garantizar unos servicios públicos de calidad.

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