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El Síndic de Greuges insta al Ayuntamiento de Benidorm a facilitar al PSOE la documentación judicial de Serra Gelada

Los socialistas denuncian la falta de transparencia del gobierno local y aseguran que la resolución rechaza las razones esgrimidas por el alcalde para denegar el acceso a los expedientes del APR-7

El Síndic recomienda al Ayuntamiento facilitar al PSOE la documentación de los recursos sobre el caso de Serra Gelada.

El Síndic recomienda al Ayuntamiento facilitar al PSOE la documentación de los recursos sobre el caso de Serra Gelada. / Jose A. Rico

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Benidorm

El Grupo Municipal Socialista de Benidorm ha informado de una nueva resolución favorable del Síndic de Greuges en relación con el acceso a información municipal. En esta ocasión, la institución autonómica insta al Ayuntamiento a facilitar al PSOE la documentación correspondiente a los procedimientos judiciales vinculados al sector APR-7 de Serra Gelada, después de que el equipo de gobierno denegara en varias ocasiones el acceso a esos expedientes.

Según ha explicado el portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, el grupo solicitó formalmente consultar la documentación judicial hasta en tres ocasiones desde el pasado 9 de marzo con el objetivo de conocer el contenido de los procedimientos, las declaraciones realizadas, la documentación aportada y la actuación desarrollada por el Ayuntamiento durante los litigios relacionados con Serra Gelada.

La condena judicial por el aprovechamiento de los terrenos de Serra Gelada asciende al pago de más de 350 millones de euros entre principal e intereses, con un primer pago de 60 millones que debe hacerse efectivo antes de que termine el presente año. El conflicto tuvo su origen después de que los terrenos pertenecientes a la empresa Murcia Puchades perdieran su carácter edificable tras la conversión de la zona en parque natural. A raíz de este cambio, el Ayuntamiento no compensó a la mercantil por lo que se inició un proceso judicial que se alargó años hasta llegar a la sentencia condenatoria actual.

Derecho de acceso a la información

En cuanto a la disposición de información oficial para la oposición socialista, desde el PSOE sostienen que el alcalde, Toni Pérez, rechazó las solicitudes argumentando que el Consistorio no es el custodio de los autos judiciales y que los concejales debían dirigirse directamente a cada uno de los órganos judiciales para obtener la información.

Sin embargo, según la respuesta del organismo, al que ha tenido acceso este periódico, el Síndic de Greuges considera que esa interpretación supone una "traba innecesaria e injustificada". La resolución recuerda que los concejales forman parte de la corporación municipal y que su derecho a acceder a la información necesaria para ejercer las funciones de control político está amparado por el artículo 23 de la Constitución.

El dictamen añade, según el PSOE, que resulta evidente que el Ayuntamiento dispone de la documentación solicitada y que no es razonable obligar a la edil solicitante a reclamarla de forma individualizada a los siete órganos judiciales que intervinieron en los distintos procedimientos. Asimismo, señala que, al tratarse de procesos ya concluidos, el acceso a la documentación no afecta a la igualdad entre las partes ni a la tutela judicial efectiva.

“Opacidad”

Castillo ha criticado lo que considera una actitud de "opacidad" por parte del equipo de gobierno y ha asegurado que esta decisión vuelve a poner de manifiesto las dificultades que encuentra la oposición para ejercer su labor de fiscalización. El edil ha vinculado la petición de acceso a la documentación con la sentencia sobre Serra Gelada y con las consecuencias económicas que puede tener para las arcas municipales.

Por ello, el Grupo Socialista reclama al alcalde que acate la recomendación del Síndic de Greuges y facilite sin más demora el acceso completo a los expedientes judiciales relacionados con el APR-7. Según Castillo, conocer toda la documentación permitirá analizar la estrategia seguida por el Ayuntamiento en unos procedimientos que han desembocado en una condena de gran impacto económico para el municipio.

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