Un juzgado da diez días al Ayuntamiento de Benidorm para que diga cómo pagará los 340 millones de Serra Gelada

Una diligencia vinculada al caso de Ayuntamiento de Benidorm ha establecido que la corporación dispone de 10 días hábiles para informar al juzgado de instancia sobre las acciones concretas que ha programado para ejecutar la sentencia firme que le condena a pagar una indemnización que supera los 350 millones de euros por la pérdida de aprovechamientos urbanísticos en el sector APR‑7 de Serra Gelada. La exigencia judicial, de la Sección Contencioso-Administrativa del Tribunal de Alicante, con fecha del pasado 16 de febrero, llega después de que las mercantiles propietarias de esos terrenos solicitaran la ejecución forzosa de la condena al considerar que el Ayuntamiento no ha actuado con la debida diligencia para ponerla en marcha, y de que otras vías municipales para frenar el pago -como el recurso de amparo o intentos de paralizar la ejecución -hayan sido rechazadas.

Este auto obliga al Gobierno local a detallar cuándo y cómo piensa cumplir la sentencia, qué calendario de pago pretende aplicar y qué medidas concretas va a adoptar para afrontar una de las indemnizaciones más altas impuestas a un ayuntamiento en España.

El plazo de 10 días supone un nuevo impulso del proceso de ejecución, que se ha visto marcado por la búsqueda de financiación y de alternativas técnicas y jurídicas para hacer frente a la enorme carga económica que representa la condena judicial

Por otra parte, el pasado 17 de febrero, el TSJCV cerró otra puerta al Ayuntamiento de Benidorm a través de un auto judicial fechado dos semanas antes en el largo conflicto urbanístico de Serra Gelada por el que el Consistorio deberá pagar un principal de 340 millones de euros más intereses a Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL. En esta resolución, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del citado Tribunal ha decidido denegar dos solicitudes que había planteado el Consistorio al no aceptar la nulidad de los convenios que planteaba el Ayuntamiento porque entiende que la sentencia original que obliga a la indemnización sí examinó todos los argumentos presentados y no estaba incompleta tal como pretendía demostrar la parte demandada.

El mismo auto también rechaza el complementode sentencia que basaba el Consistorio en que en el dictamen faltaban puntos a examinar, con lo que queda descartado el intento de modificar dicho fallo.

Se trata de una resolución firme contra la que no cabe recurso alguno, según el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana al que ha tenido acceso este diario. Al ayuntamiento se le vuelve a sellar una oportunidad más en la serie de recursos que presenta ante este pago millonario que supone una cuantía similar a tres presupuestos municipales.

El TSJCV dictamina en esta ocasión que no hubo ignorancia de alegaciones, que la sentencia original no está incompleta y que no toca reabrir esos argumentos ahora. Con ello se cierra la estrategia de defensa del Ayuntamiento y hay un refuerzo de la decisión judicial anterior. Todo ello confirma, de momento, que las vías extraordinarias intentadas por el consistorio no prosperan.

El proceso principal sigue así su curso mientras se dilucidan las diversas instancias paralelas a que ha dado lugar el pleito. La mayoría de estos procedimientos aluden a la obligación de compensar a los propietarios de los terrenos del sector ubicado en Serra Gelada por haber perdido derechos de edificación tras la declaración de protección ambiental del paraje.

Un millón de euros al mes

Mientras tanto, el reloj sigue corriendo y la cantidad económica crece cada día. A la deuda principal de 340 millones hay que sumarle unos intereses que llegan a los 32.600 euros diarios, que a razón de 413 días transcurridos desde la sentencia firme alcanza un total de 353,5 millones lo que incluye unos 11,9 millones de euros de intereses al año o lo que es lo mismo, casi un millón al mes.

Ante la magnitud de la indemnización -que ya supera 350 millones de euros entre principal y crecimiento por intereses acumulados- el ayuntamiento ha solicitado un préstamo de 55 millones de euros al Gobierno español a través del Fondo de Impulso Económico, mientras se organiza un plan de pagos que aún es desconocido.

En el seno del proceso principal, que es el del pago, solo queda por decidir cómo afrontar la enorme cantidad económica que abre la vía a un endeudamiento del municipio, a altos recortes en la inversión o a la subida de impuestos, algo que ha rechazado el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, hasta la actualidad.

Además, el impago de esta suma podría llevar al embargo de las cuentas municipales o al bloqueo de ingresos, en definitiva una ejecución forzosa judicial.

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