Altea actualiza su Ordenanza de Convivencia Ciudadana trece años después para reforzar el civismo, la limpieza y la protección del espacio público

El Ayuntamiento de Altea ha dado este jueves el primer paso para renovar el marco normativo que regula la convivencia ciudadana en el municipio. El pleno ordinario ha aprobado inicialmente la nueva Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, un texto impulsado conjuntamente por las concejalías de Seguridad Ciudadana e Infraestructuras que sustituirá a la normativa vigente desde 2013 y que, según el equipo de gobierno, pretende adaptarse a la realidad social, turística, ambiental y jurídica de la Altea de 2026.

La propuesta ha salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno, integrado por Compromís y PSOE, mientras que Partido Popular y Vox han optado por la abstención. La ordenanza inicia ahora su tramitación administrativa con la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Alicante y la apertura de un periodo de exposición pública de un mes durante el que ciudadanos, entidades y colectivos podrán presentar alegaciones y sugerencias antes de su aprobación definitiva.

El debate político

Durante el debate plenario, el concejal de Seguridad Ciudadana, Deo Sánchez (PSOE), respondió a las críticas formuladas por la oposición asegurando que le sorprendía escuchar determinados reproches del Partido Popular cuando, según afirmó, esa formación “ha aprobado ordenanzas similares o prácticamente idénticas en otros municipios donde gobierna con argumentos parecidos a los utilizados ahora por el gobierno alteano”.

Sánchez sostuvo que “la convivencia no entiende de colores políticos” y defendió que nadie cuestionó durante el debate “la necesidad de actualizar una ordenanza que llevaba trece años sin modificarse”.

El edil lamentó que la oposición, en su opinión, no hubiera presentado “propuestas concretas durante el proceso de elaboración del texto” y recordó que previamente “se abrió un procedimiento de consulta pública para que ciudadanos, asociaciones y grupos políticos pudieran formular aportaciones”. Asimismo, insistió en que la aprobación realizada este jueves “es únicamente inicial” y que el procedimiento “continúa abierto mediante el periodo de exposición pública y presentación de alegaciones”.

En el tramo final de su intervención, el concejal contrapuso “la actitud de quien gobierna tomando decisiones” frente a “la de quien prefiere no asumir una posición clara”, en referencia a la abstención de los grupos de la oposición.

Por su parte, la concejala de Infraestructuras, Aurora Serrat (Compromís), defendió que la ordenanza sigue una línea similar a la que están incorporando numerosos municipios de la provincia de Alicante, al tratarse de un modelo sugerido por SUMA, y apeló a abandonar “la demagogia” para respaldar una regulación que, según afirmó, persigue construir “una Altea más amable, más limpia, más segura y más justa”.

Una norma adaptada a una realidad muy distinta a la de 2013

Durante la defensa de la propuesta, el concejal de Seguridad Ciudadana justificó la necesidad de sustituir la ordenanza actual recordando que han transcurrido trece años desde su aprobación y que, durante ese tiempo, “han cambiado los usos del espacio público, la realidad turística, la movilidad, las nuevas formas de ocio, la legislación estatal y autonómica e incluso las necesidades de actuación de la Policía Local”.

Sánchez insistió en que el objetivo de la nueva regulación “no va contra nadie, sino a favor de todos”, al considerar que persigue proteger el espacio público, mejorar la convivencia y preservar el respeto por el municipio. Entre las situaciones que pretende abordar citó “los vertidos incontrolados en caminos, barrancos y zonas rurales; el abandono de muebles y enseres junto a los contenedores durante días; conductas incívicas que deterioran calles, plazas y parques; y la falta de herramientas jurídicas claras que permitan actuar con mayor eficacia frente a determinados comportamientos”.

El edil defendió además que una ciudad “más cívica es también una ciudad más segura”, al entender que la ordenanza dota a la Policía Local y a los servicios municipales de un instrumento jurídico actualizado para intervenir con mayores garantías.

Limpieza, residuos y responsabilidades más definidas

Una de las principales novedades del texto es que deja de limitarse a establecer prohibiciones generales para concretar quién debe responder en cada situación relacionada con el mantenimiento del espacio público.

La concejala de Infraestructuras explicó que la ordenanza establece obligaciones específicas para quienes desarrollan actividades que pueden afectar a la limpieza y conservación del municipio. Así, las obras “deberán adoptar medidas para evitar la dispersión de tierras, polvo y materiales, mantener limpio su entorno e incluso limpiar las ruedas de los vehículos antes de incorporarse a la vía pública cuando sea necesario”, indicó durante su intervención.

La nueva ordenanza contempla, entre otras cosas, que los establecimientos comerciales, terrazas, quioscos y otros espacios autorizados “deberán conservar en perfecto estado tanto la superficie que ocupan como sus inmediaciones”, mientras que los organizadores de actos públicos “tendrán la obligación de devolver los espacios utilizados en las mismas condiciones en que fueron cedidos y responder de los posibles daños ocasionados”.

El texto también regula con mayor detalle el abandono de muebles y enseres, el uso inadecuado de los contenedores, el depósito de residuos fuera del horario autorizado y la obligación de separar correctamente las distintas fracciones cuando exista recogida selectiva. Para Serrat, la limpieza “no puede recaer únicamente sobre los servicios municipales”, sino que debe convertirse “en una responsabilidad compartida entre la administración y la ciudadanía”.

Adaptación a la legislación sobre bienestar animal

La ordenanza incorpora igualmente la adaptación de la normativa municipal a la legislación estatal sobre protección y bienestar animal. Entre otras cuestiones, establece obligaciones concretas para los propietarios de animales de compañía, fomentando una tenencia responsable que evite molestias, riesgos o incumplimientos. De igual modo, se regula expresamente que los perros “deberán circular por la vía pública sujetos mediante correa o sistema similar de menos de dos metros, salvo las excepciones previstas legalmente”, y se obliga a impedir que puedan causar “peligro o intimidación a otras personas”.

El texto incorpora además un protocolo de actuación para animales atropellados, priorizando “su traslado urgente a un centro veterinario cuando permanezcan con vida” y contemplando “actuaciones específicas cuando existan indicios de maltrato animal”.

Más protección para las playas y el litoral

Otra de las novedades destacadas afecta a la conservación de las playas, uno de los espacios públicos más utilizados tanto por residentes como por visitantes.

La ordenanza regula las obligaciones tanto de los usuarios como de los establecimientos, concesionarios y organizadores de actividades que desarrollen su labor en el dominio público marítimo-terrestre, de tal manera que quienes disfruten de autorizaciones o concesiones “deberán mantener limpia tanto la superficie ocupada como su área de influencia” y, cuando se celebren eventos públicos en las playas, “el Ayuntamiento podrá exigir una fianza que garantice la limpieza posterior”.

Contra el ruido y el deterioro del espacio público

El nuevo texto también incorpora un régimen específico frente a la contaminación acústica. Define las competencias inspectoras, identifica a los responsables según el origen del ruido —ya proceda de actividades, vehículos u otras fuentes— y establece un sistema sancionador graduado en función de la gravedad de las infracciones.

Según explicó Serrat, “el objetivo no es impedir la actividad económica, cultural o festiva, sino compatibilizarla con el derecho al descanso de los vecinos”. Al respecto, la edil aseveró que la ordenanza “concreta igualmente responsabilidades para quienes obtengan un aprovechamiento particular del espacio público, obligándoles a asumir las consecuencias derivadas de ese uso”.

Protección frente a la discriminación y el acoso

Uno de los aspectos que el equipo de gobierno destacó especialmente en el pleno es la incorporación de medidas dirigidas a proteger la dignidad de las personas.

La normativa prohíbe expresamente “conductas discriminatorias por motivos racistas, xenófobos, sexistas, homófobos o por cualquier otra circunstancia personal o social”. Además, presta especial atención “a la protección de menores, personas mayores y personas con discapacidad”, contemplando también “actuaciones frente a situaciones de intimidación o acoso en espacios públicos”.

Serrat defendió que la convivencia “no consiste únicamente en que una calle esté limpia”, sino también en que cualquier persona pueda transitar por ella sin sufrir insultos, discriminación o intimidación. La edil subrayó además que la ordenanza “diferencia entre aquellas conductas coercitivas que deben ser sancionadas y las situaciones de vulnerabilidad social que requieren la intervención de los servicios sociales”, defendiendo que la convivencia debe construirse “no solo desde la sanción, sino también desde la prevención, la educación y las políticas sociales”.

Información, educación y sanción

El equipo de gobierno insistió en que la nueva ordenanza “no pretende fundamentarse exclusivamente en el régimen sancionador”. De hecho, el propio texto obliga al Ayuntamiento a desarrollar “campañas informativas, fomentar comportamientos solidarios y adaptar la comunicación a las distintas realidades lingüísticas, culturales y sociales de la población”.

Según explicó Aurora Serrat, la aplicación de la norma “deberá ir acompañada de pedagogía, señalización, coordinación entre departamentos municipales y criterios claros de actuación”. Además, remarcó que una ciudad limpia, respetuosa y segura “no se consigue por arte de magia. Se consigue con concienciación, pero también con una norma clara que evite que el incivismo de unos pocos perjudique la tranquilidad de la mayoría”.

La concejala recordó además que el Ayuntamiento “ha reforzado durante los últimos meses los medios disponibles para facilitar el correcto tratamiento de los residuos, con la aprobación del reglamento del Punto Limpio, el refuerzo del servicio municipal de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, la incorporación de personal propio y el trabajo de educadores ambientales”. A su juicio, cuando pese a todas esas medidas persistan comportamientos incívicos, “la nueva ordenanza proporcionará el respaldo administrativo necesario para poder sancionarlos”.

Un mes para presentar alegaciones

Con la aprobación inicial ya acordada por el pleno, la nueva Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, momento a partir del cual comenzará un periodo de exposición pública de treinta días.

Durante ese plazo cualquier ciudadano, asociación o colectivo podrá examinar el texto y presentar alegaciones o propuestas de modificación. Una vez resueltas, el Ayuntamiento podrá proceder a su aprobación definitiva, culminando así la sustitución de una normativa que llevaba vigente desde 2013 y que el equipo de gobierno considera ya insuficiente para responder a las necesidades actuales de convivencia, limpieza, protección ambiental y uso responsable del espacio público en Altea.

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