El PP de Altea reivindica el desbloqueo del Plan General y sostiene que la Generalitat “ha dado la razón” a sus advertencias

Recta final de un planeamiento que acumula más de una década de tramitación. El Plan General Estructural (PGE) de Altea afronta su último trámite administrativo después de que la comisión informativa de la Generalitat haya acordado elevar el expediente a la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) de Alicante para su aprobación definitiva el próximo 17 de julio, según ha confirmado este viernes por la tarde la portavoz del grupo municipal popular de Altea, Rocío Gómez.

De confirmarse ese acuerdo, “el documento deberá ser previamente ratificado por el pleno municipal, diligenciado y remitido de nuevo al órgano autonómico para culminar un proceso que se prolonga desde hace más de catorce años”, ha indicado Gómez al tiempo que ha añadido que el anuncio ha sido recibido con satisfacción por el grupo municipal del Partido Popular, que considera que esta decisión “confirma la actuación de la Generalitat y respalda las advertencias que realizamos el pasado mes de diciembre, cuando el documento quedó temporalmente paralizado”.

El PP sostiene que el tiempo le ha dado la razón

Rocío Gómez ha manifestado que la evolución del expediente “demuestra que el PP ha trabajado para solucionar los problemas y no para alimentar polémicas”.

Según la dirigente popular, “el Ayuntamiento de Altea llevó a aprobación un documento que presentaba deficiencias técnicas, entre ellas la invasión de dominio público portuario, circunstancia que impedía obtener el visto bueno definitivo de la Comisión Territorial de Urbanismo”.

Gómez ha recordado que, tras la paralización del pasado diciembre, “el Consistorio tuvo que aprobar nuevamente el documento en el pleno del pasado mes de abril para incorporar las modificaciones exigidas por la Generalitat”. En opinión de la portavoz popular, la resolución evidencia que la Comisión Territorial “actuó con criterios estrictamente técnicos y no políticos”. Además, ha rechazado las acusaciones que en su momento realizó el alcalde, Diego Zaragozí, sobre un supuesto bloqueo por parte del Gobierno autonómico.

Rocío Gómez también ha aprovechado para criticar la gestión desarrollada durante los años del Consell del Botànic, recordando que “Compromís y PSPV gobernaban simultáneamente la Generalitat y el Ayuntamiento de Altea sin conseguir culminar la aprobación del nuevo planeamiento urbanístico”. Pese a ello, Gómez ha reiterado que su formación mantiene discrepancias “sobre algunos aspectos del modelo urbanístico diseñado por Compromís”, al considerarlo “más restrictivo y alejado del consenso inicial”, aunque defiende que el PP ha actuado “con responsabilidad para facilitar la aprobación de un documento que considera necesario para el municipio”.

Un frenazo inesperado en diciembre

El origen de esta controversia se remonta al pasado 19 de diciembre, cuando la Comisión Territorial de Urbanismo dejó sobre la mesa la aprobación definitiva del PGE durante una reunión celebrada por videoconferencia.

La decisión sorprendió tanto al equipo redactor como al gobierno municipal, después de que el director general de Urbanismo, Miguel Ángel Ivorra, incorporara a la sesión un informe relacionado con la delimitación del puerto deportivo de Marymontaña —también conocido como La Galera o Porto Senso—.

La Dirección General de Urbanismo explicó entonces que el documento presentado por el Ayuntamiento invadía terrenos de dominio público portuario y no incorporaba correctamente espacios concesionados para uso portuario, circunstancia que hacía inviable la aprobación del Plan hasta corregir esas deficiencias.

El organismo autonómico insistió en que la suspensión era únicamente temporal y que el planeamiento recibiría luz verde una vez adaptado a los límites portuarios vigentes y a la normativa específica de puertos de la Generalitat.

El Ayuntamiento denunció un bloqueo político

La interpretación del Ayuntamiento fue muy distinta. El alcalde, Diego Zaragozí, sostuvo entonces que el Consistorio había atendido todos los requerimientos formulados por la Generalitat y calificó de “incomprensible” la aparición de un nuevo informe durante la propia reunión de la Comisión Territorial.

El gobierno local llegó a plantear entonces que la incorporación de ese documento fuera del orden previsto podía responder a una decisión de carácter político y anunció que solicitaría toda la documentación presentada para esclarecer el origen del informe y su registro de entrada.

El ejecutivo municipal defendía además que los límites portuarios reflejados en el PGE eran precisamente los que habían sido facilitados anteriormente por la propia Generalitat, aunque manifestó su disposición a modificarlos si así lo exigían los servicios técnicos autonómicos.

La clave estuvo en los puertos deportivos

El elemento que acabó retrasando la aprobación del planeamiento fue la delimitación del dominio público portuario.

La Dirección General de Costas y Puertos había recibido semanas antes una comunicación del concesionario del puerto de Marymontaña advirtiendo de una posible incongruencia entre el ámbito de la concesión y la ordenación prevista en el Plan General. Ese informe alertaba de que parte de la denominada vía litoral invadía terrenos adscritos al puerto y también señalaba la ausencia en el documento municipal de referencias a la legislación autonómica de puertos.

A raíz de esas observaciones, Urbanismo consideró necesario exigir nuevas rectificaciones para evitar futuros problemas jurídicos y patrimoniales derivados de una eventual aprobación del planeamiento.

Un paso decisivo antes de la aprobación definitiva

Siete meses después de aquella paralización, el expediente parece encaminarse hacia su desenlace definitivo.

Si la Comisión Territorial de Urbanismo ratifica el próximo día17 el acuerdo anunciado y el pleno municipal aprueba previamente el documento corregido, Altea estará en disposición de culminar uno de los procesos urbanísticos más largos de su historia reciente.

Aunque el enfrentamiento político entre el equipo de gobierno de Compromís-PSPV y el Partido Popular continúa sobre la interpretación de lo ocurrido en diciembre, ambas partes coinciden ahora en un objetivo: que el municipio disponga por fin de un nuevo Plan General que sustituya a un planeamiento ampliamente desfasado y permita ordenar el crecimiento urbanístico del municipio con mayor seguridad jurídica.

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