El PSOE pide destinar los 43 millones de ahorro municipal a reducir la deuda de Serra Gelada y el PP se remite a los técnicos

El remanente de Tesorería de 43,3 millones de euros del Ayuntamiento de Benidorm ha abierto un nuevo choque político entre el gobierno local del PP y el Grupo Municipal Socialista a cuenta de la sentencia de Serra Gelada, cuya factura económica marcará las cuentas municipales durante décadas. Los socialistas indicaban a los populares destinar ese dinero a la amortización de la deuda mientras que el PP ha contestado que seguirán las pautas de los técnicos y culpan a la oposición de ser el origen del problema.

El concejal socialista Antonio Charco ha reclamado este lunes al alcalde, Toni Pérez, que destine “de forma inmediata” buena parte de ese ahorro a amortizar la deuda derivada de la sentencia urbanística. Según el edil, utilizar esos fondos permitiría reducir plazos de pago y ahorrar millones de euros en intereses de una operación que alcanzará los 570 millones y que, según recordó, se prolongará durante 47 años.

Charco ha criticado que el gobierno popular “saque pecho” de la situación económica municipal mientras Benidorm afronta “la mayor condena urbanística de su historia”. En este sentido, acusa al ejecutivo local de mantener un discurso “triunfalista” para ocultar una gestión “lamentable” y reclama priorizar la reducción de la deuda frente a otros gastos.

Subvenciones en riesgo

Además, el edil socialista ha cargado contra la baja ejecución de inversiones municipales reflejada en el informe de Intervención de la liquidación presupuestaria de 2025. Según señala, el nivel de ejecución cayó hasta el 32,6 %, una situación que, a su juicio, pone en riesgo subvenciones europeas vinculadas a proyectos como el plan “Verde y Agua”.

La respuesta del gobierno local no se ha hecho esperar y la concejala de Hacienda, Aida García Mayor, se ha reafirmado en que el Ayuntamiento hará “un uso cabal y justo” del remanente “siguiendo el criterio de los técnicos municipales” y priorizando “el interés general de los benidormenses”.

Quién aprobó los convenios

La edil ha defendido la gestión económica del ejecutivo de Toni Pérez y ha afirmado que el hecho de que exista ahorro municipal demuestra que las cuentas del Ayuntamiento están “saneadas”. Asimismo, acusa al PSOE de mantener un discurso “catastrofista” pese a que la solución adoptada para afrontar la sentencia de Serra Gelada permitirá hacer frente a los pagos “sin subir impuestos”.

García Mayor también responsabiliza directamente al PSOE del origen del conflicto urbanístico. La concejala mantiene una versión en que los convenios vinculados a Serra Gelada fueron aprobados en 2013 por el gobierno socialista “en solitario y pese a los informes técnicos”, y alude a que aquellas decisiones desembocaron posteriormente en la reclamación económica que ha derivado en la millonaria sentencia.

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