El Ayuntamiento de Benidorm pagará más de 500 millones por Serra Gelada con el acuerdo aprobado por el pleno

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este martes la propuesta de acuerdo para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) sobre el desarrollo urbanístico en Serra Gelada. La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor del Partido Popular y Vox y la abstención del PSOE. Un informe presentado por Intervención analizó como inviable el pago de la deuda en 30 años, propuesto por los propietarios, por lo que se orienta a un alargamiento de la amortización de la que no se han adelantado datos pero que se nutriría del 8% de los recursos corrientes anuales.

La sentencia obliga al Consistorio a compensar a los propietarios del sector APR-7 con unos 350 millones de euros. El plan municipal plantea iniciar los pagos con 60 millones, de los que 55 proceden de un préstamo del Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda, y el resto mediante recursos propios. El acuerdo contempla además un periodo de carencia de cinco años antes de comenzar a amortizar la deuda, mientras que los intereses -que rondan los 7,25 millones anuales según se expuso en el pleno- elevarían el coste total del proceso por encima de los 500 millones de euros si se tienen en cuenta las décadas de amortización previstas.

El acuerdo ha podido adelantar un trámite clave después de que el 16 de marzo los propietarios del sector APR-7, encabezados por la empresa Murcia Puchades, comunicaran por escrito su conformidad con la propuesta municipal de pagos. Esta aceptación previa permite evitar el plazo de tres días previsto para formalizar la aceptación, ya que la propia sesión plenaria ha dado validez a ese adelanto.

El debate llega tras varios días de negociaciones y ajustes técnicos en la propuesta municipal. Según ha explicado la portavoz del PP, Lourdes Caselles, dentro del periodo de audiencia abierto por el Ayuntamiento, los propietarios presentaron una propuesta que, según los técnicos municipales, contenía ciertos aspectos que no se podían incluir ni llevar a término porque podían vulnerar la legislación vigente. En paralelo, los técnicos redactaron la propuesta municipal que es la que se ha aprobado.

Conocedores de la existencia de esa propuesta municipal, de la que informó el alcalde en rueda de prensa, el mismo viernes dos de las empresas propietarias solicitan a la Secretaría General copia de la propuesta municipal y el lunes16 de marzo se recibe escrito de los propietarios aceptando los términos de acuerdo contenidos en la propuesta del Ayuntamiento.

El acuerdo busca ejecutar la sentencia que obliga al Consistorio a compensar a los propietarios del APR-7 con unos 350 millones de euros, una cifra que con intereses podría superar los 500 millones, según los cálculos expuestos en el pleno.

Parte de la deuda se podrá compensar con terrenos municipales. La propuesta prevé una dación en pago obligatoria de suelo para cubrir unos 67 millones de intereses ya generados, en sectores como PP2/1, Murtal 2 o Ensanche Levante, en un plazo de cinco años. Además, el Ayuntamiento podrá ofrecer nuevas cesiones de suelo para reducir la deuda, aunque en este caso su aceptación por parte de los propietarios será voluntaria y siempre con valoraciones a precio de mercado.

Con el cumplimiento de la sentencia, el Ayuntamiento pasará a ser titular de los suelos de Serra Gelada, incrementando el suelo protegido del municipio, que ya supera el 60 % del término municipal, según ha defendido Caselles.

Préstamo de 55 millones

En la misma sesión también se ha aprobado una modificación presupuestaria para solicitar un préstamo de 55 millones de euros al Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda, operación que permitirá afrontar el primer pago previsto en el acuerdo. Este punto ha salido adelante con el apoyo de los tres grupos municipales. La edil de Hacienda, Aida García Mayor, ha precisado que esta financiación estatal “no es un regalo”, sino un mecanismo que el Ayuntamiento deberá devolver y que forma parte de la planificación económica prevista para afrontar el primer pago.

Durante el debate, el grupo socialista ha reprochado al alcalde, Toni Pérez, que la comisión de expertos formada por funcionarios habilitados nacionales anunciada para analizar la solución no se haya reunido nunca, mientras que el gobierno municipal ha defendido que tres informes técnicos avalan jurídicamente el acuerdo.

Además, un informe de Intervención citado en la sesión advierte de que el plazo de 30 años planteado inicialmente no sería suficiente para amortizar la deuda, lo que podría prolongar el pago durante varias décadas más.

El debate plenario pone de manifiesto el choque político sobre las responsabilidades en el origen del litigio urbanístico. PP y PSOE se han acusado mutuamente de haber provocado la situación que ha derivado en la sentencia judicial y en la elevada factura económica para el Ayuntamiento.

Las posiciones de los grupos políticos

PP: defensa del acuerdo avalado por informes técnicos

La portavoz del gobierno, Lourdes Caselles, ha defendido que el acuerdo aprobado es un convenio de colaboración con los propietarios del sector, que cuenta con tres informes técnicos municipales que avalan su viabilidad jurídica.

Caselles ha explicado que la propuesta tuvo que reformularse tras detectar aspectos que podían contravenir la legislación, lo que obligó a redactar un nuevo texto que finalmente ha sido aceptado por los propietarios.

Durante el debate, la edil popular también ha responsabilizado al PSOE del origen del conflicto urbanístico al introducir, según afirmó, una cláusula en los convenios que establecía que estos quedarían sin efecto si se aprobaba la Declaración de Impacto Ambiental, acusación que ha causado rechazo en la bancada socialista.

La portavoz ha insistido asimismo en que el gobierno municipal no prevé subir impuestos para afrontar los pagos derivados de la sentencia.

PSOE, comité de expertos y tasa turística:

La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha acusado al alcalde de “inacción” desde su llegada a la alcaldía en 2015 por no haber renovado los convenios urbanísticos, lo que, a su juicio, contribuyó a que se llegara a la sentencia.

Escoda calificaba de “maldita hoja de ruta” la estrategia municipal para afrontar el fallo judicial, al considerar que supondrá más de 500 millones de euros entre principal e intereses y la cesión de terrenos municipales. También ha recordado que los intereses acumulados por no pagar inicialmente los 283 millones superarían los 70 millones de euros.

La portavoz socialista ha cuestionado además la falta de reuniones de la comisión de expertos anunciada por el gobierno local, solicitando que se presenten las actas de ese órgano. Asimismo ha citado el informe de Intervención que señala que la deuda no podría pagarse en 30 años sin recortes, estimando que el plazo podría alargarse hasta 47 años.

Entre sus propuestas, ha citado al alcalde a acudir a la Generalitat para reclamar medidas de financiación, incluida la implantación de una tasa turística.

Vox: apoyo al acuerdo, pero advertencia sobre su coste

El portavoz de Vox J. Miguel San Martín, ha respaldado el acuerdo aunque advirtiendo de su impacto económico a largo plazo.

Sanmartín se ha dirigido al alcalde para decirle que había solucionado “su problema político inmediato pero puede hipotecar a los vecinos de Benidorm durante décadas”, al estimar que los pagos podrían suponer alrededor del 8 % del presupuesto municipal anual, unos 12 millones de euros.

También ha cuestionado por qué no se entregaron antes terrenos municipales a los propietarios cuando se firmaron los convenios iniciales y ha reclamado que el Ayuntamiento identifique qué suelos se utilizarán para compensar parte de la deuda.

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