El PP justifica su abstención en la nueva Ordenanza de Convivencia y acusa al gobierno de “rescatar” una norma que llevaba once años sin aplicar

Cuatro días después de que el pleno del Ayuntamiento de Altea aprobara inicialmente la nueva Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana con los votos favorables de Compromís y PSOE y la abstención del Partido Popular y Vox, el grupo municipal popular ha explicado públicamente los motivos de su posición y ha cargado contra el Equipo de Gobierno por lo que considera un intento de presentar como una novedad una normativa que, según sostiene, ya existía desde 2013 y que el ejecutivo local “ha mantenido olvidada en un cajón durante más de diez años”.

En una nota de prensa difundida este lunes, el PP asegura que su abstención responde a que “no se puede aceptar que el gobierno de Diego Zaragozí haya mirado hacia otro lado y ahora pretenda hacer creer a los vecinos que la solución pasa por aprobar una nueva ordenanza cuando ya existía una desde 2013 y durante once años no han querido aplicarla ni actualizarla como estaba previsto”.

La formación popular fija así su posición después del debate plenario celebrado el pasado jueves, en el que el concejal de Seguridad Ciudadana, Deo Sánchez (PSOE), defendió la necesidad de sustituir la ordenanza vigente para adaptarla a los cambios sociales, normativos y de uso del espacio público registrados desde 2013.

El PP reivindica la ordenanza aprobada en 2013

La portavoz del Partido Popular, Rocío Gómez, recuerda que Altea “ya disponía de una Ordenanza de Convivencia impulsada por el anterior gobierno popular y aprobada en 2013”.

Según explica, aquella normativa “ya regulaba aspectos como la mendicidad, las molestias ocasionadas por ruidos, el abandono de residuos fuera del horario establecido, el uso indebido de bicicletas y patinetes o los actos incívicos en la vía pública”. Asimismo, recuerda que desde 2010 “el municipio dispone de una ordenanza específica sobre tenencia de animales”.

En este sentido, Gómez reprocha al Equipo de Gobierno haber omitido durante el debate plenario “que Compromís y PSOE votaron en contra de aquella ordenanza aprobada hace trece años”.

Rocío Gómez: “No la actualizaron ni la hicieron cumplir”

Uno de los principales argumentos del PP se centra en la gestión realizada por el actual gobierno municipal desde 2015. Los populares sostienen que la ordenanza vigente “contemplaba su revisión periódica” y aseguran que esa actualización “nunca llegó a producirse”.

Rocío Gómez afirma en el comunicado que “durante once años de gobierno de Compromís ni actualizaron la ordenanza como preveía la propia norma, que establecía que tenían que hacerlo cada dos años, ni la aplicaron con la firmeza necesaria”.

La portavoz popular considera además que la iniciativa llega “a solo diez meses de las elecciones” y la relaciona con el incremento de las quejas vecinales “sobre problemas de convivencia y mantenimiento del espacio público”.

A juicio del PP, el problema no ha sido la ausencia de regulación, “sino la falta de voluntad política para hacer cumplir la ya existente”.

Críticas al procedimiento

Además del contenido de la nueva ordenanza, el Grupo Popular cuestiona la forma en la que se ha elaborado el texto. Según explica en su comunicado, “la oposición no recibió el documento con la suficiente antelación para estudiarlo y formular propuestas antes de su aprobación inicial”. Asimismo, considera que “tampoco se trasladó previamente al Consejo de Participación Ciudadana ni a otros colectivos que podrían verse afectados por la regulación”.

Por ese motivo, el PP anuncia que aprovechará el periodo de exposición pública “para presentar alegaciones que permitan mejorar el texto antes de su aprobación definitiva” y reclama que la ordenanza “sea debatida en los órganos de participación correspondientes”.

Una abstención “constructiva”

Los populares insisten en que su abstención “no supone un rechazo a la regulación de la convivencia ciudadana”, sino una crítica “a la gestión realizada por el gobierno municipal durante los últimos años”.

Rocío Gómez asevera igualmente que en su grupo “queremos una ordenanza que se haga cumplir, no como desde que gobierna Compromís, que era un documento guardado en un cajón. La convivencia no se mejora aprobando más papeles. Se mejora gobernando y haciendo cumplir las normas que ya existen”, concluye.

La tramitación administrativa continúa

La nueva Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana continuará ahora su tramitación administrativa con la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y la apertura de un periodo de información pública de treinta días, durante el cual ciudadanos, asociaciones y grupos políticos podrán presentar alegaciones antes de que el documento vuelva al pleno para su aprobación definitiva.

Así es la nueva Ordenanza de Convivencia

La ordenanza cuya aprobación inicial tuvo lugar el pasado jueves 30 de julio sustituirá a la vigente desde 2013 y, según defendió el Equipo de Gobierno durante el pleno, responde a la necesidad de adaptar la normativa municipal a la realidad actual de Altea tras trece años de vigencia del anterior texto.

Entre sus principales novedades figura una regulación más detallada sobre la limpieza viaria y la gestión de residuos, concretando las obligaciones de particulares, empresas, organizadores de eventos y establecimientos para mantener en buen estado el espacio público. También incorpora un régimen específico para las playas, fija nuevas obligaciones derivadas de la Ley de Bienestar Animal, regula con mayor detalle la contaminación acústica y refuerza la protección frente a conductas discriminatorias, el acoso y la intimidación, especialmente hacia menores, personas mayores y personas con discapacidad.

Asimismo, establece responsabilidades concretas para quienes obtengan un aprovechamiento especial del espacio público y prevé que el Ayuntamiento desarrolle campañas de concienciación y educación cívica junto a la aplicación del régimen sancionador.

Durante el debate plenario, el concejal de Seguridad Ciudadana, Deo Sánchez (PSOE), defendió que la nueva ordenanza “no va contra nadie, sino a favor de todos” y la presentó como una herramienta necesaria para mejorar la convivencia y dotar a la Policía Local de mayor seguridad jurídica. Por su parte, la concejala de Infraestructuras, Aurora Serrat (Compromís), subrayó que el texto busca compatibilizar el disfrute del espacio público con el respeto a los derechos de los demás y afirmó que no pretende “llenar Altea de prohibiciones”, sino promover una ciudad “más amable, más limpia, más segura y más justa”.

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