El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sigue negando en rotundo, al menos de momento, la necesidad de un confinamiento domiciliario para atajar la cadena de contagios de coronavirus. El jefe del Consell confía en que la últimas restricciones decretadas por el Ejecutivo que lidera serán suficientes para revertir la curva ascendente de transmisión del covid, aunque los datos, hasta la fecha, no son precisamente esperanzadores: 4.810 nuevos casos detectados ayer, (1.191 en Alicante), 52 fallecidos más en territorio autonómico (15 en la provincia) y la mitad de municipios alicantinos por encima del nivel de riesgo extremo que marca Sanidad, fijado en 250 casos por cada 100.000 habitantes.
Con ello, la complicada evolución de la tercera ola no hace más que aumentar la presión sobre un Gobierno, el del Botànic, dividido entre los partidarios de medidas más restrictivas (Compromís y Unides Podem) y los socialistas, que descartan por ahora solicitar a Pedro Sánchez el encierro de la población. No obstante, a nadie se le escapa, y así lo reconocen en determinados círculos del Consell, que, tal y como ocurrió en marzo, la situación es tan volátil que puede cambiar en cualquier momento.
La gestión del barón socialista respecto a la crisis del covid ha profundizado todavía más la brecha que ya existía en el tripartito que gobierna la Generalitat. Los valencianistas, capitaneados por Mónica Oltra, no ocultan su descontento, hasta el punto de que han iniciado una nueva campaña para airear sus diferencias con el líder autonómico y han hecho públicas sus propuestas para endurecer las restricciones, poniendo en un brete al presidente. Y todo en un momento en el que la gestión de Puig, al contrario que hace unas semanas, empieza a estar más cuestionada. Cada vez más gente en la calle pide que se endurezcan las limitaciones.
En ese sentido, desde las filas de Oltra exigen medidas como un confinamiento parcial que incluya la clausura de la hostelería y que se prohíban las reuniones entre no convivientes, al tiempo que los de Rubén Martínez Dalmau urgen incluso echar el cierre a los centros educativos. Mientras tanto, las últimas encuestas realizadas por el grupo de trabajo Data Science for Covid19 de la Generalitat, encabezado por Nuria Oliver, evidencian el respaldo de sus posicionamientos: una mayoría de ciudadanos estaría de acuerdo en impulsar nuevas restricciones. En concreto, el porcentaje de encuestados que reclama más contundencia en las medidas se eleva ya hasta el 60% frente al 49% que lo pedía en diciembre.
Bloqueo económico
Desde el entorno de Presidencia reconocen que sí se está tratando de evitar un nuevo confinamiento es, fundamentalmente, para impedir un nuevo «bloqueo de la actividad económica» global, muy debilitada en sectores estratégicos como el turismo y los servicios tras casi un año de crisis. Señalan, por tanto, que sería el último escenario deseable en la Comunidad, y ese es un extremo que, en principio, defienden también los síndicos del PPCV y Cs en las Cortes, Isabel Bonig y Toni Cantó, respectivamente.
Ambos se reunieron ayer con Puig en el Palau y, paradójicamente, fueron ellos quienes avalaron las últimas medidas decretadas por la Generalitat, como el cierre de la hostelería a las 17 horas o el adelanto del toque de queda a las 22 horas, sin pedir de forma expresa el confinamiento. No obstante, los dos coincidieron en reclamar «unidad de criterio» al Consell.
«La gente no sabe a qué atenerse, y lo peor que nos puede pasar es que en estos momentos de incertidumbre y complicación es que no haya unidad de criterio», enfatizó Bonig. «Mientras el tripartito se pelea, la gente se muere», subrayó Cantó, que incluso tendió una mano a Puig, y le dijo que puede contar con Cs si no es capaz de «recomponer» el tripartito, cada vez más resquebrajado.
