La Justicia ha decidido por fin tomar cartas en el asunto de las vacunas Vip. La Fiscalía de Alicante acordó ayer abrir diligencias para determinar las circunstancias en que se ha producido la vacunación contra el covid de al menos ocho responsables públicos en la provincia, entre alcaldes, concejales y otros cargos de la Administración, saltándose el protocolo establecido por la Conselleria de Sanidad para ello. Entre los que no han aguardado a que llegara su turno para recibir la primera dosis y se han colado en el tramo destinado a los mayores internados en residencias se encuentra el alcalde de La Nucía y diputado provincial, Bernabé Cano (PP), los regidores de El Verger y de Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives, (PSPV), el también popular concejal de Sanidad de Orihuela, José Galiano, y la teniente de alcalde de Dénia, la socialista Cristina Morera, la única hasta el momento que ha admitido su error por haber recibido esa primera dosis, ha renunciado a la segunda y ha dejado el Ayuntamiento. El fiscal jefe, Jorge Rabasa, anunció la apertura de la investigación después de que a finales de la pasada semana un representante vecinal y un exdirigente de colectivos ciudadanos presentaran una denuncia a título particular para que se indagaran unos hechos que ellos consideran «alarmantes». Los denunciantes hablan del «vacío legal» que se está produciendo «en la organización y gestión del sistema de vacunación» y piden que incapacite para desempeñar cualquier cargo público a quienes han utilizado el que ostentan para colarse en la cola de la vacunación. Algo que en estos momentos es imposible. Rabasa le ha encargado la investigación al también fiscal anticorrupción Pablo Romero, pero bajo la supervisión de la jefatura de la Alicante, no de la Fiscalía contra la Corrupción, que desde Madrid dirige Alejandro Luzón, salvo que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ordenara otra cosa. Tampoco se descarta que pudiera dictar una circular para unificar criterios en todas las fiscalías del país, lo que de momento no ha sucedido. La de Alicante es la segunda que abre una investigación tras la de Murcia, donde fueron el PSOE y Podemos los que llevaron ante el Ministerio Público la inmunización en esta fase de los funcionarios de la Consejería y del Servicio Murciano de Salud. Queda por saber qué hará la Fiscalía del Tribunal de Justicia de Extremadura ante la que Podemos también ha denunciado supuestas irregularidades en el proceso de vacunación de varios cargos públicos, en esta ocasión todos del PSOE.
No una causa general
Rabasa quiso dejar claro que no se trata de una causa general sino que se analizará cada caso en particular teniendo en cuanta las circunstancias personales de cada uno de los representantes públicos inmunizados y cómo se produjo la administración de la vacuna, hecho en que se va tener en cuenta, por ejemplo, si el receptor de la dosis se encontraba en un espacio donde no podía al estar restringidas las visitas, como es el caso de las residencias donde algunos de ellos fueron vacunados. También se estudiará el protocolo de vacunación de Sanidad para ver qué criterios de actuación establece vistas las explicaciones que han dado algunos de los políticos, en el sentido de que se les administró la dosis porque sobraba y para no tirarla. De hecho, para evitar que vuelvan a repetirse estos casos Sanidad ha introducido un nuevo apartado en el protocolo en el que incluye la recomendación de que las dosis sobrantes, si las hubiera, deben inyectarse a personas mayores que forman parte del segundo grupo diana después del de los ingresados en residencias, el personal sanitario y grandes dependientes. Con esta «recomendación», que no obligación, Sanidad pretende evitar que no se tiren los viales en el caso de que sobren. Aunque de momento van a comenzar a investigarse los casos que figuran en la denuncia, de aparecer más de similares características se irían sumando a las diligencias «por congruencia».
