El pleno de Benidorm rechaza el proceso de regularización de migrantes, pero no admite la enmienda de Vox sobre la prioridad nacional

Lo que parecía iba a ser el lunes una sesión de puro trámite, se ha convertido en un espacio para dirimir las diferencias sobre las posturas de los grupos en relación con la regularización de inmigrantes. El PP presentaba en el Ayuntamiento de Benidorm una propuesta en contra del proceso mientras que Vox ha introducido una enmienda para votar la prioridad nacional que los populares han rechazado con un criterio diferente a la que el partido asume en comunidades como Extremadura o Aragón. Otro de los puntos con fricción entre los grupos ha sido el correspondiente a las subvenciones municipales que habrían disminuido en medio millón de euros según el Grupo Municipal Socialista y que el PP engloba en las necesidades reales actuales y en la indicación de los técnicos.

La moción del equipo de Gobierno sobre la regularización masiva de inmigrantes es el que ha concentrado los diferentes puntos de vista de los tres grupos. La edil de Bienestar Social, Angie Zaragozí, ha instado a la retirada por considerarla una “transferencia encubierta de competencias” en lo que se refiere al incremento de trabajo que ha recibido el Ayuntamiento que no ha venido acompañado de más recursos.

Más de 1.700 personas

Según la concejala, más de 1.700 personas han acudido a informarse a las dependencias municipales y de ellas un total de 1.100 para solicitar un certificado de vulnerabilidad, requisito indispensable para el proceso. Zaragozí ha explicado que incluso profesionales como abogados o administradores han asistido a las charlas informativas que ha facilitado el consistorio para explicar el procedimiento.

El desbordamiento de los servicios públicos y la falta de apoyo económico por el Gobierno nacional son las dos cortapisas que llevan al PP a pedir esta retirada, pero Zaragozí ha subrayado que no están en contra de la regularización: “Queremos que la gente que trabaja aquí tenga sus derechos”.

Prioridad nacional

Esta respuesta ha venido motivada por la enmienda presentada por el edil de Vox, José Miguel Sanmartín, que pedía la retirada del decreto del Gobierno, la repatriación de los inmigrantes ilegales y la prioridad nacional e los españoles en ayudas sociales, recursos públicos y vivienda. El único representante del partido ultraderechista ha precisado que intentó el apoyo “valiente” del PP, pero “no lo aceptan porque dicen que no coincide con su posicionamiento político”.

La estrategia de Vox de forzar apoyos municipales a la prioridad nacional no ha conseguido su objetivo en Benidorm que ha rechazado la propuesta con el alcalde Toni Pérez a la cabeza- a la sazón también presidente de la Diputación de Alicante- en una posición que no coincide con los pactos que se llevan a cabo en las comunidades autónomas de Extremadura y Aragón.

El edil socialista Toni López, quien ha defendido el decreto de regularización ha tildado el discurso de Sanmartín de “racista y xenófobo” y ha contestado que no hay efecto llamada: “Ustedes son los que realizan el efecto llamada diciendo que los inmigrantes que vengan ahora podrán hacer su regulación y es falso”.

Diferencia de criterios con las subvenciones

El Plan Estratégico de Subvenciones de Benidorm para 2026 ha abierto un choque de interpretaciones entre el equipo de gobierno del PP y el grupo socialista, tanto por el volumen total de ayudas como por la evolución real de las partidas.

Desde el ejecutivo local se cifra el montante global en 6,8 millones de euros, destacando el refuerzo en áreas como Bienestar Social -con más de 1,4 millones-, Educación -con más de 1,1 millones- o Deportes, que alcanza los 525.000 euros.

Desde la oposición socialista, el concejal Antonio Charco sostiene que el presupuesto dirigido es de 6,5 millones y más allá de las cifras globales, el análisis comparativo que efectúa refleja un recorte real de alrededor de 552.000 euros si se comparan partidas homogéneas. En este sentido, denuncia especialmente la desaparición de la línea de ayudas a Eventos y el descenso en áreas como Sanidad, Turismo o Empleo. Lo que ha sido rebatido por la titular de Hacienda popular, Aida García Mayor como una decisión aportada por los técnicos municipales sobre la base de las necesidades.

Uno de los puntos clave del debate es el área de Comercio, donde los 2,5 millones consignados en 2026 como subvención no suponen, según diversas fuentes, un incremento real, sino un cambio de criterio contable, ya que en 2025 esta cantidad se recogía como gasto directo.

Charco ha enlazado ese recorte en subvenciones con la línea de lo que será la gestión del PP en los próximos años, un “banco de pruebas” debido al pago por la sentencia de Serra Gelada que ha denominado de “estacazo”. El punto ha sido aprobado con los votos del PP y Vox y la abstención del PSOE.

Atención ciudadana municipal y privada

El pleno ha aprobado por unanimidad el Plan Estratégico de Atención Ciudadana 2026-2029, una hoja de ruta que, según el equipo de gobierno, busca modernizar y mejorar la relación entre la administración local y los vecinos.

La edil popular responsable del área, Mónica Gómez, ha defendido el documento destacando la trayectoria del modelo de atención al ciudadano de Benidorm. Según ha señalado, se trata de un sistema con más de 30 años de funcionamiento que fue pionero en la descentralización administrativa.

Sin embargo, pese al respaldo unánime en la votación, el plan no ha estado exento de críticas por parte de la oposición. Desde el grupo socialista, la concejala Laura Rubio, ha advertido de la falta de recursos humanos que recoge el gobierno municipal, señalando que el servicio de atención telefónica debería contar con 23 trabajadores, frente a los 17 actuales.

Asimismo, ha cuestionado la continuidad del modelo mixto de gestión, en el que conviven trabajadores municipales con una empresa externa, advirtiendo de problemas de organización y coordinación. En esta línea, han alertado de una posible tendencia hacia una mayor privatización del servicio. Por su parte, desde Vox también se han sumado a las críticas, poniendo el foco en la falta de control y seguimiento del servicio.

CEIP Ausiàs March

En materia educativa, el pleno ha aprobado por unanimidad la modificación de la delegación de competencias a favor del Ayuntamiento de Benidorm para ejecutar el nuevo proyecto de mejora del CEIP Ausiàs March. Esta actualización incrementa el presupuesto en cerca de 600.000 euros, hasta alcanzar los 2,6 millones, e incorpora actuaciones como la instalación de climatización, placas solares y la renovación de la red eléctrica e iluminación interior.

La actuación se enmarca en el Plan Edificant y, según ha explicado la edil de Educación, Maite Moreno, responde a la necesidad de adaptar el proyecto a los costes actuales e incluir mejoras no contempladas inicialmente. Tras esta aprobación, el Ayuntamiento prevé licitar las obras para iniciar su ejecución lo antes posible, con el objetivo de comenzar en septiembre y minimizar el impacto en el alumnado y el profesorado.

Por su parte, el edil socialista Sergi Castillo, ha criticado que el proyecto sigue siendo incompleto y ha reprochado al gobierno local la falta de avances en otros centros educativos del municipio. Castillo ha señalado que se han quedado fuera actuaciones demandadas como la renovación de aseos, mejoras en accesibilidad interior o nuevas instalaciones, y ha advertido de que estas carencias evidencian que se trata de una intervención “mejorable” que deberá ampliarse en el futuro.

El pleno también ha dado luz verde por mayoría a la aprobación de facturas pendientes por valor de 3,95 millones de euros, en una sesión en la que se abordaron otros asuntos de gestión económica y administrativa. Entre ellos, se aprobó la adhesión del Ayuntamiento al Sistema de Calidad Turística en Destinos (SICTED), una iniciativa que, según explicó la portavoz Lourdes Caselles, permitirá mejorar los estándares del servicio turístico mediante evaluaciones y la aplicación de buenas prácticas, con el objetivo de obtener el distintivo de calidad.

Asimismo, todos los grupos respaldaron por unanimidad la concesión de la ‘Distinción Europa’ al científico Juan Carlos Izpisúa Belmonte, reconocido internacionalmente por su trayectoria en biología regenerativa y medicina avanzada. En el ámbito patrimonial, también se aprobó incorporar como activo municipal los ahorros energéticos generados en 2023, cifrados en más de 3.800 MWh y valorados en cerca de 486.700 euros, según el concejal Jaime Jesús Pérez.

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