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Benidorm informará a los migrantes mientras vota en contra del proceso de regularización

Bienestar Social organiza charlas informativas sobre acceso a trámites pero denuncia la presión asistencial que corresponde al Estado

Guía para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes

Sara Fernández

Explicar los trámites aunque estén en contra. El Ayuntamiento de Benidorm afrontará explicar a la población migrante la documentación y los trámites a realizar para entrar en el proceso de regularización que ha aprobado el Gobierno de España. Por el contrario, el PP llevará al próximo pleno una moción que expone su rechazo a la política migratoria tal como la ha diseñado el Ejecutivo y que analizan como una delegación de tareas propias a las administraciones locales.

Con este argumento el grupo popular se propone dar su voto contrario a la regularización siguiendo el posicionamiento crítico que ha tenido el PP en todo el territorio nacional sobre una aplicación que ha generado gran controversia y ha ocupado en las últimas semanas los discursos lanzados por los principales líderes populares.

Paralelamente, y para dar curso a la información a que tienen derecho los ciudadanos, la Concejalía de Bienestar Social ha programado sesiones informativas a través de las que personal municipal trasladará toda la información sobre la documentación que deben aportar las personas que pidan participar del proceso y dónde obtenerlos, así como los trámites que habrán de realizar.

Del 21 al 24 de abril

Según ha detallado la concejal del área, Ángela Zaragozí, estas charlas se van a desarrollar en el salón de actos del Ayuntamiento “desde el martes 21 al viernes día 24 en horario de 09.00 a 11.00 horas”. Además, el martes 21 y el jueves 23 también habrá sesiones de tarde en el centro social José Llorca Linares en horario de 17.00 a 19.00 horas.

A lo largo de la próxima semana, se informará a la ciudadanía de la programación de nuevas sesiones.  

Efrain y su pareja, los dos de Colombia, inician el proceso de regularización de inmigrantes

Fernando Bustamante

En cuanto a la propuesta que el equipo de gobierno local llevará al próximo pleno se muestra el “rechazo a la política migratoria del Gobierno de España” a la vez que se reprobará la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez “por no hacer uso óptimo de los recursos y plazas de acogida de titularidad estatal en la ciudad, trasladando la presión asistencial al Ayuntamiento y a las entidades sociales, a pesar de tratarse de competencias propias de la Administración General del Estado”.

La responsable de Bienestar Social ha incidido en que “como Ayuntamiento vamos a atender a la ciudadanía y a facilitarles toda la información y trámites, aunque se nos haya utilizado sin más en este proceso por quien tiene los recursos y la responsabilidad”. Por eso, “mostramos nuestra oposición a cómo se ha planteado y gestionado este proceso por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que no sólo no nos ha facilitado medios para atender esta tarea extraordinaria, sino que ha trasladado a los Ayuntamientos su responsabilidad, lo cual, sin duda, va en detrimento del servicio que se presta a los propios ciudadanos”.

Vulnerar los principios europeos

La moción que se votará en pleno incluye instar al Gobierno de España “a retirar el Real Decreto de regularización masiva” por “carecer de los mecanismos de control necesarios, por vulnerar los principios europeos en materia migratoria y por contravenir los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo”. Del mismo modo, exige “tramitar cualquier modificación en materia de extranjería como proyecto o proposición de ley en el Congreso de los Diputados, garantizando el debate parlamentario, la seguridad jurídica y la participación de los grupos políticos”.

Por último, el acuerdo exige al Gobierno Central que “cualquier proceso de regularización sea individualizado y esté acompañado de una memoria económica detallada, un procedimiento transparente, criterios claros y definidos”, así como “la habilitación de una financiación suficiente para que los municipios puedan afrontar su impacto, tanto en los procedimientos de tramitación como en el consiguiente desarrollo de itinerarios de inclusión social y laboral”.

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