El Club Náutico Campomanes de Altea acusa a Marina Greenwich S.A. de imponer condiciones abusivas y reclaman la mediación de Medio Ambiente

El denominado “Caso Campomanes” suma un nuevo capítulo tras las acusaciones del Club Náutico Campomanes contra la concesionaria Marina Greenwich S.A., gestora del Puerto Deportivo Luis Campomanes, en Altea. La entidad y la Comunidad de Titulares de Amarres sostienen que la empresa estaría aprovechando la prórroga de la concesión para imponer nuevas condiciones económicas “abusivas” que podrían generarle beneficios de hasta 40 millones de euros durante el periodo ampliado. Dadas las circunstancias, el club ha solicitado la intervención de la Conselleria de Medio Ambiente para mediar en un más que probable conflicto sobre el que la mercantil ha decidido no pronunciarse.

De manera notoria, los denunciantes sostienen que la prórroga obliga a la concesionaria a realizar una inversión de entre 1,4 y 1,7 millones de euros para ejecutar las obras exigidas. Sin embargo, acusa que, a cambio de esa cantidad, la empresa podría llegar a obtener beneficios muy superiores -que cifran en hasta 40 millones de euros- si logra imponer las nuevas condiciones económicas a amarristas, negocios y usuarios históricos del puerto.

Reglas del juego

En la solicitud de mediación registrada el pasado 16 de febrero en la Conselleria de Medio Ambiente explican que bajo esta renovación se verían afectados más de 400 titulares privados de amarres con nuevas exigencias económicas, en un contexto que califican de “inseguridad jurídica e indefensión”. Una previsión que vienen argumentando desde hace tiempo y en la que “no discutimos la prórroga en sí, sino el uso que se quiere hacer de ella para cambiar las reglas del juego”.”

El club rebate e intenta desmontar en la petición los argumentos económicos que ha expuesto la mercantil. Afirma que la crisis financiera de 2008 no afectó a los ingresos por amarres y que, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, la sociedad mantuvo beneficios similares a otros ejercicios sin reflejar perjuicios relevantes en sus memorias anuales. Del mismo modo, sostienen que durante la pandemia los barcos permanecieron en sus amarres y la concesionaria continuó ingresando las cuotas correspondientes, incrementando incluso sus beneficios en años posteriores.

En cuanto a los daños atribuidos a la borrasca Gloria, el club asegura que no provocó desperfectos estructurales en pantalanes ni amarres, y que las actuaciones realizadas responden al mantenimiento ordinario que corresponde a la concesionaria. También cuestionan que los cerca de 744.000 euros invertidos puedan considerarse gastos extraordinarios.

Actuaciones “irregulares”

Entre las actuaciones que califican de irregulares por parte de Marina Greenwich S.A, mencionan la ocupación de amarres de uso público por embarcaciones de gran eslora utilizando varios espacios; la modificación de puestos de atraque; el uso prolongado del parking para eventos; o el reciente traslado de las barreras de acceso que, según denuncian, restringe la entrada libre a determinadas zonas del recinto. Asimismo, critican la propuesta de un bono anual de 1.000 euros para acceder al puerto, que podría suponer más de 400.000 euros adicionales al año si se aplica a los 432 amarres privados.

Ante este cúmulo de acusaciones INFORMACIÓN se puso en contacto con el director general de Marina Greenwich S.A., Javier de Céspedes, el cual declinó hacer declaración alguna en estos momentos.

Beneficiarios de la prórroga

La controversia gira en torno a la resolución de 4 de octubre de 2022 que amplía la concesión por diez años adicionales, condicionada a la reposición del dique de abrigo Este. La entidad y los amarristas sostienen que esa prórroga no solo beneficia a la concesionaria, sino también al propio club y al resto de titulares de derechos adquiridos, por lo que consideran que no puede utilizarse para alterar unilateralmente las condiciones vigentes.

Y es por ello que ante esta situación, el Club Náutico Campomanes ha solicitado formalmente la intervención y mediación de la Conselleria competente en materia de Medio Ambiente, como administración otorgante de la concesión, para que actúe de manera activa y convoque a las partes a una reunión que permita encauzar el conflicto.

La entidad advierte de que las actuaciones denunciadas ponen en riesgo su continuidad -tras más de 40 años de actividad cultural, social y deportiva- y reclaman una solución que garantice los derechos de todos los afectados y preserve el carácter público y el interés general del puerto.

Suscríbete para seguir leyendo