Una vecina sobre el derribo de las torres de Punta Llisera de Benidorm: "Esto es un despropósito total, somos personas"

Los vecinos de las torres de Punta Llisera, sobre las que pesa una sentencia para su demolición, han agotado sus esperanzas. Se consideran víctimas colaterales de una situación que les va a dejar sin sus apartamentos, que muchos de ellos compraron en la creencia de que cumplían con la legalidad. En estos momentos sólo esperan el cálculo de las indemnizaciones que gestiona la Conselleria de Medio Ambiente, a sabiendas de que serán insuficientes.

Hablamos con C.C. –quien no quiere facilitar su nombre porque teme presiones-. Es una de las residentes en las torres de Punta Llisera o Gemelos 28. Compró el piso en 2011 y asegura que ni la notaría ni la constructora les informaron de que había un contencioso que pesaba sobre las propiedades y fue al año siguiente cuando finalmente se enteró por la sentencia del Tribunal Supremo de que la licencia no era legal.

Se adelanta la demolición

Esta propietaria se siente en la más absoluta indefensión junto al resto de vecinos que conforman los dos bloques, un total de 162. “Esto es un despropósito total; y es que somos personas. Hay gente trabajando, inquilinos, alguna empresa y más, desde 2015 llevamos en esta situación de inseguridad y ahora nos enteramos por los medios de comunicación que los plazos para el derribo se acortan”.

La residente se refiere al auto emitido el pasado 29 de enero del TSJCV del que se hizo eco INFORMACIÓN y que da un plazo de seis meses a la Conselleria de Medio Ambiente para que presente el proyecto de demolición. Esto significa que el proceso se adelante en dos años después de que un vecino de la zona recurriera por la lentitud de trámites del organismo.

Para C.C. esta es su segunda residencia que guardaba como valor inmueble para sus hijos, algo que ya no podrá ocurrir.

A la espera de una reunión

La vecindad ha solicitado ya una reunión con la conselleria por la falta de información para conocer cómo se desarrolla esta gestión, encomendada hace unos años a una comisión tripartita compuesta por Estado, Conselleria de Medio Ambiente y Ayuntamiento.

Mientras el TSJ ha recriminado a la Generalitat por la “lenta cadencia” en la confección de un cronograma, la comunidad seguía aferrada a alguna fórmula de salvamento de última hora, algún vericueto que facilitara una paralización.

Así lo cuenta el presidente de la comunidad de vecinos José Aurelio Pampliega que consideraba que se pudiera abrir alguna oportunidad legislativa que cambie la decisión sobre los cuatro metros de servidumbre ilegales, pero asume que “el recorrido judicial ya está hecho”.

Tasaciones insuficientes

En cuanto a la descripción del residencial, este acoge vecinos de diverso origen,tanto extranjeros como españoles. Algunos de ellos tienen el piso en propiedad, otros en alquiler, o alguna empresa de multialquiler en un entorno que se ha vendido como alto “standing” y que no es tal, según el representante de la comunidad. “Estos pisos son normalitos, no son de lujo; han querido darnos una imagen de privilegiado y lo único que hay de lujo son las vistas”.

Pampliega considera que las tasaciones serán insuficientes al tener como base el valor establecido en la sentencia de 2012 “cuando la crisis del ladrillo”. Hay algún vecino que borda la “desesperación” al afrontar una hipoteca que ni siquiera cubriría la indemnización.

Los residentes están organizados desde el principio con diversos servicios jurídicos del que el más numeroso es uno que integra a 40 perjudicados , con desembolsos individuales de unos 3.000 euros, pero con la constancia a día de hoy que no hay ninguna posibilidad de detener la demolición.

Los abogados intentaron buscar algún camino o formulación que permitiera una disposición transitoria de la Ley de Costas para que el edificio se mantuviera fuera de ordenación, pero las propuestas han sido inútiles.

Daño medioambiental

Ahora, con el proyecto para la demolición adelantado, la vecindad se pregunta al margen de la ingente damnificación para los afectados y el coste del derribo para la Generalitat, el altísimo precio medioambiental cuando las torres sucumban y sus restos caigan a primera línea de playa.

Además, ambos interlocutores resaltan el daño a la imagen de Benidorm y la “inseguridad jurídica” que va a trasladar para futuros compradores de pisos en la playa de Levante.

Durante todas estas explicaciones, los afectados reiteran la falta de contacto con Medio Ambiente, cuestión que niega el departamento que alude a que hay un contacto con el juzgado "para dar cumplimiento a las diferentes resoluciones judiciales relacionadas con las Torres de Punta Llisera y con los diferentes propietarios".

La conselleria asegura que trabaja para presentar todos los requerimientos -entre ellos el proyecto- en los plazos marcados y seguir los diferentes pasos, lo que incluye también la tasación de cada uno de los inmuebles "para los que se ha aprobado un contrato específico".

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