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La Generalitat da mes y medio a Marina Greenwich y a los amarristas del puerto de Campomanes de Altea para acercar posturas

Costas crea una mesa de diálogo entre ambas partes, congela la situación actual hasta una nueva reunión y pide propuestas

Reunión entre la concesionaria de Campomanes y los amarristas, con la presencia del director general de Costas.

Reunión entre la concesionaria de Campomanes y los amarristas, con la presencia del director general de Costas. / INFORMACIÓN

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La Generalitat ha movido ficha en el conflicto abierto entre la dirección de Marina Greenwich de Altea y los amarristas afectados por la gestión de los atraques en el puerto de Campomanes de Altea. La Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos ha constituido una mesa de diálogo entre ambas partes y ha fijado un plazo de mes y medio para intentar reconducir la situación mediante propuestas que permitan acercar posiciones para evitar que escale el conflicto.

Mientras duren las conversaciones, se mantendrán las condiciones actuales en el puerto deportivo para evitar nuevos pasos que puedan tensar aún más el enfrentamiento. La intención de la administración autonómica es frenar la escalada y abrir un periodo de negociación antes de convocar una nueva reunión de mediación.

El conflicto surgió tras las discrepancias entre el concesionario de Marina Greenwich y varios amarristas por las condiciones de uso y gestión de los atraques dentro de la concesión portuaria. La Comunidad de Titulares de Amarres del Puerto Luis Campomanes, que representa a 432 propietarios, aprobó hace unos días iniciar una ofensiva jurídica, institucional y pública contra Marina Greenwich S.A. por considerar que la concesionaria está modificando derechos consolidados durante décadas mediante una reinterpretación de la concesión portuaria.

Los amarristas han venido denunciando además la imposición de nuevas condiciones económicas que califican de “desorbitadas” y sostienen que el actual proceso podría vaciar de contenido sus derechos de uso sobre los amarres. Según defienden, la situación abriría la puerta al desplazamiento de los actuales titulares en beneficio de una operación con un importante impacto económico.

Durante todo este proceso, se abrió la pasada semana la posibilidad de una intermediación de la Generalitat para reconducir las posturas o buscar un acuerdo de mínimos, una reunión que se ha celebrado ya y que posiciona a ambas partes a considerar sus argumentos y acciones.

Aunque desde la Generalitat recuerdan que se trata de una cuestión de carácter civil entre la empresa concesionaria y los amarristas, el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha señalado que la administración autonómica mantiene labores de “mediación y seguimiento” dentro de sus competencias de tutela sobre las concesiones portuarias.

La Conselleria subraya que Marina Greenwich forma parte del dominio público portuario y que, por tanto, la Generalitat debe supervisar las actuaciones que se desarrollan dentro del ámbito concesional. No obstante, también insiste en que la relación administrativa se produce directamente con la concesionaria y no con los titulares de amarres.

Pese a ello, el Ejecutivo autonómico ha decidido implicarse para intentar rebajar la tensión y facilitar un escenario de negociación entre ambas partes. Desde la Dirección General de Puertos consideran prioritario mantener abiertas las vías de diálogo para tratar de alcanzar una solución consensuada que aporte estabilidad al puerto alteano.

El acuerdo alcanzado en esta primera toma de contacto pasa por mantener el actual escenario durante aproximadamente seis semanas. En ese periodo, tanto la concesionaria como los amarristas deberán presentar propuestas que permitan avanzar hacia posibles puntos de encuentro antes de una futura convocatoria de la mesa de diálogo.

La mediación abierta por la Generalitat llega en un momento clave para evitar que el conflicto derive en un enfrentamiento mayor dentro de una de las instalaciones náuticas más conocidas de la Marina Baixa.

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