Serra Gelada: dos décadas de un conflicto urbanístico que aprieta las cuentas de Benidorm
De los convenios de 2003 a una condena judicial millonaria, una larga batalla por los terrenos del sector APR-7 marca la política y la economía del municipio
El alcalde Toni Pérez en la comparecencia para explicar la propuesta de pagos que es la misma que ofrece Murcia Puchades. / INFORMACIÓN
La historia del conflicto urbanístico de Serra Gelada es, en gran medida, la historia de cómo una decisión urbanística tomada hace más de veinte años ha terminado convirtiéndose en uno de los mayores problemas económicos de la historia reciente de Benidorm. Desde los primeros convenios firmados en 2003 hasta las sentencias judiciales que hoy obligan al Ayuntamiento a afrontar una indemnización millonaria, el caso ha atravesado cambios políticos, batallas judiciales y decisiones administrativas que han prolongado el litigio durante más de dos décadas.
El origen del conflicto se sitúa en 2003. Ese año, el Ayuntamiento de Benidorm firmó un convenio urbanístico con los propietarios de los terrenos del sector APR-7, vinculados a la familia Murcia Puchades. El acuerdo contemplaba la cesión de parte de esos suelos al municipio a cambio de compensaciones urbanísticas en otros sectores de la ciudad. En aquel momento, los terrenos tenían expectativas de desarrollo urbanístico derivadas de su clasificación previa en el planeamiento municipal.
Se declara parque natural
Sin embargo, el escenario cambió radicalmente dos años después. En 2005la Generalitat Valenciana declaró la Serra Gelada parque natural marítimo-terrestre, lo que supuso la protección de más de 5.500 hectáreas entre Benidorm, l’Alfàs del Pi y Altea. Con esta decisión, la posibilidad de urbanizar en esos terrenos quedó completamente descartada.
Pese a ello, el convenio urbanístico firmado anteriormente seguía vigente. Los propietarios aceptaron inicialmente la nueva situación, bajo la premisa de que el Ayuntamiento cumpliría su compromiso de compensarles con aprovechamientos urbanísticos equivalentes en otras zonas del municipio. Con el paso del tiempo, el acuerdo fue prorrogado y modificado en varias ocasiones, concretamente en 2010 y en 2013, sin que finalmente se llegara a materializar la compensación prevista.
Vuelta de tuerca
A partir de entonces y en 2016 el convenio no se renueva y comienza una larga etapa de tensiones entre el consistorio y los propietarios de los terrenos. Durante años, las mercantiles propietarias han reclamado el cumplimiento de los convenios o, en su defecto, una compensación económica equivalente al valor urbanístico perdido por la protección del parque natural. La situación terminó desembocando en los tribunales, iniciando un complejo proceso judicial que se ha prolongado durante años.
El primer gran giro judicial llegó en 2022. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante falló inicialmente a favor del Ayuntamiento de Benidorm, declarando nulos los convenios urbanísticos firmados en 2003, 2010 y 2013. Esta decisión parecía cerrar temporalmente el conflicto, ya que rechazaba las reclamaciones millonarias presentadas por las empresas propietarias.
Sin embargo, la batalla judicial estaba lejos de terminar. Las empresas recurrieron la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En mayo de 2024 este tribunal dictó un fallo que cambiaría por completo el escenario: estimó la reclamación de los propietarios y condenó al Ayuntamiento a pagar 283 millones de euros por los aprovechamientos urbanísticos que no pudieron desarrollarse tras la declaración del parque natural.
A esa cantidad se añadieron los intereses legales, lo que elevó la compensación total hasta aproximadamente 330 millones de euros. La cifra superaba con creces el presupuesto anual del Ayuntamiento de Benidorm, situándose entre las mayores indemnizaciones urbanísticas impuestas a una administración local en España.
Una larga trayectoria judicial la de Serra Gelada para el abono a los propietarios. / David Revenga
Soluciones
El Ayuntamiento decidió recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. La estrategia jurídica buscaba anular o reducir la indemnización argumentando, entre otras cuestiones, la nulidad de los convenios urbanísticos. Sin embargo, en abril de 2025 el alto tribunal inadmitió el recurso de casación presentado por el consistorio, confirmando de forma definitiva la condena impuesta por el TSJCV.
La confirmación judicial dejó al municipio frente a una situación financiera extremadamente compleja. La indemnización superaba ampliamente los recursos ordinarios del Ayuntamiento y abría un intenso debate político sobre cómo afrontar el pago sin comprometer la estabilidad económica del consistorio.
En 2026, las negociaciones entre el Ayuntamiento y los propietarios de los terrenos han perfilado nuevas soluciones. Entre las fórmulas planteadas figura un calendario de pagos a largo plazo que permitiría abonar la deuda en varias décadas, incluyendo un primer pago inicial y posteriores cuotas anuales vinculadas al presupuesto municipal.
Con ello se ha dado al traste con los análisis que advertían de que el coste de la indemnización podría situar al municipio al borde de la quiebra técnica si no se encontraba una fórmula viable de financiación.
Finalmente, la aprobación plenaria de una audiencia con Murcia Puchades entre las partes concluyó con un acuerdo que ha aminorado la dependencia económica y evitado una quiebra. Los puntos más relevantes entre empresa y ayuntamiento facilitan el abono en 30 años con cinco de carencia y un pago no menor del 8% de los recursos corrientes ordinarios del presupuesto.
Además se acuerda un pago de 60 millones antes del 31 de diciembre del presente año, operación en la que la administración local cuenta con el préstamo concedido por el fondo de impulso económico del Ministerio de Hacienda. El alcalde, Toni Pérez, se ha vanagloriado de avanzar en esta dinámica sin que afecte a una subida de impuestos o recorte de servicios públicos.
Sin embargo, más allá del impacto económico, el caso de Serra Gelada se ha convertido en un ejemplo paradigmático de las consecuencias que pueden derivarse de decisiones urbanísticas y administrativas adoptadas décadas atrás. Convenios firmados en un contexto urbanístico distinto, cambios en la normativa ambiental y años de litigios judiciales han terminado confluyendo en un conflicto que todavía hoy condiciona el futuro financiero de Benidorm.
Serra Gelada ya forma parte de los capítulos más complejos de la gestión urbanística y financiera del municipio.
Anatomía de una disputa
2001 – Protocolo de intenciones
En febrero de 2001 Generalitat y Ayuntamiento de Benidorm inician conversaciones para evitar la urbanización del sector APR-7 de Serra Gelada y buscar fórmulas para compensar a los propietarios si el suelo se protege. (Mandato de Vicente Pérez Devesa-PP).
Marzo de 2003 – Convenio urbanístico
El Ayuntamiento firma un convenio con los propietarios de los terrenos. El acuerdo contempla que el suelo se preserve y que los dueños reciban aprovechamientos urbanísticos equivalentes en otros sectores de la ciudad mediante transferencias. (Pérez Devesa).
Mayo de 2003 – Cambio político
Las elecciones municipales cambian la corporación apenas dos meses después de firmarse el convenio, con el mismo alcalde y vigencia del convenio durante los años siguientes. (Pérez Devesa).
2005 – Declaración del parque natural
La Generalitat declara Parque Natural de Serra Gelada, lo que elimina definitivamente la posibilidad de urbanizar el sector APR-7. (Pérez Devesa).
2010 – Novación del convenio
El pleno aprueba una modificación del acuerdo al constatar que no se ha desarrollado ningún plan parcial que permita compensar a los propietarios. Se amplía el plazo tres años más. (Alcalde Agustín Navarro-PSOE). El PP vota a favor.
2013 – Nueva prórroga
Como las compensaciones siguen sin materializarse, el Ayuntamiento aprueba una segunda ampliación del convenio, también por tres años. (Agustín Navarro).
2016 – Fin del convenio
Con Toni Pérez ya como alcalde, el acuerdo expira y no se renueva. Los propietarios empiezan a reclamar el cumplimiento del convenio o una indemnización.
2021 – Nulidad de los convenios
El pleno municipal aprueba declarar nulos los convenios de 2003, 2010 y 2013, lo que desencadena una nueva fase de litigios judiciales.
2024 – Sentencia del TSJCV
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana condena al Ayuntamiento a pagar más de 280 millones de euros, que con intereses superan los 330 millones.
2025 – El Supremo confirma la condena
El Tribunal Supremo inadmite el recurso del Ayuntamiento y confirma la sentencia.
2026 – Negociación del pago
El consistorio y los propietarios negocian fórmulas para afrontar la indemnización millonaria. La propuesta municipal se aprobará en sesión plenaria del 17 de marzo de 2026.
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