El Síndic de Greuges abre una investigación al Ayuntamiento de La Vila Joiosa por la inactividad en el control de accesos al casco histórico
La institución da un mes al consistorio para responder a la queja vecinal sobre un sistema que lleva más de tres años sin funcionar

Los vecinos denuncian aparcamientos sin control a causa de la falta de funcionamiento del sistema de acceso. / INFORMACIÓN
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha decidido admitir a trámite la queja presentada por la Asociación del Casco Antiguo de La Vila Joiosa y ha iniciado una investigación formal para esclarecer la posible inactividad del ayuntamiento en la gestión del sistema de control de accesos al centro histórico. La situación ha sido denunciada en reiteradas ocasiones en una sucesión de circunstancias que parten desde su puesta en marcha en 2019.
La queja, registrada el pasado 9 de abril, pone de manifiesto una situación que, según los vecinos, se arrastra desde hace más de tres años y que se concentra en la falta de funcionamiento del sistema de control de accesos mediante cámaras de lectura de matrículas, un elemento clave para aplicar la ordenanza municipal que regula la circulación en el casco histórico.
Tras analizar la documentación aportada por la asociación vecinal, el Síndic ha considerado que los hechos descritos podrían suponer una vulneración del derecho a una buena administración, reconocido en el ordenamiento jurídico. En consecuencia, la institución ha acordado la apertura del procedimiento de queja, con el objetivo de investigar lo sucedido y recabar información directa del ayuntamiento.
Cómo afronta las reparaciones
En el escrito de admisión a trámite, el Síndic solicita al Ayuntamiento de La Vila Joiosa la elaboración de un informe “detallado y razonado” sobre los hechos denunciados. Para ello, el consistorio dispone de un plazo inicial de un mes, que podría ampliarse de forma excepcional si así lo solicita la propia administración municipal y concurren circunstancias justificadas.
Entre las cuestiones que el Síndic requiere aclarar se encuentran aspectos fundamentales como la fecha exacta en la que el sistema dejó de funcionar, las causas que han provocado su inoperatividad durante un periodo tan prolongado y las actuaciones que, en su caso, se hayan llevado a cabo para su reparación o sustitución.
Ordenanza versus sistema fallido
Asimismo, la institución autonómica solicita información sobre si existe un calendario concreto para la puesta en funcionamiento del sistema y qué medidas ha adoptado la Administración local para garantizar el cumplimiento de la ordenanza municipal mientras el sistema ha permanecido inactivo. Este punto resulta especialmente curioso, ya que la normativa aprobada por el propio consistorio depende directamente de este sistema tecnológico para su aplicación efectiva.
Otro de los aspectos destacados de la investigación es la falta de respuesta administrativa a las solicitudes presentadas por los vecinos. En este sentido, el Síndic ha pedido explicaciones sobre los motivos por los cuales no se han resuelto diversos escritos registrados, así como el plazo previsto para darles contestación.
Vecinos sin respuesta
La queja incluye casos concretos que evidencian esta situación, como el de un vecino que solicitó en varias ocasiones la actualización de la matrícula de su vehículo autorizado para acceder al casco histórico sin haber recibido respuesta expresa por parte del ayuntamiento. Este tipo de situaciones, según la institución, podrían vulnerar el derecho de los ciudadanos a obtener una resolución en un plazo razonable.
El Síndic también ha requerido al consistorio que aporte copia de las resoluciones motivadas que se hayan dictado en relación con las solicitudes presentadas por los vecinos afectados, así como un detalle de las medidas adoptadas para solucionar los problemas denunciados.
En este contexto, la institución advierte de que, si el ayuntamiento no remite el informe solicitado dentro del plazo establecido, la investigación seguirá su curso y podría considerarse que existe una falta de colaboración por parte de la administración local.
El hecho denunciado por la Asociación del Casco Antiguo plantea dudas sobre la compatibilidad entre el mantenimiento de una ordenanza vigente y la inexistencia de los medios necesarios para hacerla cumplir.

Uno de los semáforos rotos que debe dar acceso restringido al casco antiguo. / INFORMACIÓN
Estacionamientos indebidos
A ello se añade que la prolongación en el tiempo de esta situación podría afectar a principios fundamentales como la seguridad jurídica, al generar incertidumbre entre los vecinos sobre las normas aplicables, y la igualdad en su cumplimiento.
Por otro lado, la investigación también aborda el impacto que esta situación ha tenido en el día a día del casco histórico de La Vila Joiosa. Según la queja presentada, la falta de control de accesos ha derivado en un incumplimiento generalizado de la normativa, con la consiguiente proliferación de estacionamientos indebidos y un deterioro de la convivencia vecinal.
El presidente de la asociación, Toni Rubio Fiego, expone la “dejadez total” de la ordenanza y la falta de respuesta de los representantes municipales para esta cuestión o para obtener información sobre el próximo incremento de cámaras de seguridad en el municipio que no saben si afectará a este barrio. “La asociación está harta de esperar una contestación; tenemos mucha paciencia, pero también se acaba”, señala Rubio.
Preguntado por esta cuestión al consistorio, este diario esperaba una respuesta de algunos de los representantes municipales que diera su versión sobre los hechos que atañen a este barrio de La Vila Joiosa.
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