La Fiscalía pide el archivo del caso de los dos inspectores de la Policía Local de La Vila nombrados “a dedo” por el alcalde

La propuesta de sobreseimiento de la Fiscalía Anticorrupción en la causa por los nombramientos del alcalde, Marcos Zaragoza, de dos inspectores en la Policía Local de La Vila Joiosa ha abierto un escenario marcado por las reacciones críticas y, al mismo tiempo, por la cautela institucional a la espera de la decisión definitiva del juzgado sobre la denuncia interpuesta contra el nombramiento director por parte del alcalde de los cargos de la Policía de La Vila. Compromís, personado en el proceso, interpreta que la petición de la Fiscalía se produce porque aunque el equipio de gobierno quería que los dos puestos fueran permantenes los dejó como provisionales. El Grupo Vecinal Villajoyosa, ha criticado la posición de del fiscal apuntando que para cubrir las plazas el Ayuntamiento debería haberse basado en los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad. Por su parte, el Ayuntamiento ha decidido esperar que el juzgado haga firme la propuesta mediante la emisión del auto judicial.

El caso se inició con la designación de dos inspectores de policía que habían suspendido el examen de acceso con un 4 y un 1,4. Tiempo después y en un contexto sin conexión con el anterior se produjeron los correspondientes ascensos a inspectores realizados el 3 de diciembre de 2024, seguidos ocho días más tarde por la convocatoria de una bolsa de empleo para cubrir esas plazas lo que en conjunto forma parte de esos contratos irregulares que se denunciaron ante Fiscalía. Todos estos hechos fueron los que llevaron a que el Ministerio Público tras la denuncia del Grupo Vecinal Villajoyosa y un policía local afectado, abriera una investigación al alcalde y al concejal de Recursos Humanos, Paco Buigues, por prevaricación.

Actuaciones irregulares sin conseguir el fin

Tanto PSOE como Compromís se personaron en la causa para poder acceder al relato de los hechos y si se contemplaban dentro de la legalidad. El informe de la Fiscalía fechado el pasado 16 de marzo proponiendo el sobreseimiento -que tendrá que afianzar el auto judicial- se basa en que no hay hechos consumados.

Según la representación procesal de Compromís, el equipo de gobierno popular no habría conseguido su pretensión que era “poner a unas personas a dedo; son unas actuaciones irregulares sin obtener un fin”.

Aunque los dos policías ascendidos a inspectores sí que cubrieron esos puestos al menos durante un año, las plazas no se afianzaron. “El alcalde tiene potestad de coger a alguien porque no hay nadie para cubrir ese puesto”, explican desde Compromís. Se trataría de una atribución de funciones que no afianza la ocupación porque es temporal.

Es el siguiente paso, el de mejora de empleo, con una plaza superior y con celebración de oposiciones las que no pueden ser designadas por decreto. A este paso incompleto sería al que se refiere el archivo y que “no se consumó”, según relatan desde Compromís. En todo caso el proceso está bajo un prisma irregular y desde los servicios jurídicos del grupo valoran que el PP buscaba la mejora de empleo lo que “sí hubiera sido constitutivo de delito”.

Averiguar y cese

Por otra parte, desde Compromís explican su personación en la causa como modo de averiguar fielmente los hechos y su correspondencia con la legalidad vigente. Precisamente, el principal testigo que aportó las pruebas sobre el relato ocurrido en el nombramiento de dos inspectores de la Policía Local por el alcalde fue el jefe de Personal, A.B.P, que fue cesado por el primer edil y que ahora se ocupa del departamento de reclamaciones patrimoniales del ayuntamiento, una degradación laboral de la que informan fuentes municipales.

Falta de transparencia

Ahora, el Ministerio Público habría descartado la existencia de delito, aunque afea el procedimiento, señalando falta de transparencia, escasa motivación y deficiencias formales. Un posicionamiento que ha sido interpretado de forma muy distinta por las partes implicadas.

El denunciante Grupo Vecinal Villajoyosa (GVV) ha sido el más contundente, mostrando su rechazo frontal a la propuesta de archivo. El colectivo considera que, aunque no haya recorrido penal, lo ocurrido afecta directamente a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Impacto en la confianza ciudadana

Su presidente, Agustín López Mayor, advierte de que este tipo de decisiones “no pueden normalizarse” y alerta del impacto que tienen en la confianza ciudadana: “No todo es legalidad penal; también hablamos de ética, de justicia y de respeto a quienes hacen las cosas bien”.

El colectivo vecinal pone el foco en las consecuencias directas de estas prácticas con una plantilla desmotivada, ciudadanos que pierden la confianza en las instituciones y una ciudad “cada vez más insegura”. Según GVV, desde la llegada del actual gobierno municipal, los problemas de vandalismo, robos y delincuencia no han dejado de crecer, generando una sensación de abandono entre los vecinos.

No hay que olvidar a otro de los denunciantes, un policía local que se vio afectado por la designación de los inspectores y que acudió sin representación procesal acogido a la defensa de sus intereses por la propia Fiscalía, cuya denuncia queda ahora en manos del auto judicial.

Fórmulas legales

Frente a la postura vecinal, desde el sindicato policial SPPLB-FSEP respaldan la línea del Ministerio Público y se insiste en que las actuaciones se ajustaron a la normativa vigente. Según ha señalado su secretario autonómico, Francisco A. González, los nombramientos se realizaron mediante fórmulas legales como la mejora de empleo, en un contexto en el que no existían inspectores disponibles en la plantilla.

El sindicato subraya además que los nombramientos eran provisionales y recuerda que ya se han convocado plazas para cubrir estos puestos de forma definitiva, un total de tres.

Por su parte, el ayuntamiento ha optado por una posición de prudencia. Fuentes municipales han indicado que se respeta el criterio de la Fiscalía, pero insisten en que será el juzgado quien deba pronunciarse de forma definitiva.

En esa misma línea se sitúa la defensa de los investigados, que asegura no haber recibido aún notificación oficial. “Falta el auto de la juez y no se puede adelantar nada. Hay que esperar a conocer la resolución”, señalan, apelando a la cautela.

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