La Dirección General de Puertos mediará en el conflicto entre el Club Náutico Campomanes de Altea y la concesionaria de Marina Greenwich

La situación entre la comunidad de titulares de amarres del Club Náutico de Campomanes de Altea y la concesionaria Marina Greenwich del puerto deportivo continúa escalando tras la presentación de nuevas demandas judiciales relacionadas con el proceso de renovación de las concesiones a diez años planteado por la empresa gestora. Son cuatro los titulares que ya han iniciado acciones legales, aunque la buena noticia es que se abre una posibilidad de acuerdo entre las partes propiciada por la Dirección General de Puertos.

Tanto la comunidad de titulares de amarres como el Club Náutico Campomanes mantienen su posición crítica frente a lo que consideran un criterio abusivo y una interpretación perjudicial de las condiciones aplicadas por la concesionaria en el proceso de renovación, una cuestión que ha generado un creciente conflicto jurídico y social en el entorno portuario.

Según ha podido saber este periódico, no se descarta que durante la próxima semana puedan registrarse nuevas acciones legales por parte de afectados, en un contexto de máxima incertidumbre y preocupación entre numerosos propietarios de amarres, que aseguran desconocer cuál será finalmente el desenlace administrativo y judicial de esta situación.

El conflicto ha ido ganando dimensión pública en las últimas semanas tras aparecer en distintos medios de comunicación de la Comunitat Valenciana, mientras continúa creciendo la inquietud entre usuarios históricos del puerto deportivo de Altea.

Miércoles decisivo

En paralelo, el próximo miércoles y según fuentes cercanas a las partes implicadas, está prevista una reunión con el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat Valenciana, Marc García Manzana que mediará entre ambas partes. Un encuentro que consideran determinante para conocer el posicionamiento de la administración autonómica y explorar posibles vías de solución al conflicto abierto en Marina Greenwich.

Fuentes vinculadas a los afectados insisten en que la situación sigue siendo “muy delicada” y hablan de una “tensa espera” ante las decisiones que puedan adoptarse tanto desde el ámbito jurídico como administrativo en los próximos días.

Tal y como ha venido publicando INFORMACIÓN en las últimas semanas, una parte de los propietarios afectados considera que las nuevas condiciones económicas y contractuales planteadas para la renovación de las concesiones resultan inasumibles y generan una situación de inseguridad jurídica. Los usuarios sostienen además que muchos titulares históricos podrían verse obligados a abandonar sus amarres ante la imposibilidad de asumir las nuevas exigencias.

La controversia se centra especialmente en la interpretación de los derechos concesionales y en las condiciones establecidas para optar a las prórrogas planteadas por la empresa gestora, un asunto que ha provocado posiciones enfrentadas y una fuerte tensión interna dentro de la comunidad portuaria.

Desde el entorno cercano a los colectivos enfrentados se insiste en que la mediación de la Dirección General de Puertos puede resultar clave para intentar reconducir el conflicto y abrir un espacio de diálogo que permita evitar un escenario de mayor judicialización. No obstante, reconocen que las posturas siguen todavía muy alejadas y que existe preocupación ante las posibles consecuencias económicas y patrimoniales para numerosos propietarios.

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