El PP aprueba en solitario el presupuesto municipal de Benidorm que incluye el pago de los primeros 60 millones por Serra Gelada

Ha vuelto a ocurrir, un debate áspero y posicionado en alineaciones políticas ha revoloteado sobre el salón de plenos del Ayuntamiento de Benidorm que debía dar cumplida cuenta de la aprobación del presupuesto municipal de 2026, que asciende a 224 millones de euros, y el Plan Económico Financiero que responde al programa de plazos y pagos para afrontar la sentencia de Serra Gelada. El PP ha defendido unas cuentas equilibradas y responsables mientras que el grupo socialista ha solicitado la dimisión del alcalde Toni Pérez por el impacto económico que causará esta suma económica entre los ciudadanos de Benidorm. El presupuesto municipal ha sido aprobado solo con los votos del PP.

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este jueves un presupuesto municipal de 224,7 millones de euros para 2026 y el Plan Económico Financiero (PEF) diseñado para restablecer el cumplimiento de las reglas fiscales tras el impacto de la sentencia de los terrenos del APR-7 de Serra Gelada. El Plan Económico Financiero, para abonar 290 millones, salió adelante con los votos favorables del equipo de gobierno del PP y Vox, mientras que el grupo socialista optó por la abstención.

Fallo judicial

La concejala de Hacienda, Aida García Mayor, ha defendido que el PEF responde a una situación "puntual y extraordinaria" derivada de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobre los terrenos de Serra Gelada y no a una mala gestión económica municipal. Según explicó, el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto en 2025 se produjo al incorporar a las cuentas el importe derivado del fallo judicial.

La edil ha asegurado que los informes técnicos acreditan que el Ayuntamiento mantiene una situación financiera solvente, cumple con los indicadores de sostenibilidad, paga a proveedores dentro de los plazos legales y conserva capacidad para prestar servicios públicos e impulsar nuevos proyectos. Por ello, sostenía que el plan tiene un carácter "prácticamente formal" y que no requiere recortes, incrementos fiscales ni medidas extraordinarias, bastando con la aplicación del presupuesto de 2026 para volver a cumplir las reglas fiscales.

Sin embargo, el portavoz socialista en materia económica, Antonio Charco, ha rechazado esta interpretación y ha reprochado al gobierno local presentar el documento como un mero trámite administrativo. A su juicio, el Plan Económico Financiero es en realidad un instrumento de corrección financiera derivado del incumplimiento de las reglas fiscales por parte del ejecutivo municipal.

Responsabilidades

Durante su intervención, Charco ha advertido del impacto que, según su grupo, tendrá la sentencia sobre las finanzas municipales a largo plazo. El edil afirmaba que el coste final para las arcas públicas podría alcanzar los 570 millones de euros entre principal e intereses y ha considerado que esta situación requiere una explicación política y una asunción de responsabilidades por comprometer, en su opinión, el futuro económico de la ciudad durante varias décadas, con lo que ha pedido la dimisión del alcalde.

Asimismo, el concejal socialista ha aludido a que el préstamo de 55 millones de euros concedido a través del Ministerio de Hacienda ha permitido aliviar la situación actual, pero alertaba de que los principales efectos económicos comenzarán a percibirse a partir de los presupuestos de 2027 y se prolongarán durante los próximos años debido a las obligaciones de devolución del préstamo y al pago de intereses.

En su réplica, Aida García Mayor ha rechazado las previsiones realizadas por la oposición al defender que los datos objetivos reflejan una situación distinta a la descrita por el PSOE. Respecto a las cuentas municipales, García Mayor las definió como un presupuesto "equilibrado" que cumple con todas las exigencias legales y que permitirá mantener el equilibrio económico del Ayuntamiento al tiempo que incrementa la capacidad inversora y mejora los servicios públicos.

El presupuesto contempla un aumento significativo del volumen económico respecto al ejercicio anterior y prevé elevar el gasto de personal hasta los 50,4 millones de euros. También incorpora un incremento del gasto social, especialmente en el área de Educación, donde se destinan 4,6 millones de euros, además de 2,6 millones para las obras de reforma del colegio Ausiàs March.

Inversiones

El capítulo de inversiones alcanza los 93,5 millones de euros. Entre las actuaciones previstas destacan el inicio del proyecto Benidorm Open Arena para la remodelación de la plaza de toros, los 7,9 millones de euros previstos para los accesos al polígono industrial, los 1,8 millones de la construcción del aparcamiento disuasorio de El Moralet, los 2,6 millones para la reforma del colegio Ausiàs March, los 600.000 euros para iniciar la nueva base logística del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y los 500.000 euros reservados para la renovación de infraestructuras en las playas. Asimismo, las cuentas incluyen 400.000 euros para redactar el proyecto de la segunda fase de la avenida del Mediterráneo y 180.000 euros para la futura pista de atletismo.

La concejala de Hacienda defendía que estas cuentas permiten reforzar los servicios públicos, mantener la presión fiscal sin incrementos en los impuestos municipales y desarrollar un importante esfuerzo inversor. Por su parte, la oposición ha cuestionado la sostenibilidad futura de las finanzas locales y ha reforzado sus críticas en torno a las consecuencias económicas derivadas de la sentencia de Serra Gelada. El presupuesto municipal fue aprobado únicamente con los votos de los 16 concejales del Partido Popular, mientras PSOE y Vox votaron en contra.

Tarifas revisadas de los aparcamientos

Por último, la corporación municipal aprobó por unanimidad la actualización de las tarifas de los aparcamientos municipales del Mercado, Tomás Ortuño y Ametlla de Mar, que entrarán en vigor este mismo mes de junio. El expediente había sido retirado del pleno anterior después de que los grupos de la oposición alertaran de posibles discrepancias en la aplicación de las tarifas por parte de la empresa concesionaria.

La edil de Hacienda precisó que el nuevo cuadro tarifario contempla la posibilidad de que la concesionaria incremente los precios hasta un 20% durante la temporada estival, comprendida entre el 21 de junio y el 22 de septiembre, mientras que durante el resto del año deberá aplicar una reducción del 20%.

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