Interior deniega el asilo al marroquí detenido en Altea por no saber explicar dónde vivía
El ministerio permite al joven salir del Centro de Internamiento de Extranjeros para poder volver a su domicilio mientras la expulsión queda paralizada temporalmente hasta que se termine el proceso

Imagen de Mounir M., ahora ingresado en el CIE de Valencia. / INFORMACIÓN
El joven marroquí internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) tras ser detenido en Altea por no saber explicar su dirección ha quedado en libertad en la tarde del lunes apenas unos días después de que el Ministerio del Interior le denegara la protección internacional. La salida del centro se produce después de que su abogado presentara un recurso de reexamen contra la resolución y mientras permanece paralizada la devolución a Marruecos.
El Ministerio del Interior había denegado la solicitud de protección internacional presentada por el joven marroquí internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) tras ser detenido en Altea, aunque su devolución a Marruecos ha quedado paralizada temporalmente mientras su defensa prepara un recurso de reexamen. El joven, que viajaba con otros dos amigos en un vehículo cuando se dirigía a realizar su regularización, fue detenido por la Guardia Civil al no saber explicar la dirección donde residía y fue llevado ante un juzgado que autorizó su ingreso en el CIE de Valencia.
La resolución de Interior, firmada el pasado 14 de mayo por la Dirección General de Protección Internacional, considera que el solicitante no ha aportado “información suficiente” ni pruebas que acrediten una persecución religiosa individualizada en su país de origen, que es el argumento central de la defensa para pedir la nombrada protección. El abogado del joven ya ha anunciado que presentará el reexamen dentro del plazo legal de dos días para intentar frenar definitivamente la expulsión.
El caso, que salió a la luz hace unos días, se refiere a que el joven había sido detenido en Altea durante una identificación policial al no saber explicar con precisión la dirección donde residía. A pesar de estar empadronado, carecer de antecedentes penales y llevar tiempo viviendo en España, el juzgado acordó mantener su internamiento en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) mientras se tramitaba su devolución a Marruecos. Su abogado solicitó asilo al Ministerio del Interior alegando persecución religiosa por haberse convertido al cristianismo. No obstante en la tarde de este lunes se ha procedido a concederle la libertad y Mounir M. ha podido abandonar el CIE donde permanecía recluido.
"Insuficientes"
En la resolución a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, Interior señala que el solicitante asegura haber sufrido amenazas y agresiones por parte de su familia tras su conversión religiosa, pero sostiene que su relato presenta “alegaciones insuficientes, incoherentes e inverosímiles”. El documento añade que no se ha acreditado una persecución “concreta e individualizada” ni hechos con la entidad suficiente para encajar en los supuestos contemplados por la Convención de Ginebra.
El ministerio basa parte de su decisión en informes internacionales de organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos y la libertad religiosa en Marruecos. No obstante, concluye que en este caso concreto no concurren los requisitos necesarios para conceder protección internacional o asilo.
Riesgo por abandonar el islam
El abogado, Álvaro Vico Cortés, sostiene, sin embargo, que la resolución no valora adecuadamente su situación personal ni el riesgo que podría correr en Marruecos tras abandonar el islam y convertirse al cristianismo. Además, insiste en que existen elementos suficientes para revisar el expediente y recalca que, mientras se tramita el reexamen, la devolución ha quedado suspendida.
Si esta reevaluación de las pruebas aportadas no diera resultados satisfactorios, el representante legal ya ha optado por un recurso en la Audiencia Provincial de Alicante y en la Subdelegación del Gobierno. Si durante este espacio de tiempo no se resolvieran los citados recursos, la defensa optaría por presentar medidas cautelares.
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