La Conselleria de Justicia ha puesto en marcha un plan de choque para agilizar la tramitación de unas 70.000 denuncias impuestas desde julio del pasado año en la Comunidad Valenciana por incumplir la normativa covid-19. De este elevado número de sanciones, 35.000 corresponden a la provincia de Valencia, unas 25.000 a la de Alicante y unas 10.000 a la provincia de Castellón.
Para hacer frente a este incremento exponencial de sanciones por incumplimientos de las medidas de prevención contra el covid-19, Justicia ha puesto en marcha un plan de choque que contempla más personal y más recursos tecnológicos para acelerar su tramitación.
300 procedimientos al año
El Servicio de Espectáculos Públicos de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública se encarga de tramitar estas denuncias, pero hasta ahora contaba con una plantilla dimensionada para tramitar las posibles sanciones referidas a su ámbito de competencia (fiestas populares, locales de ocio con actuaciones en directo o espectáculos taurinos, entre otros). De hecho, este servicio tramitaba entre 250 y 300 procedimientos sancionadores cada año antes de la irrupción del covid, por lo que la carga de trabajo ha crecido notoriamente con la avalancha de sanciones impuestas en las tres provincias de la Comunidad.
Según datos facilitados por Justicia, desde la entrada en vigor del decreto autonómico el pasado 25 de julio se han iniciado un total de 3.003 expedientes sancionadores, de los cuales, 972 corresponden a la provincia de Alicante, 1.309 a la de Castellón y 478 a la de Valencia. De estos 3.003 expedientes se han finalizado un total de 491, de los cuales ya se han cobrado 454 (95 en la provincia de Alicante, 266 en la de Castellón y 73 en la de Valencia).
La totalidad de las infracciones graves y muy graves (61) ya han sido tramitadas al considerarse prioritarias, pero el grueso de propuestas de sanción son las referidas a incumplir la obligación del uso de mascarilla o el uso inadecuado de la misma.
