El Juzgado desahucia a dos mujeres y una menor de una vivienda en Finestrat mientras se espera un informe de vulnerabilidad
Tras el desalojo, se inicia una mediación para la retirada completa de los enseres con las herederas del chalé

Amaya Marín
Una comisión judicial del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Benidorm ha desahuciado este lunes a una unidad familiar compuesta por dos mujeres y una menor, la mayor de 84 años, para culminar la sentencia del órgano judicial. Las herederas habían denunciado a las ocupantes tras el impago de varios años del alquiler del cual le habría eximido un pacto verbal de convivencia que mantenía la mujer con el padre, ya fallecido, pero que no está reconocida legalmente. Mientras, ambas partes mantienen abierta una vía de mediación para poder retirar los enseres que restan en la vivienda que no ha podido ser completada al no dar la parte demandante tiempo suficiente para el desalojo.
Los agentes judiciales han procedido este lunes al lanzamiento de la vivienda de la Urbanización Residencial Golf, número 16 en Finestrat en la que vivía J.Z.M con su madre y su hija de 17 años. El propietario de la vivienda murió hace unos años y las hijas denunciaron a la inquilina por impago del alquiler habiéndose celebrado un juicio por este hecho en el que la demandada aseguraba tener un acuerdo verbal con el fallecido por medio de su relación que le habría eximido de ese abono.
Finalmente, el Juzgado Número 3 de Benidorm falló el pasado mes de diciembre contra la inquilina y la condenó al pago de 103.500 euros en concepto de rentas. No obstante, su situación de “precario consentido”, según sostiene la inquilina que afirma que eran pareja de hecho no ha podido evitar que finalmente se procediera al lanzamiento del inmueble.
Tras la actuación, el foco se centra ahora en la vía de mediación, ya que la defensa ha solicitado al Juzgado que libre oficio a los Servicios Sociales para que emitan un informe de vulnerabilidad que evalúe su situación. De este dictamen, aún pendiente de resolución, dependerá el acceso de las afectadas a los recursos habitacionales de emergencia.

La matriarca de la familia, de 84 años, no podía asimilar la situación. / Amaya Marín
Mientras se dirime este trámite administrativo, ambas partes han iniciado conversaciones para facilitar una retirada coordinada de los enseres y objetos personales que aún permanecen en el inmueble, buscando evitar una mayor confrontación tras el tenso episodio del desalojo. La demandada solo ha tenido dos días hábiles para retirar sus pertenencias y recoger a sus gatos de los que aún quedan dos por localizar. Por el momento las propietarias se niegan a que la inquilina pueda retirar sus muebles.
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