Una urbanización de Mascarat teme un incendio por las acampadas en la playa

El conflicto por la presencia de autocaravanas en el entorno de la Cala del Mascarat, pegada al puerto Campomanes, vuelve a enfrentar a los vecinos de la urbanización Residencial Mascarat Beach con el Ayuntamiento de Altea. La comunidad de propietarios denuncia que algunos usuarios no solo estacionan sus vehículos, sino que llegan a pernoctar, desplegar elementos de acampada y encender barbacoas o fogatas junto a la pinada que separa la playa de las viviendas, una situación que consideran especialmente peligrosa en pleno verano y con el elevado riesgo de incendios forestales.

Por otro lado, la Policía Local afirma que la situación ha cambiado de forma importante durante las últimas semanas y asegura que la playa “permanece desalojada de vehículos no autorizados desde hace aproximadamente un mes y medio”.

El presidente de la comunidad, Luis Romero, asegura que el problema se arrastra desde hace años y recuerda que la urbanización, formada por cerca de 300 apartamentos, ha presentado varios escritos en el Ayuntamiento solicitando un mayor control del acceso de vehículos a la playa.

Los residentes consideran que la situación resulta “especialmente preocupante” tras el incendio que destruyó el chiringuito de la playa durante la madrugada del pasado 28 de abril, un suceso que, aunque no se relacionó con las autocaravanas, incrementó la inquietud vecinal al producirse a escasos metros de la urbanización.

Cuatro escritos al Ayuntamiento

Romero explica que la comunidad registró ante el Ayuntamiento solicitudes los días 21 de mayo de 2021, 12 de febrero y 11 de agosto de 2025 y 30 de abril de 2026 reclamando una mayor vigilancia “para impedir las pernoctaciones de autocaravanas”, y añade que “no pretendemos limitar el acceso de las personas a la playa, sino impedir que los vehículos entren hasta la misma cala, un espacio que no está preparado para ello”. Según expone, algunos campistas “permanecen durante la noche, despliegan elementos propios de acampada y realizan barbacoas o fogatas muy próximas a la pinada que separa la playa de la urbanización”.

El presidente de la comunidad también denuncia la acumulación de residuos “y bolsas de basura entre la vegetación, así como problemas derivados de la ausencia de servicios propios de un área de autocaravanas, como aseos, suministro de agua corriente, puntos de recogida de residuos o cualquier servicio propio de un área habilitada”. En su opinión, el riesgo es “especialmente elevado durante los episodios de altas temperaturas y peligro extremo de incendios forestales”.

Ante esto, Luis Romero apostilla que “estamos viviendo con miedo porque si la pinada se incendiara, el fuego estaría prácticamente pegado a nuestras viviendas” y añade que en varias ocasiones, tras avisar a la Policía Local, “los agentes han desalojado la zona, aunque algunos usuarios regresan una vez finaliza la intervención”.

El Ayuntamiento defiende que ya ha actuado

La concejala de Playas e Infraestructuras, Aurora Serrat, sostiene, sin embargo, que precisamente tras el incendio del chiringuito el pasado mes de abril “se ha llevado a cabo la mayor intervención realizada hasta la fecha para impedir el acceso indiscriminado de vehículos”. La edil explica que su departamento ha instalado obstáculos físicos, piedras y gálibos para limitar la entrada, una actuación que, asegura, “incluso ha provocado quejas tanto de conductores de autocaravanas como de otros usuarios que accedían con vehículos convencionales”.

Además, recuerda que, al existir un barranco “cuya gestión corresponde a la Confederación Hidrográfica del Júcar”, también se han adoptado “medidas coordinadas para restringir el tráfico en esa zona”. Asimismo indica que actualmente existe “una prohibición de acceso de vehículos que se complementa con señalización y elementos físicos”.

Por otro lado, Serrat considera “llamativo” que la comunidad vuelva a denunciar ahora la situación “cuando es precisamente el momento en que más actuaciones se han ejecutado”. Según indica, las primeras reclamaciones datan de 2021 y, tras las denuncias presentadas durante estos años, el Ayuntamiento “ha ido reforzando progresivamente las medidas”. La concejala ha subrayado finalmente que su área “puede instalar la infraestructura necesaria”, pero recuerda que la vigilancia y la imposición de sanciones “corresponden a la Policía Local”.

La Policía Local afirma que los controles son diarios

Sobre esta situación, el jefe de la Policía Local de Altea asegura que el dispositivo de vigilancia “se ha intensificado durante las últimas semanas”, afirma que la situación “ha cambiado de forma importante” y asegura que la playa “permanece desalojada de vehículos no autorizados desde hace aproximadamente un mes y medio”.

Según explica, “únicamente pueden acceder los vehículos vinculados a actividades autorizadas, como el chiringuito o las empresas de alquiler de kayaks”, añade que los agentes “realizan controles diarios por la mañana, la tarde y la noche, utilizando incluso megafonía para ordenar el desalojo” y señala que “cuando se detectan vehículos incumpliendo la normativa, y si los propietarios no comparecen, se tramitan las correspondientes denuncias”.

El responsable policial añade que “no es posible cerrar completamente el acceso mediante una barrera permanente porque ello impediría el paso a residentes, trabajadores y servicios autorizados como el chiringuito o las empresas de actividades náuticas autorizadas”. Asimismo, reconoce que algunos conductores “desobedecen la señalización y consiguen acceder”, aunque insiste en que la vigilancia “es constante” y que incluso se dispone “de cámaras de control y vigilancia”.

Respecto a las autocaravanas, recuerda que la normativa “permite su estacionamiento como cualquier otro vehículo, siempre que no desplieguen toldos, mesas, sillas u otros elementos que supongan acampada. Si alguna noche se ha podido quedar alguna autocaravana, no digo que no, pero también es cierto que pasamos todos los días”, asevera.

Un debate entre seguridad y uso público de la cala

La situación refleja el difícil equilibrio entre garantizar el uso público de uno de los enclaves más visitados del litoral alteano y preservar la seguridad de un entorno especialmente sensible desde el punto de vista forestal.

Mientras los vecinos consideran insuficientes las medidas adoptadas y reclaman impedir de forma efectiva la entrada de vehículos hasta la playa, el Ayuntamiento y la Policía Local defienden que, tras las actuaciones ejecutadas en los últimos meses, el acceso está mucho más controlado y que la vigilancia se mantiene de forma permanente para evitar acampadas ilegales y conductas que puedan poner en riesgo el entorno natural.

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