Benidorm impone las primeras sanciones a viviendas turísticas ilegales tras asumir las inspecciones

El Ayuntamiento de Benidorm ha hecho efectivas las primeras sanciones a viviendas de uso turístico que ejercían la actividad sin disponer de los títulos habilitantes. Un año después de asumir las competencias de inspección y sanción en esta materia, el Consistorio ya ha ingresado algo más de 100.000 euros por cuatro expedientes resueltos.

Así lo ha dado a conocer este martes el concejal de Comercio, Javi Jordá, quien ha explicado que durante este primer año de gestión municipal se han recibido 70 denuncias que afectaban a 196 viviendas.

De ellas, 107 disponían del registro de Vivienda de Uso Turístico (VUT) expedido por la Generalitat, por lo que cumplían con la normativa. En cambio, sobre las 89 viviendas restantes se iniciaron actuaciones: 73 continúan en fase de inspección, mientras que 16 han sido propuestas para sanción.

De estas últimas, cuatro sanciones ya se han hecho efectivas, lo que ha supuesto un ingreso de algo más de 100.000 euros para las arcas municipales. En todos los casos, la sanción inicial ascendía a 50.001 euros, aunque finalmente quedó reducida al 50 % al acogerse los particulares o empresas infractoras a la aceptación de la sanción y al pronto pago.

Las 12 propuestas de sanción restantes permanecen en distintas fases del procedimiento administrativo, ya sea de contestación, alegaciones o aportación de documentación. Jordá ha subrayado que estos expedientes requieren una tramitación garantista, por lo que su resolución puede prolongarse durante meses: "Estos expedientes llevan su tiempo de tramitación para asegurar y garantizar una correcta inspección y ofrecer todas las garantías legales a las partes implicadas, pudiendo prolongarse durante meses", ha señalado el edil, quien ha destacado que "ya estamos viendo los primeros resultados de esta labor de control e inspección".

Cómo actúa el Ayuntamiento

Cuando el Ayuntamiento recibe una denuncia presentada por un particular o por una comunidad de propietarios sobre una posible vivienda turística que opera sin la autorización correspondiente, la Policía Local realiza la inspección sobre el terreno. Posteriormente, el Departamento de Comercio se encarga de instruir y tramitar el expediente sancionador.

Además, el Consistorio debe remitir trimestralmente a la Generalitat Valenciana un informe con el resultado de estas actuaciones. El último, fechado el 30 de junio, ya ha sido enviado, aunque solo recoge una de las cuatro sanciones ya cobradas, ya que las otras tres se hicieron efectivas durante el mes de julio y se incluirán en el informe correspondiente al siguiente trimestre.

El concejal ha recordado que el Ayuntamiento asumió estas competencias gracias al Decreto Ley 9/2024, de 2 de agosto, aprobado por la Generalitat Valenciana, que modificó la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad.

Según Jordá, la normativa anterior, aprobada durante el gobierno del Botànic, equiparó las viviendas de uso turístico al uso residencial y dejó en manos de la Generalitat la potestad sancionadora. Con la reforma de 2024, ha señalado, los ayuntamientos pueden asumir también las funciones de inspección, sanción y recaudación, lo que, en su opinión, permite reforzar el control sobre este tipo de alojamientos y aumentar los ingresos municipales.

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