Un fondo de inversión se interesó por la deuda de 352 millones de Benidorm por Serra Gelada

Una deuda de 352 millones de euros que crece a razón de 25.000 euros al día y que se ha convertido en noticia nacional. E incluso ha llegado a despertar el interés de un fondo de inversión.

La sentencia por Serra Gelada que pone contra las cuerdas al Ayuntamiento de Benidorm, cifrada en 283 millones más los intereses desde 2019, tiene como beneficiaria a la familia benidormense Murcia Puchades. Y un fondo de inversión se puso en contacto con estos acreedores, interesado que "comprarles" la millonaria deuda que tiene contraída la Corporación municipal con ellos, según ha podido saber INFORMACIÓN.

Toni Pérez fija la postura del Ayuntamiento de Benidorm sobre la sentencia de Serra Gelada

Esta toma de contacto no fue atendida por la familia, que no se llegó a sentar con el grupo y no se plantea esta operación. Así, los demandantes mantienen su hoja de ruta: la ejecución de la sentencia dictada el 23 de mayo de 2024 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

Nuevo escrito al juzgado

Por ello, este pasado lunes los Murcia Puchades han presentado un escrito por el que reiteran su petición de que se ejecute el fallo, solicitud que ya presentaron el pasado 23 de enero, donde recordaban que habían pasado casi 10 meses desde que el fallo pasó a ser firme tras la inadmisión del recurso de casación ante el Supremo.

Desde la familia Murcia Puchades han rechazado hacer declaraciones sobre este caso, postura que vienen manteniendo en los últimos meses. Y este interés de un fondo de inversión, de haber llegado a cristalizar, complicaría aún más un caso judicial que se alarga ya casi una década y por el que el Ayuntamiento no se ha llegado a sentar con los demandantes para negociar.

Ahora este tema entra en el proceso de ejecución de sentencia, que a su vez suele convertirse en un complicado camino plagado de recursos en forma de incidentes de ejecución, en el que el Ayuntamiento tiene que proponer un calendario de pagos, quedando en caso de no ser aceptado por los demandantes la última palabra en manos del juez.

Eso sí, si el Ayuntamiento acredita que el pago inmediato provocaría un "trastorno grave" para su Hacienda, puede proponer al juez un modo de ejecución menos gravoso, como un pago fraccionado. El tribunal debe valorar esa petición y, si la estima, fijar un calendario para garantizar el cobro sin comprometer de forma abrupta la prestación de servicios.

Origen

Esta deuda se originó con la firma de los convenios urbanísticos en 2023 para compensar a los propietarios de terrenos urbanizables en Serra Gelada con aprovechamientos urbanísticos en otros planes parcial, debido a la protección aprobada para esa zona de gran valor medioambiental, donde la Generalitat aprobó la creación del Parque Natural de Serra Gelada. Y esta compensación que nunca llegó a ejecutar, valorando los demandantes el perjuicio en 283 millones más intereses.

Los terrenos, cuando se ejecute la sentencia, pasarán a ser de propiedad municipal. Y el Ayuntamiento, tras el último varapalo del Constitucional, que rechazó en enero la admisión a trámite de su recurso contra el fallo judicial, por fin ha dado los primeros pasos para afrontar un pago colosal que duplica de largo el presupuesto anual del Consistorio.

Préstamo

Todo después de que en la petición de ejecución de la sentencia del mes pasado los demandantes alertaran de que el Consistorio no "haya realizado actividad conocida alguna". Días después el alcalde anunció la petición de un préstamo al Estado para pagar 55 de los 352 millones de Serra Gelada, a través de una operación que generará además casi 13 millones de intereses. Y señalando que estudian cómo afrontar el pago del resto de la sentencia.

Eso sí, el primer edil ha descartado una subida de impuestos para hacer frente a esta deuda, cuyos intereses, según la documentación aportada por los demandantes, aumentan cada día en más de 25.000 euros. Y es que solo en intereses el Consistorio tiene que abonar ya 70 millones.

La solicitud de adhesión al Fondo de Impulso Económico para atender parte de la indemnización reconocida por el TSJ a propietarios de suelo del APR-7 Serra Gelada ha sido propuesta por los técnicos del área económica. Este préstamo por 55 millones, que equivale a menos de una sexta parte de la cuantía total a desembolsar, debe ser autorizado por el Ministerio de Hacienda y se tendría que devolver en 12 años, con un interés del 3,5 % aproximadamente.

Ejecución

Por su parte, la familia Murcia Puchades ha reclamado al juzgado de primera instancia, encargado de la ejecución de la sentencia, que "acuerde el oportuno impulso procesal, dictando a la mayor brevedad proveído [resolución judicial] sobre el escrito/demanda de ejecución forzosa presentado por esta parte en fecha 23 de enero de 2026, con los pedimentos allí interesados". Es decir que active el procedimiento para ejecutar la sentencia.

Por ello pide que "se acuerden las medidas y trámites procedentes para la efectividad de la ejecución", atendiendo a lo ya resuelto por auto de 20 de enero de 2026 [donde rechazó la suspensión de la sentencia pedida por el Ayuntamiento] y al requerimiento de cumplimiento voluntario acordado en dicha resolución".

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