Altea aprueba el blindaje urbanístico contra la expansión de las viviendas turísticas y reduce un 23% su oferta en año y medio

Altea ha culminado uno de los procesos urbanísticos más ambiciosos emprendidos en los últimos años por un municipio turístico de la provincia para contener la expansión de las viviendas de uso turístico. El Ayuntamiento ha aprobado de forma definitiva la regulación que ordena la implantación de este tipo de alojamientos en suelo urbano, una medida pionera en la Comunitat Valenciana que ya está dejando sus primeros efectos: el número de viviendas turísticas registradas se ha reducido un 23,45% desde finales de 2023.

La aprobación definitiva ha llegado tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de la Ordenanza Complementaria 4-8, después de que la Dirección General de la Costa y el Mar emitiera informe favorable al texto que el pleno municipal aprobó provisionalmente el pasado 4 de junio.

El concejal de Urbanismo, José Orozco, defendió este jueves la decisión asegurando que Altea “vuelve a marcar un antes y un después en la defensa de un modelo urbano equilibrado, sostenible y pensado para las personas que viven aquí todo el año”.

El punto de partida: más de 2.200 expedientes

La regulación llega “después de un largo proceso iniciado en enero de 2024, cuando el Ayuntamiento decidió suspender temporalmente la emisión de nuevos informes de compatibilidad urbanística al constatar que en el municipio ya se habían superado los 2.200 expedientes vinculados a viviendas turísticas”, ha señalado el edil este viernes.

La medida convirtió entonces a Altea “en uno de los primeros municipios valencianos en abrir el debate sobre el impacto del alquiler vacacional sobre el mercado residencial, meses antes de que otras ciudades turísticas comenzaran a estudiar restricciones similares”, ha recordado Orozco.

Durante este tiempo, el consistorio ha desarrollado estudios técnicos, un proceso participativo, varios periodos de exposición pública y la incorporación de alegaciones e informes supramunicipales hasta llegar a la aprobación definitiva de la normativa.

“Fuimos de los primeros municipios en afrontar este problema de manera seria y se nos criticó por ello, pero el tiempo ha demostrado que era necesario. Altea ha regulado, Altea ha liderado y Altea seguirá defendiendo que las casas son para vivir”, ha aseverado el concejal de Urbanismo mientras recordaba que la medida “no estuvo exenta de controversia política. Durante 2024, la oposición cuestionó parte del procedimiento, mientras el gobierno local defendía que la situación exigía actuar con rapidez ante el crecimiento sostenido del fenómeno”.

Un mapa urbano delimita dónde se podrán conceder nuevas licencias

Jose Orozco ha indicado que la nueva ordenanza establece “un sistema de zonificación que determina en qué áreas del municipio podrán seguir autorizándose nuevas viviendas turísticas y en cuáles quedarán restringidas”. Para ello, el Ayuntamiento ha desarrollado un sistema novedoso “denominado Indicador de Vulnerabilidad Territorial (IVT), una herramienta técnica que analiza tres variables: presión residencial ejercida por las viviendas turísticas existentes, porcentaje de viviendas principales y densidad urbana residencial” de tal manera que en función de esos parámetros, “el municipio queda dividido en distintas áreas con diferentes grados de vulnerabilidad” reflejándose, así, que en las zonas más saturadas “ya no podrán concederse nuevas autorizaciones, mientras que otras áreas tendrán límites condicionados a la evolución futura del mercado”.

Al respecto, Orozco ha manifestado que entre los sectores donde se aplicarán mayores restricciones “aparecen zonas especialmente sensibles como el casco histórico tradicional, el Carrer la Mar o Clot de Mingot, espacios donde la elevada presencia de alquiler turístico comenzaba a alterar progresivamente el equilibrio residencial, mientras que otras áreas mantendrán limitaciones parciales o sistemas de vigilancia periódica”.

El concejal ha añadido que para mayor transparencia y una consulta más detallada sobre las zonas donde se podrán y donde no se podrán obtener nuevas licencias de vivienda turística, “el Ayuntamiento ha habilitado en su portal urbanístico un mapa interactivo donde propietarios y vecinos pueden consultar qué zonas quedan abiertas a nuevas licencias y cuáles pasan a estar limitadas entrando en la web https://altea.es/articulos/modificacio-puntual-de-les-ordenances-del-sol-urbano-pgou-82-per-a-la-regulacio-de-la-implantacio-de-la-vivenda-d-us-turistic-en”.

Casi 500 viviendas turísticas menos

Aunque la aprobación definitiva acaba de formalizarse tras su publicación en el BOP de Alicante, el concejal de Urbanismo asegura que las medidas aplicadas desde el inicio del proceso “ya han tenido efectos directos sobre el mercado” pues los datos municipales reflejan que Altea “ha pasado de registrar más de quince nuevas altas mensuales en los años posteriores a la pandemia a apenas dos o tres nuevas incorporaciones al mes en la actualidad”.

Más significativo resulta el descenso global del parque turístico. “Si a finales de 2023 existían 2.119 viviendas turísticas registradas, actualmente la cifra ha descendido hasta las 1.622, lo que supone 497 inmuebles menos y una reducción del 23,45%. Y el peso de este tipo de alojamientos sobre el parque residencial también ha bajado del 9,8% al 8,85%.”, ha aseverado Orozco.

Una presión creciente en toda la Costa Blanca

La decisión adoptada por Altea llega en un momento en el que numerosos municipios turísticos de Alicante comienzan a analizar el impacto que el crecimiento del alquiler vacacional está teniendo sobre el acceso a la vivienda permanente.

En municipios como Benidorm, Calp, Jávea, Dénia o Alicante capital, el incremento de apartamentos turísticos se ha convertido en uno de los factores que más está tensionando el mercado del alquiler residencial, especialmente en zonas con alta demanda turística.

En el caso de Altea, estudios encargados por el propio consistorio durante 2024 ya alertaban de que parte de las viviendas registradas ni siquiera estaban activas en plataformas de alquiler, apuntando a movimientos especulativos ligados al valor añadido que genera disponer de licencia turística.

Más costes para quienes explotan viviendas turísticas

La estrategia municipal incorpora además una medida económica complementaria. Las viviendas turísticas han pasado a pagar una tarifa diferenciada en el servicio de recogida de residuos, abonando 364 euros anuales como actividad económica y no como vivienda residencial habitual.

Según Jose Orozco, esta medida “busca compensar el impacto que este tipo de actividad genera sobre los servicios públicos municipales. Esta ordenanza es legal, pertinente y necesaria para la ciudadanía alteana -sostiene- pues nos permite actuar con criterio, con datos y avanzar hacia una Altea más justa, habitable y sostenible”, ha concluido el responsable municipal de Urbanismo enfatizando también que con esta decisión, “Altea se sitúa como uno de los municipios alicantinos que más lejos ha llegado en la regulación del alquiler turístico, en un debate que empieza a extenderse por toda la Costa Blanca”.

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