La patronal del sector hostelero en la Comunidad (Conhostur), que aglutina a las federaciones de Alicante, Valencia y Castellón, estudia el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que ha autorizado la reapertura de la restauración en esta autonomía para apoyar una nueva reclamación contra la resolución de la Conselleria de Sanidad que cerró esta actividad económica el 21 de enero, en principio hasta el 15 de febrero. El sector considera que los fundamentos legales para la reapertura en Euskadi son aplicables al escenario de la Comunidad, donde las continuas restricciones y cierres gubernamentales para frenar la expansión del covid amenazan con la quiebra de un 40% de negocios, y que vienen a reforzar los nuevos recursos que puedan presentar.
Aunque la normativa de la Comunidad Valenciana, donde también está cerrado el ocio nocturno, es diferente a la de Euskadi, la patronal afirma que muchos de los argumentos del auto del TSJ vasco son los que han defendido siempre. «La principal causa de los contagios son los encuentros sociales y no la hostelería», reivindica el colectivo, que sostiene que los establecimientos de restauración «son lugares seguros». La reapertura en las provincias vascas es posible después de que el TSJPV haya aceptado cautelarmente la petición de las asociaciones de hostelería de permitir reabrir desde ayer los bares y restaurantes de los municipios que se encuentran en «zona roja» por la elevada tasa de contagios provocados por el virus covid-19.
El tribunal aún tiene que entrar en el fondo del asunto, pero se basa en el quebranto económico y en la realidad del cierre definitivo de un número no desdeñable de negocios, «de forma tal que una posible indemnización futura, de producirse, no restablecería la situación fáctica actual», subraya el auto, donde se indica que «no aparece con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros en el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad». En este sentido, hace referencia a que «una parte importante de los epidemiólogos» sostiene que «encuentros y reuniones familiares podría producir en torno al 80% de los contagios». Tras este fallo, el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, anima a todos los hosteleros a presentar reclamaciones patrimoniales ante el Estado y las comunidades autónomas. En este sentido, citó el informe del Ministerio de Sanidad del 4 de diciembre, que refleja que «solo un 2,3% de contagios tiene relación con la hostelería».
En la Comunidad Valenciana está pendiente de resolución un recurso contra el cierre total del sector que impuso el colectivo SOS Hostelería. Otra línea abierta en los juzgados son las demandas patrimoniales por el daño económico, con unas 300 presentadas en la provincia por parte de la Federación Provincial de Hostelería (FEHPA), la Asociación de Restaurantes (ARA) y el colectivo del ocio Alroa. El sector valora presentar el lunes cautelarísimas ante los tribunales para que les permitan reabrir como en el País Vasco si, como se espera, el presidente Ximo Puig amplía el cierre del sector otros 15 días. Medida que provocará una sentada, hoy, ante el Palau de la Generalitat de hosteleros de las tres provincias.
El ocio nocturno de Alicante, integrado ahora en la Coordinadora Empresarial del Ocio y la Hostelería de la Comunidad Valenciana, ha recurrido cada decreto publicado por la Generalitat desde agosto, y ha pedido la suspensión cautelar del cierre, que «es básicamente lo que reclamaron las asociaciones del País Vasco. Esperamos que este fallo permita abrir una puerta y un debate que llevamos mucho tiempo reclamando, porque no hay ningún estudio científico ni sanitario que demuestre que somos foco de contagio. Por encima de esto, queremos que nos escuchen de una vez y se tomen decisiones con sentido común. No se puede decir que por cerrar la hostelería bajará la curva de contagios mientras los centros comerciales siguen abiertos y los autobuses llenos», dijo ayer el presidente de la Coordinadora, Lalo Díez. La primera vez que el ocio nocturno de Alicante recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) el cierre de locales fue en agosto, pidiendo la suspensión cautelar de la resolución del Consell que impedía la apertura de pubs y discotecas y limitaba el horario de la hostelería como medida «anticovid». Dos días después el tribunal alegó que los contagios estaban al alza para mantener el cierre decretado por Sanidad.
Javier Galdeano, portavoz de Alroa, recuerda de ese episodio que el tribunal valenciano rechazó los mismos argumentos que acepta ahora el TSJ de Euskadi. «Nosotros también decíamos que no existía relación científica entre el índice de contagios y nuestra apertura. El auto de Euskadi da por hecho que es de dominio público que ya hay muchos negocios que no podrán volver a abrir y esto ya no lo puede reparar la Administración. Eso se puede plantear de nuevo aquí porque, como dice el auto, el perjuicio no está en ganar más o menos sino en no poder volver a abrir. Jurídicamente lo estamos mirando», dijo el también abogado.
Por otro lado, el PP de Elda pidió ayer al presidente de la Generalitat Valenciana el levantamiento del cierre perimetral de los grandes municipios de la Comunidad, de la hostelería y de los centros deportivos cumpliendo con las medidas de seguridad necesarias.
La Diputación acelera el pago de ayudas por el covid
El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha dado a conocer los detalles de la alianza que llevarán a cabo el equipo de gobierno y los grupos de la oposición para agilizar los plazos de pago de las ayudas destinadas a los sectores de la provincia afectados por el covid. La Junta de Portavoces extraordinaria se celebrará este jueves. El paquete inversor se concreta en 14,7 millones de euros para la hostelería a través del programa que impulsa el Consell y en otros 9 millones de euros adicionales para autónomos y profesionales. .
