El mismo día que fue puesto en libertad, tras nueve meses en prisión preventiva, Eduardo Zaplana se desmarcaba categórico de cualquier relación o conexión con los paraísos fiscales que le imputaba la investigación en el caso Erial. «No tengo ni he tenido ninguna cuenta en Suiza ni en otro país fuera de España, ni a mi nombre ni al de terceros», aseguró en un comunicado.

Un año después la estrategia de su defensa hizo de la necesidad virtud y esgrimió el «condimento» internacional del caso Erial para intentar que la causa se trasladara a la Audiencia Nacional. Aunque Zaplana negara la mayor, el expresidente defendió que el rastro del dinero y su periplo por países como Uruguay, Panamá, Suiza, Luxemburgo, Inglaterra y Andorra seguido por los investigadores del caso Erial debía investigarse en Madrid. Entre otros argumentos alegados por el expresidente, porque estos países escapan a la jurisdicción del Juzgado de Instrucción 8 de València.

A estas pretensiones para que la causa se trasladara a Madrid se han sumado buena parte de los componentes del clan Zaplana también investigados en la causa: la mujer del expresidente de la Generalitat, Rosa Barceló, y su secretaria personal, Mitosuko Henríquez; la exdiputada en las Cortes Elvira Suanzes y su hermano, además de Francisco Grau, el asesor fiscal y presunto testaferro de Zaplana, junto a su mujer y la representación de Turnis Sylvatica SL.

Sin embargo la tentativa de traslado del caso Erial se ha estrellado primero contra los argumentos de la titular del Juzgado de Instrucción 8, que rechazó estas pretensiones el pasado junio. Y ahora con los argumentos de la sección quinta de la Audiencia de València, la responsable de revisar todos los recursos que presentan las partes desde el inicio de la causa. En un auto adelantado por Okdiario, las dos magistradas y el magistrado que suscriben la decisión, desestiman el traslado del caso Erial a la Audiencia Nacional tal como ha defendido la titular del Juzgado de Instrucción 8 y la Fiscalía Anticorrupción. «Hacemos propia en un todo la argumentación expuesta tanto por el Ministerio Fiscal como por la magistrada instructora», aseguran los magistrados de la sección quinta de la Audiencia de València. Y añaden, también, que no es el momento procesal para pedir este traslado.