El gobierno de Altea replica al PP y defiende que la nueva Ordenanza de Convivencia responde a “los problemas de hoy y no a los de hace trece años”

La polémica política en torno a la nueva Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana de Altea continúa creciendo apenas unos días después de su aprobación inicial en el pleno celebrado el pasado 30 de julio. Si el lunes fue el Partido Popular quien justificó su abstención y criticó al equipo de gobierno por no haber aplicado ni actualizado la ordenanza vigente desde 2013, este martes ha sido el Ejecutivo municipal el que ha respondido con dureza, acusando a los populares de “intentar reescribir la historia” y de anteponer el enfrentamiento político a la mejora de la convivencia ciudadana.

A través de un comunicado, el concejal de Seguridad Ciudadana, Deo Sánchez (PSOE), sostiene que la reacción del PP demuestra que “su única estrategia pasa por intentar generar polémica donde debería existir responsabilidad”, al tiempo que reivindica la necesidad de actualizar una normativa que, a juicio del gobierno local, “había quedado desfasada tras más de una década de vigencia”.

Deo Sánchez: “La sociedad ha cambiado”

El edil socialista insiste en que la ordenanza aprobada inicialmente no responde a un simple cambio de texto, sino a la necesidad de adaptar la regulación municipal a una realidad completamente distinta de la existente en 2013.

Según explica, durante estos trece años Altea “ha experimentado importantes transformaciones derivadas de la aparición de nuevas formas de movilidad, diferentes usos del espacio público, cambios en la actividad turística y modificaciones en la legislación estatal y autonómica que hacen necesaria una actualización del marco normativo”.

Para Sánchez, resulta “llamativo” que el Partido Popular reconozca la existencia de problemas de convivencia “que requieren una respuesta municipal” y, al mismo tiempo, “decidiera abstenerse” en la votación de la herramienta que pretende afrontar precisamente esas situaciones. “Si consideran que la ordenanza es necesaria, resulta contradictorio que no la apoyaran y prefirieran abstenerse en lugar de contribuir a sacarla adelante”, afirma el concejal.

Respuesta a la defensa de la ordenanza de 2013

Uno de los ejes de la réplica del gobierno municipal se centra en la reivindicación que el PP hizo de la ordenanza aprobada durante su etapa al frente del Ayuntamiento. En su comunicado del pasado lunes, la portavoz popular, Rocío Gómez, defendía que aquella normativa “ya regulaba aspectos como el abandono de residuos, los ruidos, la mendicidad, el uso de bicicletas y patinetes o las conductas incívicas”, reprochando al actual Ejecutivo no haberla aplicado durante los últimos once años.

Frente a ese planteamiento, Deo Sánchez considera “contradictorio” que el PP presente aquella ordenanza como una herramienta “plenamente eficaz mientras anuncia que presentará alegaciones al nuevo texto y reclama modificaciones. Si tan perfecta era aquella ordenanza, ¿por qué ahora reclaman cambios y una nueva regulación?”, se pregunta el concejal.

A su juicio, la explicación es sencilla: “porque la sociedad ha cambiado y una ordenanza de hace trece años ya no responde plenamente a los retos actuales de Altea”.

“Gobernar no consiste en vivir del pasado”

El portavoz del gobierno municipal acusa además al Partido Popular de centrar su discurso “exclusivamente en el pasado por carecer de propuestas para el presente. Frente a la política de la nostalgia del PP, este Equipo de Gobierno apuesta por soluciones útiles y actuales”, sostiene Sánchez.

En esa misma línea, afirma que gobernar un municipio “no consiste en vivir de titulares de hace más de una década, sino en ofrecer soluciones a los problemas de hoy”, defendiendo que la actualización normativa pretende precisamente responder “a nuevas realidades que no existían cuando se aprobó la ordenanza de 2013”.

Asimismo, rechaza la acusación popular de que la normativa haya permanecido “guardada en un cajón” durante los últimos años. “Lo que hoy ha quedado demostrado es justamente lo contrario. Frente a quienes se limitan a mirar por el retrovisor, este gobierno ha decidido revisar, actualizar y modernizar una normativa para hacerla más eficaz, más completa y más útil para los vecinos y vecinas de Altea”, señala.

El procedimiento de participación

Otro de los aspectos sobre los que el Ejecutivo responde al PP hace referencia al procedimiento seguido para la elaboración de la nueva ordenanza.

Los populares criticaron que el texto no hubiera sido debatido previamente con la oposición ni con órganos de participación como el Consejo de Participación Ciudadana y anunciaron que aprovecharán el periodo de exposición pública para presentar alegaciones.

Ante ello, el gobierno municipal considera “difícil de entender” esa crítica cuando precisamente el trámite de información pública “existe para que grupos políticos, asociaciones y ciudadanos puedan formular propuestas antes de la aprobación definitiva. Critican un procedimiento democrático del que ellos mismos pretenden beneficiarse”, asevera Sánchez.

El concejal añade además que resulta “especialmente sorprendente” escuchar ahora al Partido Popular reclamar una mayor participación ciudadana cuando, según sostiene, “durante sus años de gobierno municipal esa no fue una de sus principales señas de identidad”.

Acusaciones de “cálculo político”

El comunicado del gobierno municipal va un paso más allá al atribuir la abstención del Partido Popular “a razones políticas y no al contenido de la ordenanza”.

Según Deo Sánchez, el sentido del voto del PP responde a un “cálculo político” y no a discrepancias reales sobre el texto. Además, rechaza otra de las afirmaciones realizadas por la portavoz popular, quien aseguró el lunes que Compromís y PSOE votaron en contra de la ordenanza aprobada en 2013. El edil sostiene que esa afirmación “falta a la verdad” y la interpreta como un intento “de desgastar políticamente al gobierno municipal sin aportar soluciones concretas”.

Una norma para los próximos años

El responsable municipal de Seguridad Ciudadana también responde a otro de los argumentos utilizados por el Partido Popular respecto a la obligación de revisar la ordenanza cada dos años. Deo Sánchez señala que si el propio PP “reconoce que aquella normativa debía actualizarse periódicamente, no puede presentar ese texto como si hoy siguiera siendo plenamente válido”.

El concejal concluye que “mientras unos continúan debatiendo sobre quién redactó la ordenanza hace trece años, el actual equipo de gobierno trabaja para que Altea disponga de una regulación preparada para afrontar los desafíos de los próximos años”.

Y añade como resumen que “mientras unos siguen discutiendo quién escribió una ordenanza hace trece años, otros seguimos trabajando para que Altea tenga una ordenanza preparada para los próximos trece”.

Un debate abierto desde el pleno del 30 de julio

La controversia política comenzó tras el pleno municipal del pasado 30 de julio, en el que Compromís y PSOE aprobaron inicialmente la nueva Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana con la abstención del Partido Popular y Vox.

El equipo de gobierno defendió entonces que la regulación vigente desde 2013 había quedado desfasada y presentó un nuevo texto que incorpora medidas específicas sobre limpieza viaria, gestión de residuos, protección de las playas, bienestar animal, contaminación acústica, utilización del espacio público, actividades económicas y actos públicos, además de reforzar la protección frente a conductas discriminatorias, el acoso y la intimidación.

Cuatro días después, el PP emitió un comunicado justificando su abstención al considerar que la solución no pasa por aprobar una nueva ordenanza, sino por aplicar la ya existente, reivindicando el texto impulsado por el anterior gobierno popular y anunciando la presentación de alegaciones durante el periodo de exposición pública.

Con la respuesta difundida este martes por el Equipo de Gobierno, el debate político en torno a la nueva Ordenanza de Convivencia se intensifica cuando todavía resta la fase de información pública y la resolución de las alegaciones que se presenten antes de que el documento pueda regresar al pleno para su aprobación definitiva.

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