El Ayuntamiento de Benidorm deja en manos de los técnicos llegar a un acuerdo con Murcia Puchades sobre Serra Gelada

Benidorm da un paso en el proceso de la sentencia de Serra Gelada por el que la ciudad tendrá que abonar 352 millones de euros, más intereses, a la mercantil Murcia Puchades por la pérdida de aprovechamientos urbanísticos en el sector APR‑7 de Serra Gelada. La sesión plenaria del próximo viernes, 27 de febrero, someterá a debate y votación la aprobación de una audiencia con la empresa en el marco del litigio urbanístico por un plazo de siete días naturales, para que se pronuncien sobre la viabilidad de un acuerdo. El objetivo será también concretar sus contenidos y términos, todo ello bajo el auspicio de los técnicos municipales y sin ningún cargo político presente.

Este será el principal punto del orden del día del pleno para dar luz verde a una negociación con la mercantil Murcia Puchades en el proceso de Serra Gelada. Así, la sesión deberá aprobar un plazo de audiencia bilateral para que señalen los posibles acuerdos tanto en sus contenidos como en sus términos. “Es el camino correcto”, ha indicado el alcalde Toni Pérez.

Con este avance el gobierno popular atendía también en un primer momento a los plazos emitidos por la diligencia de la audiencia de Sección Contencioso-Administrativa del Tribunal de Alicante, para informar al juzgado de instancia sobre las acciones concretas que habría programado el consistorio para ejecutar la sentencia firme que le condena a pagar una indemnización que supera los 352 millones de euros.

Plazo alargado por comunicación defectuosa

Sin embargo, una notificación defectuosa ha derivado que ese plazo se alargue ahora desde la nueva comunicación realizada en fecha del 23 de febrero hasta diez días hábiles más, acción que el ayuntamiento ha adelantado con prioridad al presentar esta propuesta.

En la misma sesión plenaria también se prevé aprobar la adhesión al Fondo de Impulso Económico por un importe de 55 millones de euros, un órgano gestionado por el Ministerio de Hacienda y para el que ya ha conseguido el visto bueno de este organismo. Esta operación permitiría al consistorio afrontar parte de la indemnización derivada del procedimiento judicial, estableciendo un calendario de pagos que garantice el cumplimiento de la sentencia sin comprometer la estabilidad financiera municipal.

Sin subida de impuestos

“Esto significa que rebajamos la deuda y también que hay un compromiso de pago por parte del Ayuntamiento”, ha subrayado el primer edil. Se trata de un préstamo a 12 años con un interés que oscila entre el 3,5 y el 4 % con las entidades que el ICO estime formalizar, iniciándose la amortización a partir del próximo año 2027, según el calendario planteado por los técnicos. “La devolución de este préstamo tampoco se va a traducir en una subida de impuestos”, ha reiterado hoy el propio alcalde.

En cuanto a las opciones que se barajan en las citadas negociaciones, el alcalde no ha querido adelantar las propuestas municipales. Tampoco se ha manifestado al ser preguntado por la posibilidad de ceder suelo municipal como contraprestación económica y se ha respaldado en los servicios jurídicos y patrimoniales del ayuntamiento así como en la capacidad de los principales funcionarios de la Administración Local como habilitados nacionales: “Ellos son los que determinarán las actuaciones para llevar a cabo”.

Falta de lealtad

Pérez ha dicho desconocer el total de la bolsa de suelo que tiene el municipio para este posible fin y se ha escudado en ser el defensor de la protección de un parque natural como el de Serra Gelada. “Preguntemos a la ciudadanía qué opina sobre construir en Serra Gelada, yo no dejaría construir y eso vale 283 millones más los intereses; creo que no hay que confundir el valor con el precio”, ha recalcado.

En el encuentro con la prensa también ha defendido la transparencia de su acción de gobierno en este asunto por el que el PSOE le acusaba de “opacidad”. Según su explicación, los expedientes que elaboran los técnicos sobre Serra Gelada no habían concluido cuando se cerró la junta de portavoces del lunes por lo que se trasladarían los mismos este martes a los grupos de la oposición. “No aguanto la deslealtad”, ha señalado Pérez en relación con los hechos denunciados por los socialistas.

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