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Benidorm pide un préstamo al Estado para pagar 55 de los 352 millones de Serra Gelada

El Ayuntamiento solicita adherirse al Fondo de Impulso Económico para abonar una sexta parte de la sentencia y sigue estudiando alternativas para el importe restante

Condena histórica en Benidorm

INFORMACIÓN

Jose A. Rico

Jose A. Rico

Benidorm empieza a mover ficha para afrontar el pago de los 352 millones por la sentencia de Serra Gelada. Y lo hace pidiendo un préstamo al Estado que tendrá que devolver en 12 años, que equivale a menos de una sexta parte de la cuantía a desembolsar.

El Ayuntamiento ha solicitado adherirse al Fondo de Impulso Económico para atender parte de la indemnización a la que obliga el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) abonar a los propietarios de suelo del APR-7 de Serra Gelada. Unos dueños que han solicitado la ejecución forzosa al juez de la sentencia ante la inactividad del Ayuntamiento.

Toni Pérez fija la postura del Ayuntamiento de Benidorm sobre la sentencia de Serra Gelada

Toni Pérez fija la postura del Ayuntamiento de Benidorm sobre la sentencia de Serra Gelada / Jose Navarro

El alcalde Toni Pérez ha informado en la tarde de este miércoles a los grupos de la Corporación en Junta de Portavoces de esta medida propuesta por los técnicos municipales en un informe del área Económica y que se ha materializado en esta misma jornada. Y el Ayuntamiento ha emitido un comunicado poco antes de las 20:00 horas para anunciar dicha medida.

El dinero de este mecanismo debe reintegrarse al Estado en un plazo máximo de 12 años y con un interés de en torno al 3,5 %

Tal y como se ha explicado durante la Junta de Portavoces, la solicitud se ha cursado a través de decreto de Alcaldía a última hora de la mañana, una vez completado el expediente y siendo el miércoles 28 de enero el último día de plazo para acogerse a este mecanismo de financiación.

En concreto, el Fondo de Impulso Económico está gestionado por el Ministerio de Hacienda y regulado en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales.

Una parte de la Serra Gelada de Benidorm.

Una parte de la Serra Gelada de Benidorm. / David Revenga

Tal y como se ha detallado durante la Junta de Portavoces, el Ayuntamiento solicita 55 millones de euros con cargo a ese Fondo. Un dinero que ha de reintegrarse al Estado en un plazo máximo de 12 años y con un interés de en torno al 3,5 %.

La cuantía a solicitar la han establecido los propios técnicos del área Económica en atención a las condiciones del propio fondo, tanto en lo relativo al plazo como a los intereses.

En caso de estimarse por parte del Ministerio la solicitud trasladada por el Ayuntamiento de Benidorm, el pleno deberá aprobar el calendario de amortización de esos 55 millones de euros.

Una de las vías

La petición de adhesión al Fondo es una de las distintas vías que se están estudiando por parte del Ayuntamiento para hacer frente al pago de la sentencia del APR-7, siendo una solicitud que se ha cursado con diligencia al finalizar este miércoles el plazo.

"Tanto los técnicos jurídicos como económicos municipales siguen trabajando para establecer cuáles han de ser los próximos pasos del Ayuntamiento en relación a este asunto", han destacado desde el ejecutivo municipal.

Así, han recordado que esta información, como hasta ahora, "será comunicada con total transparencia e inmediatez a los grupos políticos de la Corporación y a la ciudadanía".

Terrenos del parque natural de Serra Gelada en Benidorm.

Terrenos del parque natural de Serra Gelada en Benidorm. / David Revenga

En este sentido y en referencia a un proceso judicial paralelo en el que el Ayuntamiento aún puede presentar recurso, el Ayuntamiento ha recordado que "al margen de los aspectos económicos de la sentencia indemnizatoria, los técnicos municipales siguen trabajando en el estudio pormenorizado de la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana relativa a la nulidad de los convenios urbanísticos que han dado lugar a la indemnización millonaria a favor de los propietarios del suelo".

Por ello, también se estudia "la viabilidad jurídica y conveniencia al interés público de la interposición del correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo frente a la misma", aunque el pago de los 352 millones ha sido avalado por los tribunales, declarándose firme y rechazando los recursos presentados ante el Supremo y el Constitucional del proceso principal.

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