El PSOE cuestiona que Benidorm encargue otro informe sobre Serra Gelada pese a tener ya dictada la sentencia y acordado su pago

El Ayuntamiento de Benidorm ha encargado un nuevo dictamen jurídico para estudiar cómo ejecutar la sentencia de Serra Gelada, un procedimiento que lleva años en los tribunales y que ya ha derivado en un acuerdo con los propietarios de los terrenos afectados para afrontar las indemnizaciones. El contrato, por importe de 17.545 euros, ha provocado las críticas del Grupo Socialista, que cuestiona la necesidad de volver a recurrir a asesoramiento externo cuando el Consistorio ya ha adoptado decisiones para hacer frente al fallo judicial. El PP acusa a los socialistas de intentar generar dudas sobre un acuerdo que, asegura, permitirá afrontar la sentencia sin subir impuestos ni recortar servicios.

La contratación se ha dado a conocer en la comisión de Hacienda celebrada este lunes, donde el Gobierno local ha informado de la retención de crédito correspondiente a un contrato menor con el despacho Broseta Abogados de Valencia. El objeto del encargo es la elaboración de un dictamen sobre “estrategias jurídicas complementarias” en materia patrimonial, urbanística y administrativa relacionadas con la ejecución de la sentencia.

El movimiento ha sorprendido al PSOE, que ha pedido al alcalde, Toni Pérez, explicaciones sobre qué ha motivado la solicitud de este nuevo informe y, especialmente, si su finalidad es modificar o revisar el acuerdo alcanzado con los propietarios el pasado mes de marzo.

Ese acuerdo parte de una sentencia que condenó al Ayuntamiento a hacer frente a las indemnizaciones derivadas de la situación urbanística de los terrenos de Serra Gelada. Según los cálculos manejados por los socialistas, el acuerdo alcanzado en marzo supondrá para las arcas municipales un desembolso de alrededor de 570 millones de euros durante los próximos 50 años, incluyendo los intereses.

El portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, ha considerado “sorprendente” que se ponga ahora en marcha un nuevo contrato para estudiar la ejecución de un asunto que ya está judicialmente resuelto y para el que el Ayuntamiento ha comenzado a articular su respuesta económica. “Hoy se ha puesto en marcha un expediente para diseñar estrategias jurídicas complementarias patrimoniales, urbanísticas y administrativas”, ha señalado, criticando que la única explicación recibida por parte del alcalde haya sido que el contenido del dictamen se facilitará posteriormente en Junta de Portavoces.

Un contrato directo con un despacho externo

Otro de los aspectos que cuestiona el PSOE es la fórmula utilizada para contratar el nuevo asesoramiento. Según ha explicado Castillo, el Ayuntamiento ha recurrido directamente a Broseta Abogados, sin solicitar ofertas a tres empresas, como suele hacerse en este tipo de contratos menores.

La justificación municipal, según el expediente citado por los socialistas, alude a la “experiencia en el ámbito urbanístico extraordinaria” del despacho y a la urgencia del servicio, circunstancias que, según el Consistorio, dificultarían trasladar toda la información necesaria a otros posibles licitadores para que pudieran elaborar sus presupuestos.

Castillo ha contrapuesto esta contratación con la que se realizó anteriormente para la defensa del Ayuntamiento en el procedimiento, al recordar que la letrada contratada mediante contrato menor fue Ana Falomir Faus y no el despacho valenciano al que ahora se han reservado los 17.545 euros.

La información sobre la sentencia, en el centro de la polémica

La contratación del nuevo dictamen se produce además en medio de otra controversia entre el PSOE y el Gobierno de Toni Pérez: el acceso de los grupos municipales a la documentación judicial de Serra Gelada.

Castillo ha recordado que un informe jurídico municipal de 5 de mayo de 2026 señalaba que el Ayuntamiento “no ostenta la custodia de los Autos judiciales” y remitía a los siete órganos judiciales implicados para solicitar, en su caso, el acceso a los expedientes.

Para el PSOE, esta situación resulta especialmente llamativa ahora que el Ayuntamiento ha recurrido a un despacho externo para analizar jurídicamente la ejecución del fallo. Los socialistas sostienen que existe una contradicción entre negar a los concejales el acceso a la documentación completa y, al mismo tiempo, encargar a un despacho externo un nuevo análisis sobre un asunto cuya tramitación judicial ya se ha prolongado durante años.

El grupo municipal también ha vuelto a poner sobre la mesa una resolución del Síndic de Greuges del pasado 10 de julio. Según Castillo, el organismo autonómico considera “obvio” que el Ayuntamiento dispone de la información judicial solicitada y le ha instado a facilitarla.

El concejal socialista ha anunciado que su grupo ha registrado nuevas preguntas dirigidas al alcalde para conocer exactamente qué pretende conseguir el nuevo dictamen y qué relación guarda con el acuerdo alcanzado en marzo.

Versión del Gobierno

Frente a las críticas socialistas, la portavoz del Gobierno local, Lourdes Caselles, ha defendido que el Ayuntamiento está cumpliendo los pasos previstos tras el acuerdo alcanzado en marzo y posteriormente homologado por la Justicia. Según ha explicado, ese acuerdo contempla distintas fórmulas para hacer frente a las obligaciones derivadas de la sentencia, entre ellas el pago en metálico y mediante terrenos, por lo que el nuevo dictamen pretende analizar cuál de estas opciones resulta más favorable para los intereses municipales. Caselles ha acusado al PSOE de intentar “emponzoñar” todo lo relacionado con Serra Gelada y ha insistido en que el Consistorio cumplirá “a rajatabla” el acuerdo.

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